Pueblos y comunidades en Michoacán al igual que en México, alertan de los riesgos sobre la iniciativa de Ley Indígena que promueve el gobierno federal
Patricia Monreal
En Michoacán como en México, las voces de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en torno a los riesgos de la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que promueve el Gobierno Federal se han venido multiplicando.
Mientras el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) continúa los foros con los que la iniciativa pretende ser “consultada”, alrededor de una centena de posicionamientos de comunidades a lo largo del país, han cuestionado el formato que, no corresponde al de una consulta previa, libre e informada, y sobre todo, carece de carácter vinculante para que los planteamientos que se realicen sean atendidos.
En Michoacán habrá cuatro foros, dos sedes están programadas el domingo seis de septiembre, una en Cheranástico y la otra en Pátzcuaro. Asimismo, para el día 11, se tenía programado otro en El Malacate, en Tuxpan; y el 12, en El Duin, en Aquila, sin embargo éstos últimos ya no aparecen en la programación que se tiene publicada en el portal del INPI.
Frente al arranque de los trabajos en Michoacán, ya se han dado posicionamientos de rechazo. Primero lo hizo Cherán a principios de agosto, luego el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, el sábado cuatro de septiembre lo hizo la Cañada de los Once Pueblos, al igual que las participantes del Encuentro de Mujeres Purépechas.
En la medida en que se han desarrollado los foros, las expresiones de inconformidad de comunidades y pueblos originarios han venido al alza. En 14 estados de la República se han registrado posicionamientos de rechazo de 92 comunidades, municipios y regiones, conforme al repositorio “La Ley Indígena”, construido por la Fundación-Colectivo Indígenas 3D, A.C.
Ahí están compilados los posicionamientos y revisiones realizados hasta el momento por 15 pueblos indígenas y afromexicanos. También da cuenta de la promoción de un par de amparos promovidos en Ometepec, del estado de Guerrero, y en Santiago Pinotepa Nacional, de Oaxaca.
Posturas
Respeto y una verdadera consulta que sea previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe es el llamado de las comunidades que integran la Cañada de los Once Pueblos en torno a la discusión del proyecto de Ley. El viernes en Cherán, dieron una rueda de prensa en la que manifestaron su posición en torno a los trabajos.
Ahí cuestionaron el formato impulsado para discutir la iniciativa, al considerar que los tiempos establecidos por el Gobierno federal impiden un análisis adecuado de los 453 artículos que integran la propuesta y vulneran su derecho a una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
Uno de los cuestionamientos se concentra en los plazos, pues el 30 de septiembre de 2024 fue decretada la reforma al artículo segundo constitucional, donde se otorgó al Congreso 180 días para emitir las leyes secundarias, sin embargo, las comunidades acusan que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la iniciativa después de transcurridos 637 días, esto es, el pasado 29 de junio.
“Nos parece perverso que pretendan que en 38 días todos los pueblos originarios de México conozcamos y analicemos esta iniciativa”, reclaman.
Cuestionan también la metodología prevista, la que califican como “perversa”, pues acusan insuficiente disponer de un solo día para revisar 453 artículos distribuidos en ocho libros. A ello suman la falta de una convocatoria adecuada y que, en los hechos, ha limitado entregar documentos para su revisión, sin garantizar un proceso amplio de discusión comunitaria.
Las comunidades harán presencia en los foros gubernamentales, pues explican que históricamente la estrategia de no acudir a estos espacios no ha impedido que las autoridades continúen con sus procesos de aprobación.
“Estaremos en los espacios, estaremos viendo, estaremos defendiendo esta postura que hemos construido como regiones, porque estamos convencidos de que la razón nos asiste”, señalan y advierten que se reservan el derecho a recurrir a la movilización.
Por su parte, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, a través de su vocero Pavel Guzmán Macario, coincide en que los foros convocados no reúnen las características de una debida consulta a las comunidades, ya que las opiniones de las comunidades no tendrán efectos sustanciales sobre el contenido de la iniciativa por no ser vinculantes, y advierte que existen omisiones graves, entre ellas el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios.
“Sin territorio no pueden ejercer prácticamente ningún derecho”, señala al tiempo que reprocha que la propuesta no contemple el presupuesto directo estatal para las comunidades con y sin autogobierno, ni el derecho de los pueblos a administrar y ejecutar integralmente sus propios sistemas educativos.
A estos vacíos agrega la falta de reconocimiento de los sistemas de justicia propios y de los jueces tradicionales. Pavel Guzmán recuerda que en Michoacán operan más de 200 jueces menores o tradicionales que continúan resolviendo conflictos en las comunidades.
Desde la perspectiva del Consejo Supremo la iniciativa representa un retroceso frente a derechos previamente conquistados, por lo que acusa un doble discurso de los actores políticos, quienes recurren a las comunidades durante las campañas, pero después las excluyen de sus agendas.
En tanto la Colectiva Mujeres Purépecha dio a conocer un documento en el que manifestan su preocupación por diversos aspectos de la referida iniciativa, esto tras sostener un encuentro el cuatro de septiembre para analizar y reflexionar sobre el documento.
Acusan la falta de certeza sobre la traducción e interpretación de la iniciativa a las lenguas indígenas del país y de Michoacán, y advirtien además inconsistencias respecto de los estándares internacionales que debe cumplir una consulta indígena.
“Advertimos también, de pasar esta Ley, una burda burocratización en esta nueva relación entre el Estado-nación con los pueblos indígenas para ser sujetos de derecho. Es decir, el Estado reglamentará la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual nos parece que más que reconocer la autonomía de las comunidades indígenas, que desde tiempos ancestrales hemos venido ejerciendo, inaugura una nueva forma de reglamentar y controlar a las comunidades originarias”.
También alertan que si bien se reconoce el tema del territorio sagrado y el derecho patrimonial, la propuesta “no pone candados a la iniciativa privada y creemos que no lo hará porque muchos de sus intereses están puestos ahí. En este sentido y bajo la experiencia que ya tenemos en Michoacán, tememos porque nuestro territorio quede expuesto todavía más a intereses privados y a la nula protección del Estado”.