A seis años de que le arrebataran la vida a Jessica González Villaseñor, su caso permanece como símbolo de lucha por justicia contra la violencia feminicida
Redacción
En Michoacán el feminicidio de la joven profesora Jessica González Villaseñor ocurrido hace seis años, trascendió los tribunales convirtiéndose en un caso icónico que sacudió a la opinión pública y puso en el centro la exigencia de justicia para las víctimas de violencia feminicida. Durante más de cinco años, su familia enfrentó un prolongado proceso judicial, marcado por una lucha permanente para que el feminicida, Diego Urick Mañón Melgoza, recibiera la pena máxima.
El 21 de septiembre de 2020, a sus 21 años de edad, Jessica salió de su casa para reunirse con Diego y nunca regresó. Cuatro días después, su cuerpo fue localizado en las inmediaciones del fraccionamiento Bosque Monarca, en Morelia, donde habitaba el victimario.
La desaparición y el asesinato de Jessica marcaron el inicio de una batalla que su familia emprendió para exigir justicia: Verónica Villaseñor, su madre, junto con su padre, Martín González y sus hermanos Cristo y Adrián, enfrentaron no solo el dolor de la pérdida, sino también un prolongado proceso judicial, recursos legales, cuestionamientos a las autoridades y decisiones que, por momentos, pusieron en riesgo la condena máxima contra Diego.
El caso se convirtió en un referente de la exigencia de justicia frente a la violencia feminicida en Michoacán, impulsado por el activismo de familiares, amigos y las movilizaciones de colectivas feministas en el estado.
La última comunicación entre Jessica y su madre ocurrió la tarde del 21 de septiembre cuando la joven desapareció y fue asesinada. A través de WhatsApp, dijo que acudiría a tomar un café con una amiga. Diego recogió a Jessica en su automóvil Volkswagen Polo gris y la llevó a las inmediaciones de Bosque Monarca, en ese lugar, según los hechos acreditados judicialmente, la agredió sexualmente y la asesinó a golpes.
La familia reportó su desaparición al día siguiente pública y legalmente, y mientras la búsqueda se extendía, las investigaciones comenzaron a concentrarse en Diego, quien había mantenido contacto con Jessica y fue visto con ella el día de los hechos.
A lo largo del juicio, las cámaras de vigilancia, los rastros de sangre encontrados en su automóvil y los testimonios de testigos y peritos, formaron parte de los elementos que la Fiscalía General del Estado presentó durante el proceso para acreditar los hechos.
La reconstrucción de los movimientos de Diego y de sus amigos durante aquella jornada ocupó una parte importante de las investigaciones y del juicio.
Las grabaciones permitieron documentar desplazamientos, reuniones y movimientos relacionados con el automóvil. También se estableció que, después del asesinato, hubo acciones para retirar objetos del vehículo y deshacerse de pertenencias de Jessica.
Uno de los elementos relevantes surgió de la insistencia de Verónica Villaseñor para que se revisaran minuciosamente las cámaras de vigilancia. A partir de esas imágenes se detectó un hacha que posteriormente fue localizada en la casa de Hanna, amiga de Diego. Durante el juicio también declararon Diego S. y Jair, amigos del acusado, quienes describieron circunstancias relacionadas con el traslado y abandono del cuerpo.
La participación de las personas cercanas a Diego dejó interrogantes para la familia, ya que la Fiscalía les otorgó un criterio de oportunidad para que declararan contra él, sin que fueran procesados como cómplices. Las contradicciones entre algunos testimonios y las circunstancias expuestas durante el juicio alimentaron las dudas de las víctimas indirectas sobre el conocimiento y la participación que los amigos del feminicida tuvieron de lo ocurrido.
Durante el juicio, Diego, negó haber cometido el feminicidio y buscó responsabilizar a su amigo Jair. Durante su declaración, aseguró que el día de los hechos se encontraba en un motel con otra mujer y cuestionó la actuación de la Fiscalía, a la que acusó de fabricar un caso en su contra, también alegó deficiencias en su defensa y señaló que los testimonios de sus amigos habían sido obtenidos mediante amenazas y presiones.
El juicio oral correspondiente a la causa penal 1404/2020 comenzó el 13 de julio de 2022 y se prolongó por 209 días, en ese tiempo, la familia de Jessica tuvo que seguir de cerca las audiencias y enfrentar las estrategias legales de Diego, quien había promovido diversos recursos para combatir el proceso.
El 27 de enero de 2023, el juez Ariel Montoya Romero emitió un fallo condenatorio y determinó que Diego era responsable del feminicidio de Jessica, casi tres semanas después, el 15 de febrero siguiente, le impuso una pena de 50 años de prisión, la máxima contemplada entonces para ese delito en el Código Penal de Michoacán, además del pago de 1.2 millones de pesos por concepto de reparación del daño.
La resolución representó un momento significativo para la familia, que durante meses había exigido una sentencia condenatoria. No obstante, Verónica ha señalado que ninguna pena podía reparar la pérdida de su hija.
La condena no puso fin al proceso, Diego apeló la sentencia y cuestionó diversos elementos de las pruebas presentadas, además de argumentar violaciones a su presunción de inocencia.
En abril de 2023, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado rechazó su solicitud para que otro magistrado revisara la apelación, la magistrada María de los Ángeles Llanderal Zaragoza consideró que los argumentos presentados no acreditaban impedimentos para que Gilberto Alejandro Bibriesca Vázquez conociera del asunto.
Un golpe más para la familia de Jessica se registró el 6 de noviembre de 2023, cuando Bibriesca Vázquez resolvió la apelación y redujo siete años la pena impuesta originalmente, por lo que Diego quedó condenado a 43 años de prisión.
La decisión provocó el rechazo de la familia. Verónica cuestionó que, frente a la violencia ejercida contra su hija, se redujera la sanción después de la extensa lucha para obtener la condena, por lo que se promovió un amparo directo para revertir la disminución y recuperar la pena original.
El 8 de mayo de 2024, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito negó el amparo a la familia. Entre sus argumentos, los magistrados hicieron valer el derecho de Diego a la reinserción social, lo que fue cuestionado por Verónica quien lamentó que se consideraran los derechos del sentenciado sin otorgar el mismo peso a los de Jessica, quien también era joven y cuyos derechos humanos habían sido vulnerados con el feminicidio.
Por ello, la familia de la víctima acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante un recurso de revisión, en donde la exigencia dejó de centrarse únicamente en la condena de Diego, al buscar que el caso sentara un precedente sobre la obligación de considerar los derechos de las víctimas al determinar las penas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en contra de la reducción de la pena, y en cumplimiento del fallo, el 28 de enero de 2026, la Segunda Sala Unitaria en Materia Penal Región Morelia ratificó los 50 años de prisión impuestos originalmente a Diego, lo que representó el cierre de una batalla legal de más de cinco años, durante la cual la familia enfrentó el dolor, el desgaste emocional y las sucesivas instancias judiciales para impedir que la condena fuera reducida.
Portada: Lonas sobre la fachada de Casa Michoacán al cumplirse el primer año del feminicidio de Jessica | Fotografía: Cortesía familia González Villaseñor
Consulta:
Caso Jessica González, el grito por justicia
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