A diez años de declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Michoacán, activistas y colectivas coinciden que crímenes e impunidad persisten
Patricia Monreal
Este 27 de junio se cumplen diez años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Michoacán. A una década de su implementación, activistas y colectivas hacen un balance crítico del mecanismo, al sostener que las autoridades han simulado atender la violencia feminicida mediante discursos, cifras maquilladas y acciones administrativas que no han generado cambios reales en la vida de las mujeres.
En Michoacán, la Alerta opera en 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío. El resto permanece fuera del mecanismo.
Mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ha presumido la disminución del número de feminicidios en Michoacán hasta en un 60% en 2025, y luego en un 41.5% en 2026, así como que la entidad ocupa el primer lugar nacional en el combate a la impunidad en materia de feminicidio, “logrando que más del 80% de estos delitos se resuelvan”, otra es la realidad constatada por las defensoras de derechos en su labor cotidiana.
La coincidencia es clara: las cifras oficiales sobre la disminución de los feminicidios no reflejan la realidad debido a la reclasificación de casos para que sean registrados como homicidios, secuestros o desapariciones, lo que contribuye a maquillar las estadísticas y presentar avances que no corresponden con la situación que viven las mujeres.
Concuerdan además en que las instituciones mantienen fallas estructurales: investigaciones sin perspectiva de género, revictimización, falta de coordinación entre dependencias, escasa transparencia en el uso de los recursos y políticas públicas centradas en el cumplimiento de indicadores antes que en resultados efectivos.
En ese contexto el balance es común al advertir que la violencia contra las mujeres no sólo persiste, sino que en algunos aspectos se ha recrudecido, influida por factores como el crimen organizado, las desapariciones y la violencia sexual, mientras las acciones preventivas siguen siendo insuficientes cuando no, inexistentes.
Tienen claro además que los principales avances alcanzados durante esta década no provienen del gobierno, sino del trabajo del movimiento feminista, las colectivas, defensoras y familiares de víctimas, quienes han impulsado cambios legales, acompañado casos, visibilizado la problemática y mantenido la exigencia de justicia.
El 19 de diciembre de 2014, Humanas Sin Violencia presentó la solicitud para que se declarara la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Michoacán, la que, acabaría por cristalizarse 18 meses después, el 27 de junio de 2016.
A diez años de distancia, Circe López sostiene que el principal avance no ha sido producto de las instituciones, sino del trabajo constante de las mujeres organizadas, por lo que reconoce la labor de colectivas, feministas, estudiantes, defensoras y familias que, mediante la denuncia pública, las movilizaciones y el acompañamiento a víctimas, han mantenido vigente la exigencia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para la activista, sin esa presión social el tema no habría permanecido en la agenda pública ni se habrían conseguido los avances alcanzados.
Sobre la evolución de la violencia contra las mujeres en esta década, advierte que el contexto actual es muy distinto, ya que las formas de violencia feminicida se han recrudecido y adquirido niveles de mayor brutalidad, influenciadas por dinámicas del crimen organizado y por el control territorial.
“No es el mismo escenario de conflicto que tuvimos hace 10 años, cuando veníamos de una guerra, de un conflicto interno, que el de ahora. Hoy tenemos otras expresiones de violencia que, a mí me parece, también van evolucionando. Ahora tenemos ejercicios o manifestaciones de violencia patriarcal, machista y feminicida quizá mucho más brutales que las que teníamos anteriormente”.
En ese escenario, puntualiza que prácticas como la desaparición, el desmembramiento o la decapitación representan, además de un acto criminal, mensajes dirigidos a reforzar relaciones de poder y dominación. Retoma la reflexión de Rita Segato para señalar que estos actos no sólo buscan violentar a las mujeres, sino comunicar poder entre los hombres y consolidar una lógica de control.
“Creo que esto es muy importante analizarlo para evitar justamente la especulación y la estridencia que también existen, porque la espectacularización de la violencia le brinda un espacio a quienes especulan con el cuerpo de las mujeres y con la privación de la vida de las mujeres. Eso también lo vemos en los medios”.
