Comunidades impidieron la cuarta jornada de trabajo en Michoacán para “consultar” la Ley Indígena, acusando simulación y afectaciones a derechos conquistados
Redacción
La cuarta jornada de los trabajos programados para Michoacán en los Foros de “consulta” sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que promueve el gobierno federal a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), no cristalizó debido al rechazo de comunidades nahuas y afroamericanas que impidieron se realizara.
La comunidad de El Duin, en el municipio de Aquila, era la sede para la realización del Foro dirigido a los pueblos Nahua y Afromexicano en Michoacán, pero la inconformidad de las comunidades por el contenido de la iniciativa y el formato que –sostienen- pretende simular una consulta, impidió vía movilización que los trabajos se concretaran.
La protesta Nahua y Afromexicana, se suma a la realizada el pasado seis de septiembre por comunidades purépechas que impidieron la realización de los foros programados en la cabecera municipal de Pátzcuaro, así como en Cheranástico, municipio de Paracho.
El único Foro que el INPI logró realizar en Michoacán fue el sábado 11 de septiembre, en la comunidad de Donaciano Ojeda, municipio de Zitácuaro, que de último momento fue cambiado de sede, ya que estaba previsto en El Malacate, municipio de Tuxpan. Éste fue dirigido a los pueblos Matlatzinca, Mazahua y Otomí.
Las comunidades nahuas de El Coire, Pómaro, Santa María Ostula, San Miguel, todas ellas del municipio de Aquila, así como la afromexicana El Ticuiz del municipio de Coahuayana, además de impedir la realización de los trabajos en El Duin, emitieron un posicionamiento conjunto sobre los foros federales.
Acusan que en ningún momento la autoridad ha cumplido con los criterios establecidos en los convenios y tratados internacionales para este tipo de consultas, ya que la misma no cumple con las características de ser informada, culturalmente adecuada y con miras a alcanzar acuerdos entre los pueblos y el Gobierno para elaborar una iniciativa de Ley que recoja sus aspiraciones y propuestas.
“Hasta la fecha no se ha cumplido con la etapa informativa de la consulta y nuestras comunidades desconocen por completo el contenido y alcances de la propuesta de iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, misma que únicamente fue entregada a unas cuantas personas y está llena de palabras y conceptos que deben ser debidamente explicados y comprendidos para que nuestras comunidades puedan emitir una opinión”.
La “supuesta consulta”, destacan, no ha sido culturalmente adecuada, pues no se ha realizado a través de las instituciones representativas de las comunidades, que son las asambleas, “y se ha desarrollado en forma exprés sin respetar los tiempos de nuestras comunidades para estudiar cuidadosamente la propuesta de Ley, opinar sobre la misma y adoptar decisiones al respecto para enriquecer dicha propuesta y generar una iniciativa de ley que surja de los pueblos”.
Es así como rechazan participar por considerar que el proceso es una simulación que desconoce sus tiempos, formas de decisión y derechos conquistados.
Las comunidades que integran el Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas advierten además que la Ley tendrá consecuencias profundas sobre su autonomía y autogobierno, ello a partir de una revisión general “que en este corto” han realizado de la propuesta.
En materia de seguridad comunal, acusan que la iniciativa no la reconoce ni desarrolla de manera suficiente como una esfera propia del autogobierno indígena. No establece un régimen que reconozca los cuerpos de seguridad comunal, guardias, rondas, rondines, Kuaricha o K’uajpiricha como instituciones propias de sus gobiernos y usos y costumbres.
“En Michoacán sabemos que sin seguridad no existe autonomía posible. Nuestros cuerpos comunales protegen la vida, el territorio y la organización de nuestras comunidades frente a una violencia que diariamente enfrentamos. Una Ley General que pretenda regular la autonomía indígena y que no reconozca plenamente la seguridad comunal desconoce una de las principales necesidades actuales de nuestros pueblos”.
