Regla de Tres

Yarabí, a punto del juicio político

La rectora de la Universidad Michoacana verá decidida su suerte con el voto que emitan los diputados a las tres peticiones en su contra

Este jueves primero de octubre se espera la votación en el Congreso del Estado que decidirá la suerte de las tres peticiones de juicio político contra la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, y presidenta del Consejo Universitario, considerado máximo órgano de gobierno en la institución.  

El proceso ha seguido una atención inusual como petición en contra de una figura pública, en este caso la rectora, quien también fuera diputada local en dos periodos y ahora en medio de una disputa personal en contra del gobierno estatal, y desde el cual opera además del Congreso del Estado, afirmó semanas atrás, así como “la asfixia financiera y política” contra su administración.

La Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (Ininee) -donde su comunidad ha señalado que la rectora ha ejercido acciones al margen de la norma universitaria al excluirlo de la convocatoria y la elección de sus representantes al Consejo Universitario, en tanto que en el primer caso, destituyó a su director sin intervención del Consejo Universitario dejándolo sin su derecho a la defensa-, interpusieron las dos primeras solicitudes de juicio político contra la funcionaria, a la que se sumó la dirigencia del Sindicato Único de Empleados (SUEUM), con el argumento de que ha violado derechos laborales y cláusulas contractuales al igual que ha ejercido irregularmente el “presupuesto pleno” que recibe la institución.    

Los dictámenes que establecen el “ha lugar” a las tres solicitudes de juicio político, parten de los argumentos y pruebas presentadas por los quejosos, sin que prejuzguen sobre la responsabilidad o no de Yarabi Ávila, según lo establecen las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales que, en voto dividido, lograron el 50+1 requerido para la aprobación.

En la sesión de la LXXVI Legislatura del próximo jueves, de ser aprobados por el Pleno, los dictámenes se turnarán a la comisión Jurisdiccional, que será la encargada de desarrollar el proceso de juicio político a la rectora, el que, en una estimación conservadora del presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, podría prolongarse al menos 50 días.


Llamados sin respuesta

En días pasados la rectora buscó llamar la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum, anticipando que buscaría reunirse con ella para exponerle la situación de “presión” en su contra. Lo intentó el 25 de septiembre, cuando la morenista estuvo en la capital estatal para presentar su II Informe de Gobierno, pero no lo logró, más allá de disponer de la Banda de Guerra de la institución para participar en la bienvenida a la mandataria, Según versiones de medios, hizo un segundo intento en Acapulco, Guerrero, a donde fue a seguirla, pero tampoco lo logró.

Sobre ese acto de “bienvenida” a la presidenta, que varios sectores universitarios consideraron atenta contra la autonomía universitaria que afirman defender Ávila González y el Consejo Universitario, hubo manifestaciones de inconformidad de docentes y trabajadores obligados a participar por directores de planteles o jefes de personal.

“Dicho por muchos de los nicolaitas que estuvimos ayer afuera del Pabellón Don Vasco, nos sentimos avergonzados, humillados de estar ahí, por la forma tan denigrante en el trato que nos dieron ya que nos obligaron a asistir”.

“Muchos militamos en nuestro pasado y nunca obligamos ni nos obligaron a asistir a eventos de esta naturaleza. Lo hacíamos por convicción y ganas de asistir.”

“Los espectaculares y lonas de verdad, fue una vergüenza. Pides autonomía y la entregas al mismo tiempo. ¿?”..

“No cabe duda que la señora es totalmente incoherente.”

Son algunos de los comentarios que circulan en redes.

Circula también una petición anónima que le demanda a la rectora informe acerca del objetivo de la movilización durante la vista de Sheinbaum. “La dignidad de las y los nicolaitas no debe quedar subordinada a intereses de poder”, plantea el pronunciamiento que cuestiona el haber “presionado o inducido” a los universitarios al acto oficial, “lo que constituye una falta de ética universitaria, un acto de humillación pública…”.

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