Desde acusaciones por peculado a presuntos vínculos criminales, los escándalos de exsecretarios de Finanzas retratan cinco lustros de turbulencia en Michoacán
Patricia Monreal
En Michoacán, el desempeño de los titulares de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado revela una constante de sanciones administrativas y procesos penales por la manera en que se han malversado los recursos públicos. De los nueve secretarios que han ejercido dicho cargo del año 2002 a la fecha, sólo tres no han enfrentado procesos legales, un balance que exhibe la vulnerabilidad persistente en el manejo de las finanzas estatales.
Este 15 de octubre, Luis Navarro García, presentó su renuncia como secretario de Finanzas del Estado con miras para participar en el proceso electoral local. El exfuncionario ha asegurado que no formará parte de la lista negra de perfiles que le han antecedido en el cargo y que han quedado marcados por el escándalo. Sostiene que no terminará tras las rejas.
El artífice del denominado -por el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla- “milagro financiero” en Michoacán ha finalizado funciones, y por el momento no se conoce de una investigación o proceso en su contra por irregularidades en el manejo de los recursos.
Los otros dos exsecretarios de finanzas estatales, de los nueve que han fungido en los cinco últimos lustros, que no se han visto involucrados en escándalos financieros o penales son Carlos Ríos Valencia, quien ejerció el cargo entre 2013 y 2014 durante el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa, y José Carlos Rodríguez Pueblita, que desempeñó su función entre 2014 y 2015, cuando gobernaba Salvador Jara Guerrero.
Los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy Rangel, Fausto Vallejo Figueroa, Salvador Jara Guerrero y Silvano Aureoles Conejo, han estado marcados por escándalos financieros protagonizados por aquellos que estuvieron encargados de administrar los recursos públicos estatales.
Humberto Suárez López
Fungió como tesorero del estado durante todo el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, y al inicio del de Leonel Godoy Rangel, en donde con la conversión de la Tesorería Estatal a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, ocupó la titularidad hasta el 2011.
Fue el artífice de lo que años más tarde se conoció como la “licuadora financiera” en Michoacán, trasladando recursos públicos de una cuenta a otra hasta que era imposible rastrearlos, práctica que trascendió hasta el gobierno de Salvador Jara Guerrero.
Humberto Suárez, fue considerado el “hombre fuerte” de la economía estatal casi una década. Durante los años que tuvo bajo su responsabilidad las finanzas estatales, la deuda pública en Michoacán se disparó de 152.8 millones de pesos que dejó el gobierno de Víctor Manuel Tinoco Rubí, a más de ocho mil millones cuando acabó el de Lázaro Cárdenas Batel, y la incremento con seis mil millones adicionales en la administración de Leonel Godoy Rangel. Los sobornos a diputados en sobres amarrillos que llegaban directo a las curules, fueron práctica frecuente para concretar los endeudamientos.
Fue el 18 de marzo de 2015 cuando el escándalo por su manejo de las finanzas estatales estalló al ser detenido en Guadalajara, Jalisco, por la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJE). Se le acusó formalmente de peculado y abuso de autoridad debido a un presunto desfalco estimado en más de 40 millones de pesos, por haber contratado de forma irregular a la empresa de arquitectura e ingeniería Convem de México S.A. de C.V. como asesora financiera y gestora de crédito cobrando comisiones millonarias fuera de la ley.
Para enfrentar en libertad el proceso en su contra, entregó garantías inmobiliarias con las que cubrió la fianza de 49.8 millones de pesos que se le impuso, la más alta en la historia del Poder Judicial de Michoacán para entonces.
A pesar de la magnitud de las acusaciones que promovió el gobierno de Salvador Jara Guerrero de la mano del comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, el caso se vino abajo en los tribunales. El 10 de junio de 2015, el Poder Judicial de Michoacán le revocó el auto de formal prisión y dictó su libertad absoluta.
Un magistrado determinó que la Procuraduría estatal no aportó pruebas suficientes para acreditar los delitos imputados, lo que permitió que Suárez López quedara exento de toda responsabilidad penal.
Dos años después, el 10 de mayo de 2017, el Tribunal de Justicia Administrativa determinó su inhabilitación por seis años, ordenándole reintegrar a las finanzas estatales 19 millones 775 mil 225.24 pesos.