Para la también psicóloga social, persisten problemas estructurales que no han sido atendidos. Entre ellos destaca las desigualdades económicas que enfrentan las mujeres, la sobrecarga del trabajo doméstico y de cuidados, así como la ausencia de políticas preventivas capaces de transformar las causas profundas de la violencia. En su opinión, las respuestas institucionales han privilegiado reformas legales reactivas en lugar de estrategias de prevención y transformación cultural.
Sobre la Alerta, subraya que, aunque originalmente fue concebida como un mecanismo institucional, terminó evidenciando las fallas del propio Estado, lo que ha permitido visibilizar vacíos administrativos, falta de coordinación, desvío de recursos, omisiones y responsabilidades incumplidas en la protección de la vida e integridad de las mujeres. Considera que, con el paso de los años, la comprensión sobre las violencias se ha profundizado, aunque todavía existe resistencia para reconocer su dimensión estructural.
De esta manera advierte que el patriarcado se adapta y se fortalece mediante mecanismos culturales que siguen reproduciendo la desigualdad y la cosificación de las mujeres, por ello, insiste en que la comunicación institucional, por sí sola, resulta insuficiente para modificar patrones culturales profundamente arraigados.
La Alerta de Violencia de Género, se ha convertido en «letra muerta» para Femina Arrellano, quien explica que este mecanismo surgió como respuesta a la necesidad de enfrentar los feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres, en un contexto en el que apenas comenzaba la implementación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y no existían experiencias previas sobre cómo operarla.
La presidenta de Leonas de la Corregidora lamenta que la estrategia de la Alerta se haya centrado en el cumplimiento de indicadores administrativos, como la instalación de luminarias. “Todo se iba midiendo a través de indicadores, junto con la Alerta se crearon comités municipales y estatales para dar seguimiento a esos indicadores y evaluar qué se resolvía, había reuniones cada tres meses, cada seis meses, pero se fueron espaciando y, cuando llegó otro gobierno, todo cambió completamente y la Alerta quedó como letra muerta”.
Sostiene que la Alerta dejó de ser política pública, cuando debería seguir siéndolo; a su juicio, el problema no radica únicamente en su desaparición o no, sino en que nunca logró traducirse en una disminución sustancial de la violencia feminicida.
“Ahora, en lugar de las alertas -y digo ‘en lugar’ porque ya ni siquiera se habla de ellas-, lo novedoso son los Centros Libres para las Mujeres que apenas comienzan a funcionar y no sabemos cuál será su resultado, aunque esos centros ya existían con otro nombre. El Gobierno Federal financiaba una abogada, una psicóloga y una trabajadora social en los llamados centros de desarrollo municipal, donde existían recursos para pagar esos servicios. Pero mientras las personas responsables de la política pública a favor de las mujeres no tengan claridad ni conciencia sobre la importancia del problema, e incluso continúen generando violencia contra las mujeres desde sus propios espacios, no va a pasar nada y la violencia seguirá”.
Fermina Arellano alude al caso de Valeria, una adolescente que vivía en Morelia en un contexto de violencia familiar y vulnerabilidad económica, quien fue secuestrada, torturada y asesinada. Afirma que este tipo de casos evidencia que los feminicidios no pueden analizarse únicamente desde la actuación de la delincuencia organizada, sino considerando también las condiciones sociales y familiares que incrementan los riesgos para las mujeres.
Frente a este panorama, plantea que la Alerta debe revisarse a fondo y dejar de evaluarse únicamente mediante indicadores administrativos que no significan cambios reales en la seguridad de las mujeres. Propone mantener las buenas prácticas institucionales sin depender de los cambios de gobierno y recuperar el sentido original de la Alerta como un mecanismo para prevenir y erradicar la violencia.
Finalmente, sostiene que el problema persiste porque las mujeres siguen siendo asesinadas en un contexto donde continúan siendo objeto de discriminación, violencia y estigmatización. En su opinión, la política pública terminó simulando una respuesta efectiva, pero sin generar cambios sustanciales en la protección de la vida y la integridad de las mujeres.
