El bedollismo suma más de 14 mil millones de pesos en créditos de corto plazo; la presión financiera al cierre del sexenio por algunos de éstos ya preocupa
Patricia Monreal
Recursos por más de 14 mil millones de pesos son los que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha contratado con la banca desde el primer mes de su administración hasta la fecha. Esto, a través de una veintena de créditos quirografarios de corto plazo, cuyo saldo ya genera preocupación al interior de su administración de cara al cierre del sexenio.
En tanto, la deuda de largo plazo no ha disminuido un solo peso; por el contrario, registra un incremento de 163 millones de pesos entre 2021, año en que arrancó la actual administración, y el cierre de 2025.
En febrero último el Congreso local aprobó una reforma a la Constitución del Estado promovida por Alfredo Ramírez, denominada “No Más Deuda en Michoacán”, que prohíbe a los Gobiernos estatales contratar deuda pública más allá del periodo constitucional para el que fueron electos, esto como parte de la narrativa de su administración, de ser una que acciona sin deuda.
Los informes analíticos de la Deuda Pública y Otros Pasivos que trimestralmente emite la Secretaría de Finanzas evidencian el incremento año con año de los montos totales que resultan de la suma de la deuda y otros pasivos.
En 2022, primer año en que el bedollismo tuvo el ejercicio pleno del presupuesto estatal, el total de la deuda y otros pasivos sumaba 25.4 mil millones de pesos, mientras que, al cierre de 2025, la cifra ascendía a 29.3 mil millones, es decir, un alza de 3.8 mil millones de pesos.
Michoacán ya tiene antecedentes de conversión de deuda pública de corto a largo plazo mediante reestructuraciones, a través de una práctica usual de los gobiernos en turno: promover reformas legales a modo que les permitan concretar sus medidas.
El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla no es la excepción. El Congreso del Estado está en vísperas de aprobar una reforma a la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado para establecer subsidios multianuales que garanticen la operación de los teleféricos y el Morebús, luego de que inicialmente se asegurara que serían autosuficientes.
El manejo de los saldos de los créditos quirografarios de corto plazo ya se perfila como un problema que el bedollismo deberá resolver al término de su administración. Históricamente, las medidas para atender los problemas relacionados con la deuda pública y los pasivos de Michoacán han consistido en reestructuraciones, es decir, en establecer mayores compromisos financieros de largo plazo para el estado.
En 2011, el gobierno de Leonel Godoy convirtió la deuda pública de corto a largo plazo mediante una reestructuración. Como la ley le impedía hacerlo, el mismo día en que se aprobó la reestructura, el Congreso reformó la Ley de Deuda Pública. El decreto de reforma se publicó en el Periódico Oficial del Estado antes que el de la reestructura, con el propósito de blindarla “legalmente”.
Un año después, en 2012, durante el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, la historia se repitió con una nueva reestructuración que incluyó los pasivos que arrastraba el estado para convertirlos en deuda de largo plazo. Nuevas reestructuras se registraron posteriormente en los gobiernos de Silvano Aureoles y Alfredo Ramírez.
Conforme a los informes analíticos de la Secretaría de Finanzas, en 2021, año en que la actual administración arrancó funciones, el monto del rubro denominado “otros pasivos” era de cinco mil 667.1 millones de pesos; para 2022, bajó a cinco mil 341.1 millones; en 2023, se incrementó hasta seis mil 768.8 millones; en 2024, volvió a bajar y sumó seis mil 58.9 millones; y, a finales de 2025, ascendía a seis mil 393.1 millones de pesos.
Corto plazo
El bedollismo ha contratado deuda de corto plazo con seis instituciones bancarias, de acuerdo con los contratos de acceso público firmados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado a cargo de Luis Navarro García, quien el pasado 15 de octubre se separó del cargo para participar en el proceso interno de Morena por la candidatura a la presidencia municipal de Morelia. Los contratos más recientes son dos, fechados en junio y septiembre pasados, por un monto total de mil 700 millones de pesos.
En 2025 se firmaron cinco contratos por un total de tres mil 150 millones de pesos; en 2024, tres que sumaron dos mil 150 millones; en 2023, cinco contratos por un total de tres mil 400 millones; en 2022, dos contratos que sumaron mil 270 millones; y en 2021, al arrancar la administración, tres contratos por un total de dos mil 800 millones de pesos.
Son ocho los contratos firmados con Banorte, cinco con Banca Afirme, cuatro con Santander y uno, respectivamente, con Banco del Bajío, HSBC y Banobras.
Salvo el de Banobras que vence en 2027, todos los contratos firmados establecieron un plazo de un año para su pago, así como multas y cobros adicionales en caso de incumplimiento.
El ocho de octubre de 2021, siete días después de haber iniciado la administración, el gobierno bedollista firmó el primer crédito quirografario, por mil 400 millones de pesos con Banorte. Dos semanas después, contrató el segundo con esa misma institución, por 600 millones de pesos. En diciembre de ese año, contrató otro crédito por 800 millones de pesos con Banca Afirme.
En 2022 se firmaron dos contratos más: uno con Banobras, por 470 millones de pesos, y otro con Banca Afirme, por 800 millones de pesos. Para 2023, fueron cinco los contratos firmados: tres de ellos con Banorte, uno por mil millones de pesos, otro por 400 millones y uno más por 650 millones; con Afirme se firmó un contrato por 600 millones de pesos y, con HSBC, otro por 750 millones de pesos.
De los tres contratos firmados en 2024, dos fueron por 700 millones de pesos, uno con Afirme y otro con Santander, mientras que con Banorte se firmó uno por 750 millones de pesos.
Por lo que toca a 2025, fueron cinco los créditos quirografarios adquiridos con tres bancos: dos con Santander, por 700 millones y 600 millones de pesos; dos con Banorte, por 700 millones y 550 millones de pesos; y uno más con Afirme, por 600 millones de pesos.
En lo que va de 2026, se han firmado dos contratos: uno con Santander, por mil 200 millones de pesos, y otro con Banco del Bajío, por 500 millones de pesos.
Imagen portada: Durante la firma para la promulgación del decreto de la reforma “No más deuda” en febrero de 2026 | Fotografía: Gobierno de Michoacán
Consulta:
Finanzas estatales, pozo de escándalos
De la autosuficiencia prometida al subsidio