Mirella Guzmán Rosas
Asumió las riendas de la Secretaría de Finanzas en la recta final de la administración de Leonel Godoy. Al igual que su antecesor, se vio envuelta en un escándalo judicial impulsado durante la etapa de Alfredo Castillo Cervantes.
De forma extraoficial se informó inicialmente que se le investigaba por enriquecimiento ilícito, pero la acusación formal ante tribunales fue por el delito de peculado. El seis de noviembre de 2014 fue detenida por la PGJE.
Pese a que la narrativa pública generada en su contra fue sobre grandes desfalcos financieros, el expediente penal fue por haber firmado, sin facultades legales para hacerlo, un contrato de comodato por 20 años de un predio propiedad del estado ubicado en el fraccionamiento Manantiales de Morelia.
Las autoridades acusaban que tal acción permitió que un particular explotara comercialmente el terreno como un estacionamiento público sin pagar renta al estado generando una afectación al erario.
A las pocas horas de ser detenida, Guzmán Rosas quedó en libertad tras pagar una fianza de 453 mil pesos debido a que para entonces el delito de peculado en Michoacán no obligaba a prisión preventiva. El exgobernador Leonel Godoy salió en su defensa públicamente afirmando que el caso carecía de sustento legal.
Un año después, el asunto fue desestimado en los tribunales, determinando su absolución tras concluirse que el caso correspondía a un posible litigio por la vía civil o administrativa, y no constituía la comisión de un delito penal.
La Contraloría del Estado continuó con diversos procesos en contra de Mirella Guzmán, quien acumuló múltiples expedientes que derivaron en inhabilitaciones para ocupar cargos públicos en el estado, una de ellas por seis años debido a negligencia administrativa y violación a la normatividad presupuestal.
Luis Miranda Contreras
Fue nombrado por Fausto Vallejo Figueroa como secretario de finanzas al iniciar su administración, cargo que ocupó hasta el 2013. Su historia es de escándalos que iniciaron con acusaciones de corrupción y que recientemente escalaron al ámbito de la delincuencia organizada.
La PGJE detuvo el 20 de octubre de 2017 a Luis Miranda bajo cargos de peculado. Se le acusó formalmente del desvío de 26 millones 680 mil pesos por autorizar pagos millonarios del erario a dos proveedores por supuestos servicios técnicos y de asesoría que, de acuerdo con las auditorías, nunca se llevaron a cabo.
Poco después de ingresar a prisión, Miranda pagó fianza para enfrentar su proceso en libertad. En marzo de 2018, un tribunal penal le revocó el auto de formal prisión argumentando falta de elementos, pero administrativamente quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos y su nombre fue boletinado en el sistema bancario mexicano.
El mayor escándalo sobrevino a principios de octubre de 2026, cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Gabinete de Seguridad Federal desmantelaron una organización delictiva de extorsión y fraude encabezada por Miranda y en la que participaban también su esposa y sus dos hijos. Todos fueron vinculados a proceso y el exfuncionario vallejista fue ingresado al penal federal de alta seguridad de Almoloya de Juárez.
Luis Miranda utilizaba herramientas de Inteligencia Artificial para clonar y suplantar voces de altos funcionarios de relevancia nacional, y a través de llamadas y mensajes, establecía relación con autoridades federales, estatales y municipales, así como con empresarios para exigir transferencias de dinero, favores o contratos públicos.
Marcela Figueroa Aguilar
Ocupó la titularidad de la Secretaría de Finanzas entre el 2013 y 2014, y a diferencia de otros exsecretarios ella no fue detenida ni pisó la cárcel, pero protagonizó un prolongado escándalo administrativo y financiero relacionado con el presunto desvío de miles de millones de pesos durante la administración de Fausto Vallejo.
Fue durante el gobierno de Silvano Aureoles que se reveló que Marcela Figueroa enfrentaba decenas de investigaciones, hasta que se le acusó formalmente de realizar transferencias bancarias irregulares por más de dos mil 300 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones, la funcionaria retiraba de forma indebida recursos previamente etiquetados para programas sociales, infraestructura y salud con el fin de canalizarlos a gasto corriente o partidas opacas.