El objetivo principal de la Alerta de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, no se ha cumplido a lo largo de una década de vida, considera Sofía Blanco Sixtos de la Colectiva Feminista MAPAS. Desde su experiencia en el acompañamiento de víctimas y familiares, ha visto que persisten graves deficiencias institucionales que impiden el acceso efectivo a la justicia y mantienen altos niveles de impunidad.
Como ejemplo, recuerda los feminicidios de Mallinali Saucedo Valdez y Satya López González –el primero ocurrido cuando la Alerta fue solicitada en 2014, y el segundo, cuando fue declarada en 2016-, que evidenciaron desde entonces la falta de investigaciones con perspectiva de género. Refiere cómo con Mallinali la Fiscalía centró la investigación en la vida privada de la víctima, sin reconstruir adecuadamente el contexto ni agotar diligencias básicas, y que el crimen continúa impune. En el de Satya, cuestiona que inicialmente fuera investigado como homicidio calificado y no como feminicidio, práctica que, afirma, continúa utilizándose para facilitar procesos judiciales y termina maquillando las cifras oficiales.
“Para mí hay dos problemas muy graves: el maquillaje de las cifras mediante la reclasificación de delitos y, por otro lado, que después de diez años todavía no se comprende qué significa realmente juzgar con perspectiva de género, tanto dentro de la Fiscalía como del Poder Judicial”.
Sofía Blanco señala que, pese a la existencia de la Alerta, la perspectiva de género no ha sido transversalizada en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los jueces siguen reproduciendo estereotipos y revictimizando a las víctimas durante las audiencias, además de que los procesos judiciales enfrentan largos retrasos que generan desgaste para las familias. A ello se suma la ausencia de investigaciones sólidas, particularmente en municipios fuera de la cobertura inicial de la Alerta, donde los ministerios públicos no realizan peritajes ni integran adecuadamente las carpetas de investigación.
También cuestiona que el gobierno destaque una reducción de los feminicidios mientras aumentan las desapariciones y sostiene que la disminución responde, en parte, a la reclasificación de los delitos. A su juicio, las cifras oficiales no reflejan la realidad que enfrentan las mujeres ni la persistencia de la violencia.
La activista acusa que la atención a las víctimas indirectas de feminicidio es un tema en el abandono, ya que el Estado no garantiza la reparación integral del daño ni el acceso efectivo a educación, salud, vivienda y otros derechos para las hijas e hijos de las mujeres asesinadas. Critica particularmente la falta de actuación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instituciones que asegura, no hacen nada. En el caso de la Procuraduría acusa que no ha elaborado un plan de restitución de derechos para menores en condición de orfandad y que suele limitar su participación en los procesos judiciales.
“La Alerta de Género se solicita por la cantidad de feminicidios que existían. En ese momento yo estuve acompañando a Circe y algo que aportamos en esa discusión fue documentar la cantidad de jóvenes que estaban siendo asesinadas en el estado. Uno de los principales puntos tenía que ver con las zonas donde se encontraban los militares, y eso estaba relacionado con la llamada guerra contra el narcotráfico impulsada durante el gobierno de Felipe Calderón.
“Esa guerra no ha terminado, simplemente se ha administrado de otra manera, es decir, existe una nueva forma de gestionar ese conflicto y, en ese contexto, la violencia contra las mujeres ha aumentado. Por eso resulta muy irresponsable que el gobernador salga a decir que los feminicidios disminuyeron, esas son cifras a quién favorecen es al gobierno, pero no reflejan la realidad de la vida de las mujeres”.
Desde la perspectiva de Sofía Blanco, la Alerta de Violencia de Género debe replantearse y ampliarse para incorporar de manera prioritaria los delitos de desaparición y de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Explica que Michoacán registra altos niveles de abuso sexual infantil y que existe una importante cifra negra debido a que muchas víctimas no denuncian porque los agresores suelen ser familiares, docentes o personas cercanas, mientras las instituciones carecen de estrategias especializadas para acompañarlas, en ese sentido, critica que en algunos casos, las autoridades privilegien la reunificación familiar incluso cuando el agresor es el propio padre, lo que revictimiza a las menores.
