Con una comunidad marginada de las decisiones en la Universidad Michoacana, el Congreso exhorta a definir Comisión Especial
Raúl López Téllez
El Congreso del Estado exhortó a Yarabí Ávila González, rectora de la “Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo” -su denominación formal tras la reforma a la Ley Orgánica en el 2025-, para que en un término de 15 días naturales acredite el cumplimiento al marco normativo relativo al proceso de relevo en Rectoría, así como emite observaciones respecto al manejo financiero en la institución.
En el llamado que propuso el presidente del Congreso, el petista Baltazar Gaona García, se exhorta a la representante de la Universidad y cuyo periodo culmina el próximo 8 de enero, que acredite “el cumplimiento de lo mandatado en los artículos Cuarto, Quinto y Sexto Transitorios, del Decreto número 163, publicado en el Diario Oficial el día 8 de Marzo (sic) del 2025, por parte de las diversas instancias y autoridades de la Universidad que sean competentes para ello, poniendo especial énfasis en lo relativo a la conformación de la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector y los Reglamentos correspondientes al proceso de elección”.
En el escrito que planteó el legislador, se indica que el pronunciamiento fue solicitado por el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), gremio que mantiene una pugna abierta con la rectora Yarabí Ávila González por el incumplimiento a cláusulas contractuales.
La rectora, ex diputada priísta y cuya figura se manejó como un posible prospecto a la gubernatura del 2027 por parte de Morena, mantiene por igual una distancia con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla -quien la impuso en el cargo a través de la Comisión de Rectoría, una “comisión de notables” entre ex rectores, docentes decanos y consejeros estudiantiles, de acuerdo a la Ley Orgánica derogada-, a un grado tal que invitó a Raúl Morón Orozco, senador y presidente de la Comisión de Educación, claro contrincante de las cartas de Ramírez Bedolla para sucederlo, a eventos en la Universidad Michoacana y con universidades privadas de la Red Juntos por Michoacán.
Comunidad universitaria, hecha a un lado
A juicio de académicos, tanto la anterior Ley Orgánica como la impuesta por el Congreso del Estado con la mayoría morenista y sus aliados desde marzo del año pasado, ignora a la comunidad universitaria al no consultarla ni abrir el proceso para que se conozcan las candidaturas y las propuestas de quienes pretendan encabezar la Rectoría.
El 20 de enero de este año, Ávila González declaró que “ya se encuentra trabajado el reglamento que normará la elección, mismo que deberá discutirse y aprobarse en el Consejo Universitario. El documento incorpora mecanismos para sancionar la intervención de actores externos y establece atribuciones claras para la comisión de elección de rector o rectora, con el objetivo de resguardar la legalidad y la autonomía universitaria.”
La Comisión de Rectoría que planteaba la Ley Orgánica anterior, será sustituida por una Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector, ahora conformada por los tres últimos ex rectores, una profesora, un profesor, una directora, un director y una alumna y un alumno, quienes decidirán el nombramiento en base a una terna de cuatro aspirantes -dos mujeres y dos hombres-, “como si la equidad de género pudiera reducirse a un mero formalismo numérico”, criticó en su momento la seccional del Sindicato de Profesores en la Facultad de Filosofía.
De la terna, será solamente el Consejo Universitario el que “analice” trayectoria y presuntos proyectos que presenten los aspirantes, quienes decidirán a nombre de la comunidad.
El exhorto alude en cuanto a la sucesión en Rectoría, que “artículo Cuarto Transitorio del decreto dice así: ´La Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tendrá un plazo no mayor de ciento noventa días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas conducentes a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el presente Decreto´”.
Refiere también al artículo Quinto Transitorio del decreto: “La Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector de la que se hace mención en la presente Ley, se conformará hasta que su reglamento haya sido aprobado por el Consejo Universitario, de conformidad con el plazo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio de la presente Ley.
“Se otorgo un plazo de 190 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas conducentes. Tras un conteo riguroso de los días hábiles y feriados, ese plazo venció el pasado 4 de diciembre de 2025”.
Finanzas en duda
Otro ángulo del exhorto emitido este 25 de marzo del 2026, es el relativo al manejo presuntamente irregular de las finanzas universitarias por parte de su administración, no obstante, hace notar el pronunciamiento de la Presidencia del Congreso, que de acuerdo con la nueva Ley Orgánica se le dotará presupuestalmente de “por lo menos el 4.5 % del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en la lógica, que no podrá ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.”
Según el exhorto, “a pesar de que ya cuenta con un presupuesto pleno, se siguen cobrando las famosas cuotas de ingreso o para examen, cuotas que se tienen que pagar de manera obligatoria”.
Observa también “la falta de transparencia por parte de los administrativos de la Universidad, porque no reportan los ingresos propios en la Cuenta Pública, además de la dudosa justificación en gastos de representación, de publicidad, de diseño de imagen, o gastos en cuestionadas obras como el lago artificial, la compra de juegos infantiles, butacas para el estadio de futbol, entre otros”.
Según el Legislativo, “tuvimos conocimiento de que, al momento de aprobar esta reforma del presupuesto pleno, de inmediato iniciaron con el despilfarro, con comilonas supuestamente para festejar, acciones que de nada le sirven al pueblo de Michoacán y mucho menos a los trabajadores de la Universidad, toda vez que se les han retenido el pago de sus prestaciones, las cuales por derecho les corresponden”.
Cabe señalar que en febrero del 2025 la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se ubicó dentro de las tres instituciones públicas de educación superior con baja calificación en transparencia sobre el uso de los recursos públicos que recibe, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
De acuerdo con el organismo dependiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Cuenta Pública 2023 se detectaron afectaciones al erario público de parte de 35 Universidades Públicas Estatales (Upes), por 509.5 millones de pesos. “Las instituciones educativas no cumplieron en su totalidad con la publicación de información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos”.
De acuerdo con el análisis, estas instituciones tienen significativas deficiencias en materia de transparencia, pues sus reportes son publicados con retraso y la información que envían a la Secretaría de Hacienda carece de calidad y congruencia.
“Adicionalmente, la ASF evaluó su control interno y determinó que tres de ellas, la Autónoma de Nayarit, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tienen baja calificación en la materia”, señala respecto al tema la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Imagen de portada: Mientras el Congreso la exhortaba sobre plazos normativos incumplidos, Yarabí Ávila asistía a la condecoración de la madre de la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa | Fotografía: Prensa Universidad Michoacana
