La omisión en el caso del periodista de Apatzingán refleja la indolencia del Estado Mexicano frente a la violencia homicida contra comunicadores en el país
Patricia Monreal
A los 27 años de edad, Hugo Alfredo Olivera Cartas fue asesinado. La noche del cinco de julio de 2010, como todo reportero que se respete de serlo, salió de la redacción para acudir a dar cobertura a un presunto suicidio que una fuente le notificó en una llamada telefónica al filo de las 21:18 horas. La geolocalización o el registro del origen de esa llamada a su celular nunca fue clarificada por las autoridades.
El seis de julio, el editor del periódico El Día de Michoacán, y propietario de la agencia de noticias ADN pasó de reportar noticias a ser una de ellas. A las tres de la mañana en una brecha que comunica Apatzingán con Buenavista, dentro de su camioneta gris, tipo pick up, yacía su cuerpo con tres impactos de bala calibre .32 detonados detrás de su oído izquierdo, sus muñecas registraban marcas de haber sido esposado antes de ser ejecutado.
El crimen no terminó con el asesinato de Hugo, un día después de ser localizado sin vida, su casa y las oficinas de El Día de Michoacán y ADN fueron allanadas. La intención fue sustraer información, los perpetradores sólo se llevaron discos duros, memorias y unidades centrales de procesamiento (CPU), ninguna otra cosa de valor.
Sus familiares aseguraron que Hugo no había recibido amenazas, no obstante, cinco meses antes de su asesinato, el 18 de febrero de 2010, al acudir a cubrir un tiroteo en Chiquihuitillo, elementos de la Policía Federal Preventiva lo encañonaron, golpearon y amenazaron. El hecho fue documentado por el periodista en El Día de Michoacán conforme lo consigna el expediente elaborado por la Alianza de MediosMX sobre su caso:
“Al momento del reporte me encontraba en las instalaciones del 51 Batallón de Infantería e inmediatamente salí tras los soldados, que también acudían al lugar del enfrentamiento en apoyo de la fuerza federal. Al llegar a la desviación que conduce a la comunidad de Chiquihuitillo, sobre la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, el mando militar me pidió que esperara el segundo convoy para ellos cerciorarse antes que había seguridad en el área y que podíamos entrar al lugar de los hechos para realizar nuestra labor informativa.
“Minutos después pasó un convoy de la Policía Federal, las últimas dos camionetas de dicho convoy se detuvieron, siendo una de ellas la número 10858, se regresaron hasta donde me encontraba estacionado, luego los elementos cortaron cartucho, me apuntaron y ordenaron que me hincara, que pusiera mis manos en mi nuca, no omito señalar que traía puesta una playera del periódico para el cual trabajo, misma que en la parte de la espalda trae la leyenda de Prensa, al igual que el vehículo en que me transportaba. Después de que me tuvieron con las manos en la nuca e hincado, llegó un policía federal y me pateó la espalda hasta que me tiró al suelo y ahí me empezaron a golpear entre dos policías, luego llegaron elementos del Ejército Mexicano y como me conocen les pidieron que me dejaran, para después rescatarme de los policías federales que me golpeaban y finalmente me pusieron a salvo”.
Frente a la queja interpuesta por Hugo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por los hechos, el organismo se declaró incompetente y el expediente terminó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por tratarse de fuerzas federales las involucradas. Tras su muerte, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras denunciaron que esta agresión institucional fue ignorada y no se contempló como línea de investigación tras su asesinato.
La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado abrió la averiguación previa penal número 029/2010- AEH APATZINGÁN por homicidio calificado, la que actualmente se encuentra archivada, conforme lo consigna un informe presentado en 2022 por la Fiscalía General del Estado al Colectivo #NiUnoMás Michoacán.
En dicho informe se consigna la recepción de una denuncia anónima en donde se señaló como presunto responsable del asesinato del periodista a Otilio Gómez Béjar, trabajador de una gasolinera, quien solicitó su finiquito y se fue de la ciudad sin decir motivos o razones a sus familiares. El ministerio público jamás dio con su paradero.
A 16 años de distancia, el asesinato del periodista Hugo Alfredo Olivera Cartas, permanece impune.