“En los últimos meses hemos acompañado una gran cantidad de casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes, ha sido un trabajo sumamente desgastante. Hace poco platicábamos con una maestra sobre lo que ocurre, sobre todo, en escuelas ubicadas en zonas periféricas, donde las condiciones de pobreza colocan a las niñas y adolescentes en una situación de mayor vulnerabilidad. Todavía persiste una construcción de la masculinidad que hace creer que agredir a las mujeres convierte a los hombres en ‘más hombres’».
Para Sofía Blanco la información generada por las fiscalías, especialmente en materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, no se utiliza para construir políticas públicas preventivas. A su juicio, las instituciones se limitan a atender los delitos una vez consumados, sin transformar la evidencia acumulada en acciones de prevención.
En estos momentos, la activista observa el riesgo de que la Alerta de Violencia de Género se convierta en un tema de disputa política durante el proceso electoral.
Señala que las instituciones trabajan de manera desarticulada, no comparten información ni generan diagnósticos conjuntos, mientras muchos servidores públicos parecen más preocupados por sus aspiraciones políticas que por diseñar estrategias integrales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. En su opinión, cualquier revisión de la Alerta debe ir acompañada de investigación, coordinación institucional, combate a la corrupción y una verdadera política pública con perspectiva de género y de derechos humanos.
Un mecanismo que está lejos de poder calificarse como exitoso, es la Alerta de Violencia de Género en Michoacán, evalúa Maricela Montero Andrade, integrante de la Colectiva Incendiarias, para quien los avances reportados por las autoridades mediante el cumplimiento de indicadores y la creación de instituciones para la atención de las mujeres, han quedado en el ámbito simbólico pues no han contado con presupuesto suficiente, personal capacitado ni seguimiento para generar cambios reales en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
En su valoración, si la Alerta tuviera que calificarse en una escala del uno al diez, apenas alcanzaría un cinco, pues los avances obtenidos no permiten considerarla una política pública plenamente efectiva.
La violencia actual contra las mujeres hoy día frente a la que existía hace una década, para la activista, lejos de disminuir se ha recrudecido.
“En Michoacán durante los últimos años las autoridades reportan una disminución de los feminicidios, sin embargo, lo que ocurre es que muchos casos ya no se clasifican jurídicamente como feminicidio, sino que lo hacen como homicidio doloso, o incluso, cuando la víctima fue privada de la libertad antes de ser asesinada, los casos se registran únicamente como secuestro. Esa es una de las formas en que nos dicen que los feminicidios están disminuyendo, pero la realidad es que la violencia no está disminuyendo”.
Aunque reconoce que la declaratoria permitió desarrollar protocolos especializados, fortalecer la capacitación policial, crear unidades de atención e impulsar mecanismos de coordinación institucional, considera que, después de una década, los resultados están muy por debajo de lo esperado.
Maricela Montero hace un llamado a dejar de utilizar las políticas de género como herramientas de propaganda electoral, pues afirma que muchos actores políticos recurren al discurso de los derechos de las mujeres durante las campañas, pero una vez en el ejercicio del poder abandonan esos compromisos y no destinan los recursos necesarios para implementar las acciones previstas por la Alerta.
“Ese sería mi primer llamado, sobre todo porque ya estamos en la antesala de un nuevo proceso electoral, pero el llamado más importante es que realmente se destinen los recursos necesarios para cumplir con las medidas establecidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género”.
En ese sentido refiere que el protocolo de investigación de feminicidios no se implementa de manera uniforme en todas las fiscalías regionales, por lo que muchos casos deben ser atraídos a la capital por la Fiscalía Especializada en Feminicidios para asegurar una investigación adecuada. Asimismo, considera indispensable fortalecer la atención a la violencia sexual y psicológica, mejorar la capacitación y sensibilización de las y los servidores públicos y garantizar un seguimiento efectivo a las víctimas.