Refieren que la propuesta reconoce autoridades, instituciones y diferentes escalas de autonomía, pero no reconoce como modelo el que se ha construido y conquistado en Michoacán: el autogobierno indígena como cuarto nivel de gobierno, con autoridades propias, competencias públicas y responsabilidades de gobierno.
“Para nosotros la autonomía no significa solamente elegir autoridades conforme a nuestros usos y costumbres, significa tomar decisiones, administrar recursos públicos, ejecutar obras, prestar servicios, ejercer funciones públicas de gobierno y de seguridad, elaborar nuestros planes de desarrollo y responder ante nuestras asambleas. La experiencia de Michoacán debe ser reconocida a nivel nacional como una posibilidad real de ejercicio de la libre determinación y autogobierno indígena y no diluida dentro de categorías generales que terminen subordinando nuevamente a nuestras comunidades a municipios, gobiernos estatales o dependencias federales”.
Otro rubro que se señala, es que la iniciativa no recoge con suficiente claridad el modelo de presupuesto directo conquistado por las comunidades indígenas de Michoacán. “Presupuesto directo no significa únicamente crear fondos, programas o partidas especiales para pueblos indígenas. Tampoco puede reducirse a mecanismos como el FAISPIAM (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos)”.
Apuntan que el presupuesto directo significa que cuando una comunidad ejerce funciones de gobierno, recibe y administra directamente los recursos públicos que le corresponden para ejercer esas funciones, sin intermediación del Ayuntamiento y bajo las decisiones de su asamblea y sus propias autoridades. “No queremos sustituir la dependencia de un municipio por la dependencia de un programa federal. El presupuesto directo debe ser reconocido como una dimensión material del derecho al autogobierno y no como una política pública que pueda modificarse mediante reglas de operación o decisiones administrativas”.
Reconocen que la iniciativa desarrolla la jurisdicción indígena, sin embargo, consideran insuficientes sus mecanismos concretos de coordinación con la justicia estatal.
Exigen que se incorporen y desarrollen de manera expresa los siguientes temas:
- El reconocimiento y desarrollo de la seguridad comunal como derecho y esfera del autogobierno indígena. Reconociendo expresamente las formas propias de seguridad creadas por las comunidades.
- El reconocimiento del autogobierno indígena como cuarto nivel de gobierno. Reconociendo a los gobiernos comunales como entidades político-administrativas distintas del Ayuntamiento partidista, conforme a las experiencias que ya existen en Michoacán.
- El derecho de las comunidades a la administración directa de los recursos públicos correspondientes a las funciones de gobierno que ejercen, sin reducir este derecho a programas o fondos especiales.
- Un verdadero sistema de coordinación entre las justicias indígenas y la justicia estatal, basado en el pluralismo jurídico, el respeto mutuo, la cooperación y la no subordinación.
- El respeto efectivo a sus tierras y territorios, reconociendo las formas propias en que los pueblos y comunidades los usan, poseen, cuidan y defienden. “Nuestro derecho no puede quedar subordinado a una legislación agraria que no esté armonizada con los derechos indígenas; por ello, exigimos que la propuesta definitiva de Ley General vaya acompañada de las modificaciones necesarias a la Ley Agraria y demás normas aplicables”.
Advierten que no aceptarán que una Ley General “construida para reglamentar nuestros derechos termine reduciendo derechos que nuestras comunidades ya hemos conquistado mediante la organización, la movilización, el litigio y, sobre todo, el ejercicio cotidiano de nuestra autonomía”.
Es así como subrayan que la Ley General sobre sus derechos debe construirse con los pueblos y comunidades, desde sus experiencias y respetando sus decisiones, no mediante procedimientos que únicamente busquen cumplir formalidades institucionales. “La autonomía no se concede desde arriba: se ejerce y se construye desde nuestras comunidades”.
Portada: Comunidades impiden foro en El Duin | Fotografía: Consejo Supremo Indígena de Michoacán
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