Regla de Tres

Frenan comunidades Foros para Ley


Comunidades indígenas en Michoacán impidieron la realización de los trabajos este domingo y acusaron al Gobierno federal de simular una consulta

Comunidades de Michoacán frenaron este domingo la realización de dos foros impulsados por el Gobierno federal para “consultar” la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 29 de junio.

Los encuentros, programados en la cabecera municipal de Pátzcuaro y en la comunidad de Cheranástico, municipio de Paracho, fueron rechazados por integrantes de la Cañada de los Once Pueblos y del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), quienes cuestionan que el proceso no constituye una consulta previa, libre e informada y, sobre todo, que carezca de carácter vinculante.

Desde antes de la jornada, habían advertido su oposición a los foros y exigido un proceso que respete los usos, costumbres, tiempos y formas de organización de las comunidades indígenas.

En Pátzcuaro, donde el foro estaba programado para las nueve de la mañana, integrantes del CSIM arribaron para impedir la instalación de los trabajos. El Consejo agrupa a comunidades de los pueblos purépecha, otomí, matlatzinca, náhuatl y afromexicanos.

Durante la movilización, el CSIM acusó que el proceso promovido por el Gobierno federal es una consulta simulada, debido a que no respeta las formas tradicionales de toma de decisiones de los pueblos originarios.

“La consulta es simulada, toda vez que no es culturalmente adecuada debido a que no se respetan los usos y costumbres de las comunidades, al no consultar a la máxima autoridad de los pueblos, que es la Asamblea General; únicamente se queda en foros que ni siquiera respetan los tiempos y formas de las comunidades”, señaló el Consejo en un pronunciamiento difundido en el marco de la movilización.

La organización también cuestionó que estos encuentros sean presentados como una consulta indígena que cumple con los estándares internacionales, cuando, sostiene, resulta imposible analizar a profundidad el contenido de la iniciativa en jornadas de apenas unas horas.

“De ninguna manera se pueden explicar, analizar, comentar y debatir 453 artículos durante un día o en las cinco horas que en promedio duran los foros”, reprochó.

En Cheranástico, integrantes de las comunidades de la Cañada de los Once Pueblos, al impedir la realización del foro | Imagen: Captura de video

El segundo foro estaba previsto para las diez de la mañana en Cheranástico. Ahí, habitantes de la Cañada de los Once Pueblos se concentraron cuando los trabajos estaban por comenzar y retiraron la lona con los distintivos oficiales del evento, al tiempo que exigieron la realización de “una verdadera consulta”.

Las comunidades cuestionan los tiempos establecidos por el Gobierno federal para discutir la iniciativa. Recordaron que el 30 de septiembre de 2024 fue decretada la reforma al artículo segundo constitucional, mediante la cual se otorgó al Congreso de la Unión un plazo de 180 días para expedir las leyes secundarias.

Sin embargo, señalan que la iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum hasta 637 días después, lo que redujo todavía más el tiempo disponible para que los pueblos originarios conozcan, discutan y analicen la propuesta.

“Nos parece perverso que pretendan que en 38 días todos los pueblos originarios de México conozcamos y analicemos esta iniciativa”, señalaron integrantes de la Cañada de los Once Pueblos en un posicionamiento difundido el sábado durante una rueda de prensa en Cherán.

El rechazo de las comunidades michoacanas se extiende al contenido de la iniciativa. A su juicio, la propuesta representa un retroceso frente a derechos que los pueblos indígenas han conquistado previamente y evidencia una contradicción en el discurso de los actores políticos.

Con la interrupción de los foros en Pátzcuaro y Cheranástico, las comunidades dejaron clara su postura: no rechazan la discusión de una nueva legislación en materia de derechos indígenas, sino un proceso que, consideran, pretende sustituir una consulta efectiva por encuentros informativos sin garantías de participación real ni de que sus planteamientos sean incorporados a la legislación.

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