Reconoce que existen instituciones que han obtenido resultados positivos, como la Fiscalía Especializada en Feminicidios, cuyo desempeño considera favorable en diversos casos. Sin embargo, sostiene que persisten deficiencias estructurales en la Fiscalía y en otras dependencias, particularmente en la Secretaría de la Mujer, institución que, a su juicio, ha perdido credibilidad entre las mujeres debido a que el discurso de género ha sido utilizado con fines político-electorales más que para generar beneficios concretos para las mujeres michoacanas.
La existencia de la Alerta de Violencia de Género representa, representó en primer lugar, el reconocimiento oficial de que existe una problemática grave de violencia contra las mujeres, subraya Verónica Loaiza Servín de la RedCoFem, para quien, el solo hecho de que haya sido necesaria su declaratoria evidencia la magnitud del problema y la obligación del Estado de asumir responsabilidades. Asimismo, destaca que el reconocimiento del feminicidio como delito y la construcción de un marco legal específico constituyen avances importantes, aunque advierte que con frecuencia estos logros terminan reducidos a discursos políticos.
Señala que, si bien hoy existen leyes, protocolos y procedimientos, persisten fracturas en el sistema, en donde las denuncias continúan sin aceptarse en muchos casos, las mujeres siguen siendo revictimizadas durante los procesos judiciales y las instituciones no operan de manera integral ni transversal. En ese sentido, sostiene que el problema no radica únicamente en la existencia de normas, sino en su aplicación efectiva.
“Ojalá que ni siquiera tuviéramos que hablar de feminicidio o de violencia de género. Ojalá esos conceptos no fueran necesarios porque significaría que el problema no existe, pero mientras exista, hay que nombrarlo, visibilizarlo, ponerle nombre y apellido y reconocer en qué consiste”.
Para Verónica Loaiza es importante focalizar que buena parte de los avances que existen se deben al trabajo del movimiento feminista y de las colectivas, las cuales, afirma, han impulsado cambios mediante la presión social y legislativa para visibilizar la violencia, nombrarla correctamente y evidenciar las omisiones del Estado. También subraya la importancia de contar con mujeres aliadas dentro de las instituciones que impulsen transformaciones reales.
Respecto a las cifras oficiales, advierte que no reflejan la verdadera dimensión del problema, ya que muchas mujeres no denuncian, numerosas denuncias no son admitidas y no todos los feminicidios o desapariciones se registran como tales. Por ello, considera que las estadísticas ofrecen una visión incompleta de la violencia que enfrentan las mujeres.
Sobre la evolución del fenómeno en la última década, sostiene que la violencia siempre ha existido, pero anteriormente permanecía normalizada e invisibilizada, y atribuye parte del cambio a un proceso de concientización social que ha permitido identificar distintas formas de violencia y reconocerlas como tales. En ese sentido, rechaza la idea de que «las mujeres de ahora ya no aguantan» y afirma que lo que realmente ha cambiado es que hoy las mujeres cuentan con herramientas para identificar y denunciar situaciones que antes eran consideradas normales.
Expresa preocupación por el avance de posturas conservadoras y de ultraderecha en América Latina, las cuales, desde su perspectiva, se resisten a reconocer la violencia de género y, al mismo tiempo, buscan apropiarse de los discursos impulsados por el feminismo y otros movimientos sociales, pese a que históricamente han contribuido a reproducir esas desigualdades.
“Existían posturas heteronormativas que, por el simple hecho de ser mujeres, nos imponían soportar la violencia del padre, del hermano o de la pareja. Era esta idea de que, por haber nacido mujer, tenías que cargar con esa cruz, aguantar y poner siempre a la familia por encima de una denuncia. Por eso tantas mujeres, nuestras madres y nuestras abuelas, vivieron durante años situaciones de violencia y abuso sexual permanente sin salir de esos entornos, porque no conocían otra realidad.
“Yo sí creo que en estos diez años la violencia se nombra, se reconoce y se habla de ella”, sostiene.