En medio del escándalo, se filtró a la prensa un oficio firmado por Fausto Vallejo en el que le autorizaba explícitamente el “libre manejo” para realizar movimientos discrecionales entre las cuentas bancarias del gobierno. Ella misma llegó a justificar los movimientos bajo el argumento de que operaba bajo las extremas “circunstancias y crisis” presupuestales del estado.
Los procesos administrativos de responsabilidad de la Secretaría de Contraloría del Estado (Secoem) contra Marcela Figueroa sumaron 34, abarcando sus responsabilidades como directora de Fondos y Valores, subsecretaria y, posteriormente, secretaria de Finanzas. La mayoría de los casos prescribieron o fueron sobreseídos con los años, mientras que en otros, se demostró su plena responsabilidad por negligencia administrativa.
En noviembre de 2020, fue sancionada con una inhabilitación total de 13 años para ejercer cualquier cargo público. La Contraloría le impuso diversos créditos fiscales y sanciones económicas, una de ellas por 40.2 millones de pesos, sumada a otro pliego definitivo que le exigía la devolución de 162.7 millones de pesos por el daño al erario.
Miguel López Miranda
Fungió como secretario de Finanzas en 2015, durante el periodo interino de Salvador Jara Guerrero como gobernador. Aunque no enfrentó la cárcel, su caso se convirtió en un largo litigio administrativo debido a un quebranto financiero millonario al patrimonio estatal.
La Secoem abrió una investigación formal en su contra por presuntas anomalías cometidas al cierre de la administración jarista. Se le acusó de haber autorizado y firmado indebidamente la cesión de derechos de un fideicomiso en el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) sin contar con la autorización obligatoria de la Junta de Gobierno, sin un expediente técnico de por medio y sin un avalúo actualizado.
Las investigaciones arrojaron que López Miranda autorizó la entrega de terrenos y derechos patrimoniales por un valor muy inferior al real, recibiendo apenas 70 millones de pesos a cambio, lo que ocasionó un daño directo al patrimonio del estado estimado originalmente en mil 144 millones de pesos.
En enero de 2017 la Secoem lo inhabilitó por 8 años para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público, y estableció una multa resarcitoria por 572 millones 15 mil pesos.
López Miranda emprendió una larga lucha legal, sin embargo, el 19 de marzo de 2019, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo federal le negaron el amparo de forma unánime, ratificando la legalidad y firmeza de la inhabilitación y de la millonaria deuda con el erario. El exfuncionario intentó un último recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual fue desechado a finales de 2019, dejando la sanción firme.
Carlos Maldonado Mendoza
Permaneció como secretario de Finanzas durante toda la administración de Silvano Aureoles Conejo, es decir, de 2015 a 2021. Desde la Torre Médica de Tepepan del sistema penitenciario ubicado en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, enfrenta el proceso que se sigue en su contra.
Mediante un operativo conjunto de la Interpol y la Unidad de Asuntos Internacionales fue detenido el primero de marzo de 2025, en el aeropuerto de Miami, Florida, en atención a una orden de aprehensión tramitada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por los delitos de peculado, uso de recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta y delincuencia organizada. Posteriormente fue extraditado a México.
La FGR y la UIF lo han señalado como la “pieza clave” de una compleja red de corrupción institucionalizada en el sexenio de Aureoles, a partir de las investigaciones y procesos iniciados por la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, que detallan el desvío de más de cinco mil millones de pesos del erario público. El foco central está en la construcción de cinco cuarteles de seguridad pública a través de contratos irregulares e inflados, los costos de estas obras pasaron de un valor real de cien millones de pesos a cobros que superaron los 900 millones de pesos por cuartel.
En abril de 2026, una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) sumó más controversia a su entorno al revelar que desde el 2019 la familia de Carlos Maldonado habitaba un rancho de lujo en Palm Beach, Florida. La propiedad pertenecía originalmente al prófugo Víctor Manuel Álvarez Puga, conocido como “el rey de las factureras”.
En junio de 2025, autoridades federales ordenaron asegurar propiedades del exfuncionario, y durante un operativo nocturno en Morelia, camiones de mudanza retiraron el mobiliario, obras de arte y objetos de lujo de una de sus residencias principales sobre la Avenida Madero Oriente, quedando el inmueble bajo resguardo legal. Al mes siguiente, Maldonado fue trasladado a la Torre Médica de Tepepan por complicaciones cardiacas y pulmonares severas.
