En Michoacán inicia el proceso electoral bajo la sombra del crimen, la inseguridad, la guerra sucia y el uso político del erario
Patricia Monreal
A la urna
En un contexto marcado por la inseguridad, la intervención de la delincuencia organizada, la polarización, la guerra sucia y el dispendio de recursos públicos con fines proselitistas, este viernes arranca el proceso electoral local en Michoacán para la renovación de la gubernatura del estado, la Legislatura local y 112 ayuntamientos.
En sesión especial, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) declarará formalmente el inicio del proceso local, que desembocará, junto con la contienda federal, en la jornada electoral del seis de junio.
Para el IEM, el reto es mayúsculo tras la renovación de la mayoría de las consejerías electorales que lo integran, esto luego de la polémica decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de destituir, en junio pasado, al presidente del organismo local y a tres consejerías, mientras que una más renunció previo a su remoción.
La nueva presidencia del IEM quedó pendiente de definir debido a que el perfil propuesto no logró la votación requerida en el INE. Por ello, el Consejo General del Instituto local operará con seis integrantes, incluida la presidenta provisional, lo que puede generar escenarios de empate en las votaciones de los temas a resolver.
Los partidos políticos, a través de sus representantes ante el IEM, han manifestado a los nuevos consejeros su voto de confianza. El primero de septiembre, cuando rindieron protesta al cargo, el único requerimiento que se les hizo por parte de los partidos fue socializar la información y no arribar con decisiones “planchadas” a las sesiones del Consejo General.
Entre los retos inmediatos del IEM está cristalizar la ampliación presupuestal por 50 millones 927.7 mil pesos para las actividades del proceso electoral a realizar durante este 2026, sobre la cual el secretario de Finanzas del estado, Luis Navarro, ya ha argumentado insuficiencia presupuestal.
Las que arrancan son elecciones concurrentes, ya que se empatan la contienda local con las federales. En México habrá comicios para gobernador en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
El seis de junio, poco más de 101 millones de electores podrán acudir a las urnas para elegir 300 diputaciones federales de mayoría y 200 de representación proporcional. En México estarán en disputa, además, 19 mil 609 cargos locales: 17 gubernaturas; mil 98 diputaciones locales; para ayuntamientos serán 18 mil 57 cargos (mil 802 alcaldes, mil 890 síndicos y 14 mil 365 regidores); y también en cargos auxiliares son 473 representantes a elegir.
En las elecciones locales participarán nueve partidos políticos: uno local, el PRD Michoacán; los otros son Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PT y PVEM, además del PAZ y Somos México, estos dos últimos con registro reciente ante el INE.
Además, es previsible una presencia importante de ciudadanos para participar como candidatos independientes, entre ellos los aglutinados dentro del Movimiento del Sombrero, esto pese a las restricciones impuestas a esta figura por el Congreso del Estado en la reforma electoral aprobada en mayo pasado, con una clara dedicatoria a la llamada sombreriza.
El contexto para el desarrollo de la elección no es menor en Michoacán, tomando en cuenta que, en los hechos, la contienda dio inicio en la primera mitad del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, cuando la disputa en Morena por la sucesión del 2027 inició previo a las elecciones de 2024, con una guerra intestina entre los perfiles que desde entonces han buscado posicionarse por la candidatura de ese partido para contender por la titularidad del Ejecutivo estatal y aquellos que proliferaron en los dos últimos años.
La presencia que el Movimiento del Sombrero ha consolidado tras el asesinato de su líder, el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, en noviembre último, ha posicionado a su sucesora, Grecia Quiroz García, como un perfil relevante para la contienda a la gubernatura.
Entre las disputas internas de Morena y la irrupción en el escenario local del Movimiento del Sombrero, la polarización política y la guerra sucia han saturado la discusión pública de cara al proceso que arranca oficialmente este viernes. El asesinato de Manzo ha sido herramienta de golpeteo político que ha prevalecido en la narrativa de la clase política por diez meses.
La prevalencia del lucro sobre la tragedia marca la línea del actuar político de cara al proceso electoral, el cual tiene graves antecedentes de violencia y operación del crimen organizado en contiendas pasadas.
La injerencia de la delincuencia en los procesos electorales de Michoacán quedó expuesta ante el Consejo General del INE el jueves por algunos consejeros y partidos políticos, cuando se realizó la sesión de arranque del proceso electoral federal. Ahí recordaron que, en las elecciones de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció, por primera vez, la injerencia del crimen organizado en una elección de gubernatura, en este caso, por la que resultó electo Alfredo Ramírez Bedolla, la que no se invalidó debido a que se consideró que la afectación no había sido generalizada.
El tema de la presencia delincuencial también salió a relucir el martes ocho de septiembre, en la primera sesión de trabajo de los nuevos consejeros del IEM. Ahí, el representante de Morena, Rigoberto Márquez Verduzco, aseguró que en la contienda de 2024 “hubo saldo blanco”, ello pese a los asesinatos de tres precandidatos y aspirantes y un candidato en dicho proceso. La réplica de otros partidos fue inmediata, al recordar, entre otros hechos, cómo diversos candidatos tuvieron que abandonar la contienda frente a las amenazas que sufrieron.
La organización Data Cívica, en el proyecto “Votar entre balas”, documentó 2024 como el año con más víctimas de la violencia político-criminal en México, con 659 personas e instalaciones atacadas, seguido por 2023, con 567. La mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal; el 78.3% de las personas e instalaciones atacadas fueron de este nivel.
Homicidios, amenazas, secuestros, tortura y agresiones han salpicado los procesos electorales en Michoacán, en donde las medidas asumidas por las autoridades para blindarlos son siempre precarias.
El proceso electoral apenas comienza oficialmente en Michoacán y ya enfrenta algo más que una contienda entre partidos y aspirantes: está en juego la capacidad de las instituciones para garantizar que el poder se dispute en las urnas y no bajo las presiones del crimen, la violencia, el dinero o el miedo.