Verónica Loaiza hace un llamado a realizar un análisis profundo del contexto social y político para identificar las fallas que persisten en el sistema. Insiste en que la lucha feminista no debe detenerse ni permitir que sea utilizada con fines electorales por actores políticos. Asimismo considera indispensable que las mujeres permanezcan organizadas y activas frente a una realidad que sigue siendo compleja, y concluye que la defensa de los derechos de las mujeres debe seguir siendo una lucha construida por las propias mujeres y para las mujeres.
“No podemos callarnos ni permanecer pasivas, los aliados no existen, son un producto de la imaginación del patriarcado”, asegura.
La valoración que Berenice Ágabo Díaz, de la Colectiva Las Matrioskas, hace a diez años de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Michoacán, también es crítica. Ella sostiene que este mecanismo no ha cumplido con los objetivos planteados, particularmente en materia de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia.
Como ejemplo menciona el caso de Mallinali Saucedo, que Matrioskas acompañó y que, pese al paso de los años, sigue sin resolverse. Recuerda que una de las principales recomendaciones de la Alerta era la revisión y reapertura de casos, así como su investigación con perspectiva de género, algo que, a su juicio, no se ha materializado ni en este ni en muchos otros expedientes.
“Hay un discurso en el Gobierno del Estado, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, acerca de que es ‘tiempo de mujeres’, pero en la práctica ese discurso no se ha traducido en una rendición de cuentas clara sobre los avances de la Alerta de Género ni sobre el cumplimiento de sus recomendaciones. Se ha quedado solamente en el discurso, materializando, objetivizando y politizando para su beneficio todo el movimiento feminista”.
Berenice Ágabo pone en duda las cifras bedollistas que reportan una disminución de los feminicidios en la entidad, pues afirma que persiste una práctica de reclasificación de casos, de manera que hechos que podrían investigarse como feminicidios terminan registrados como homicidios o desapariciones. Esto, sostiene, contribuye a reducir artificialmente las estadísticas y permite presentar avances que no necesariamente reflejan la realidad que enfrentan las mujeres.
Considera que hay mucho cinismo “porque una de las observaciones que los estados ya deberían estar aplicando desde hace mucho tiempo, y que vemos que prometen en el discurso pero nunca cumplen en la realidad, es el tema de la investigación con perspectiva de género, ésta señala que todos los delitos y todos los homicidios de mujeres deberían investigarse, en primera instancia, como feminicidios, para posteriormente descartar los elementos de género y, en su caso, realizar otro tipo de investigación.
“Pero en realidad, lo que observamos es que en los estados no existe un seguimiento a esta recomendación, la omiten y hacen una clasificación, la verdad, amañada de los delitos para que las estadísticas correspondan a su discurso político y no para que ese discurso se comprometa con una agenda real contra la violencia hacia las mujeres, donde las de a pie observen resultados en sus vidas cotidianas”.
Otro de los señalamientos que la activista realiza es en torno a la opacidad en el uso de los recursos destinados a la implementación de la Alerta, por lo que considera indispensable que las autoridades informen de manera detallada qué acciones se han realizado, cuánto dinero se ha invertido, en qué programas se ha aplicado y cuáles han sido los resultados obtenidos en materia de acceso a la justicia y protección de las mujeres.
Subraya que en diversas regiones de Michoacán existen condiciones que dificultan incluso la documentación de la violencia, debido a la presencia del crimen organizado y a los altos niveles de inseguridad, lo que genera “zonas de silencio” donde resulta complicado conocer la magnitud real del problema. Por ello, sostiene que más allá de los discursos, se requiere una rendición de cuentas seria, sustentada en datos verificables y resultados concretos que permitan evaluar si las políticas públicas están mejorando efectivamente la vida de las mujeres.
“Las agendas de los gobiernos tienen que estar acordes con las necesidades de la gente, y eso implica responder a las necesidades de la mayoría. Lo que no se vale es que esas necesidades se queden solamente en el discurso y no se reflejen en las acciones reales que los gobiernos implementan”, finaliza.
Imagen portada: Durante la manifestación el 17 de julio de 2020 frente al Palacio de Justicia “José María Morelos” en Morelia, para repudiar la sentencia emitida contra el feminicida de Nilda Rosario Francisco Cruz, joven estudiante de 24 años
