A 46 años que el país firmó la CEDAW, la erradicación de la violencia contra las mujeres, continúa como una de las deudas más profundas del Estado Mexicano
Patricia Monreal
El 18 de marzo de 2026, las hermanas Mariana y Esbeidi, de 20 y 23 años, respectivamente, fueron asesinadas a tiros en el municipio de Tingambato. Siete días después, en Lázaro Cárdenas, las profesoras de la preparatoria Anton Makarenko, Tatiana, de 37 años, y Rosario, de 36 años, fueron ultimadas a tiros por un alumno del plantel. El 25 de mayo se reportó la desaparición de la joven Valeria, de 15 años, en Morelia; al día siguiente fue localizada sin vida por asfixia y con huellas de violencia extrema. El 31 de mayo, en Tangamandapio, Yorleni, de 27 años, desapareció tras sufrir un accidente automovilístico; horas después fue localizada sin vida.
Las agresiones que día a día se acumulan en Michoacán, como en el resto del país, son evidencia de cómo la erradicación de la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las deudas más profundas del Estado mexicano, donde la violencia estructural convive con un cúmulo de leyes que se promueven como de vanguardia, pero que no se traducen en seguridad en las calles ni en los hogares.
Este 17 de julio se cumplen 46 años de que México formalizó la firma de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), considerada como la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres. La Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. México la firmó en 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981.
La Convención define la discriminación contra la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Los Estados Partes de la Convención condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, y convienen en seguir, “por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”, lo que los obliga a garantizar la igualdad constitucional y legalmente; prohibir la discriminación; proteger los derechos de las mujeres asegurando su amparo jurídico efectivo mediante tribunales; dar ejemplo público, absteniéndose de actos discriminatorios en todas las instituciones del Estado; eliminar prácticas privadas, combatiendo la discriminación ejercida por personas, organizaciones o empresas; y modificar, derogar o abolir leyes, normas, usos y disposiciones penales discriminatorias.
La firma de la Convención conllevó, en nuestro país, una transformación del andamiaje legal y político, al abrir una vía jurídica inédita para la defensa de los derechos de las mujeres.
Además, operó en México como el detonante de una profunda y prolongada transición jurídica que otorgó a activistas, abogadas, legisladoras y académicas una plataforma de legitimidad global para presionar a un sistema político históricamente patriarcal. Este tratado internacional obligó al Estado a reconocer de manera explícita que la discriminación contra la mujer no era un asunto privado ni un fenómeno natural, sino una violación estructural a los derechos humanos que requería la intervención directa y urgente de todas las instituciones públicas.
Poco después, el 15 de marzo de 2002, México ratificó el Protocolo Facultativo de la CEDAW que había firmado en diciembre de 1999, y que el Senado de la República aprobó un año después, en diciembre de 2001.
Estas firmas dieron pie en 2006, a la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Además, los criterios de la Convención permitieron impulsar en México reformas electorales como la implementación obligatoria de las cuotas de género y, posteriormente, la paridad constitucional en el Congreso de la Unión y en los congresos locales.
El Comité de la CEDAW, que evalúa periódicamente el cumplimiento del tratado, ha mantenido una postura de exigencia frente a las persistentes crisis de violencia de género, la impunidad y la falta de acceso a la justicia que empañan el panorama nacional.
Aunque ha reconocido avances de México en materia legislativa, así como los esfuerzos programáticos y de política pública emprendidos para garantizar la no discriminación hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades para niñas y mujeres en el país, también ha expresado su preocupación por diversos aspectos que afectan su vida, especialmente en un contexto de alta conflictividad y agresiones contra las mujeres.
El organismo ha emitido recomendaciones a nuestro país en las que enfatiza la necesidad de concluir el proceso de armonización legislativa en los ámbitos federal, estatal y municipal, de conformidad con los estándares internacionales, así como de garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas.
También ha subrayado la necesidad de fortalecer el acceso de las mujeres al mercado laboral y al crédito en igualdad de condiciones, tomando como línea base los estándares de seguridad social. Asimismo, ha señalado la necesidad de implementar políticas de prevención desde el sector educativo para erradicar las conductas violentas y los estereotipos sexistas, entre otras medidas; y ha resaltado la urgencia de garantizar los derechos de las poblaciones en mayor riesgo de vulneración, como la población LBTI, las mujeres indígenas y afrodescendientes, las mujeres rurales, las defensoras de derechos humanos, las periodistas, las mujeres migrantes y las solicitantes de asilo y refugiadas.
Pese a ello, las agresiones contra las mujeres persisten y se profundizan en México, país que en promedio registra entre nueve y diez asesinatos de mujeres al día, sumando tanto los feminicidios como los homicidios dolosos. Además, el entorno familiar sigue siendo el espacio más inseguro para las mexicanas, al concentrar más del 80 por ciento de las agresiones físicas y psicológicas, perpetradas principalmente por parejas o exparejas, conforme a las estadísticas del INEGI. Mientras tanto, los casos de desaparición de mujeres y niñas continúan al alza, fenómeno vinculado directamente con las redes de trata y las dinámicas de la delincuencia organizada.
Casos como los de Mariana, Esbeidi, Tatiana, Rosario, Valeria y Yorleni ocurridos en Michoacán este año, son ejemplo vivo de las omisiones del Estado Mexicano en el cumplimiento de las responsabilidades asumidas hace 46 años con la formalización de su firma en la CEDAW.
Consulta:
Para mujeres, simulación
CIDH: Alarmante violencia contra mujeres en México
Mujeres indígenas en desigualdad