Yulissa Pelayo acusa la omisión del Estado mexicano ante el riesgo permanente que enfrentan defensores del territorio y madres buscadoras
Patricia Monreal
La desaparición de un defensor del territorio no termina con su ausencia. En las comunidades donde la violencia se impone, también deja miedo, incertidumbre y un tejido social fracturado, reconoce Yulissa Pelayo, hija del profesor y ambientalista José Gabriel Pelayo Zalgado, fundador del Consejo Popular de Chinicuila y defensor del territorio en la comunidad de Coahuayula.
La desaparición de José Gabriel, ocurrida el 19 de marzo de 2024, transformó no solo la vida de su familia, sino también la de quienes compartían con él la defensa de su territorio.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó en 2025, 135 eventos de agresión contra personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, de ese total una decena corresponden a asesinatos.
En el caso de Michoacán en 2026 fueron asesinados los defensores del ambiente Roberto Chávez, de la comunidad Zangarro, municipio de Madero, y Lázaro Mendoza de Paramúen, municipio de Salvador Escalante, en tanto que José Luis Silva Andrade, defensor del territorio en la comunidad de Agua Fría, municipio de Hidalgo, fue desaparecido.
Yulissa Pelayo no duda en señalar que las personas buscadoras, los defensores de derechos humanos y los activistas ambientales enfrentan actualmente una situación cada vez más compleja en materia de seguridad, mientras las autoridades no han construido mecanismos suficientes para protegerlos.
“Seamos realistas: las autoridades no están haciendo nada por nosotros, por ayudarnos, por protegernos”, señala, y destaca como inexplicable que en Michoacán todavía no exista un mecanismo o protocolo específico de protección para personas defensoras y madres buscadoras.
El riesgo, explica, no se limita a los días en que salen a buscar a sus familiares o acuden a reuniones., sino que es permanente, ya que las personas defensoras y que participan en estos colectivos están plenamente identificadas, se sabe quiénes son, dónde se encuentran y qué actividades realizan.
“Todos los días tenemos riesgos”, advierte, pues la exposición los convierte en personas vulnerables incluso cuando no están realizando labores de búsqueda o activismo.
Yulissa cuestiona que, frente al crecimiento de la cifra de personas desaparecidas, las autoridades respondan con campañas que, desde su perspectiva, no atienden el problema de fondo. También reprocha que en las reuniones con los colectivos las autoridades no den seguimiento adecuado a las pistas y estrategias aportadas por las propias familias.
“Tenemos muchos casos de situaciones de autoridades con los colectivos que parecen que son una burla. A pesar de que hemos aportado puntos, hemos buscado estrategias, lo único que hacen es hacernos pasar corajes en cada una de las reuniones que tenemos.
“Hay compañeras que ya tienen más años buscando y han dado muchas pistas para poder encontrar a sus familiares, y las autoridades las pierden. Hacen que otra vez tengamos que volver a empezar desde cero, cuando ya se tenía una línea de investigación”, lamenta.
En el caso de su padre, refiere que las dificultades comenzaron desde la Fiscalía Regional de Coalcomán, instancia donde inicialmente se llevó la investigación, abundaron las omisiones en el proceso de búsqueda.
“Sabemos que la región de la Sierra Costa es muy compleja, pero en la Fiscalía Regional de Coalcomán, pues la realidad es que no hace más que calentar la silla”, cuestiona la también activista quien, señala que pese al cambio de fiscal regional que ahí se dio, en los hechos no se observó ningún cambio en la manera de hacer las cosas, “ni siquiera tuvieron la decencia de avisar que había habido un cambio de fiscal”.
Actualmente, la carpeta de investigación de su padre ya no está en manos de la Fiscalía Regional, sino que fue trasladada al ámbito estatal, sin embargo, Yulissa subraya que los resultados siguen sin llegar, “no hemos tenido avances reales”, resume.
José Gabriel fue amenazado en septiembre de 2022 cuando se opuso a la tala clandestina de un predio en Coahuayula, desde esa fecha comenzaron las amenazas, por parte de la delincuencia organizada, en vísperas del 24 de diciembre del 2023 habría sido retenido para darle un ultimátum. Finalmente en marzo de 2024 fue desaparecido y los ataques contra la comunidad se intensificaron.
A más de dos años de la desaparición, Yulissa alerta que las condiciones de seguridad hacen cada vez más difíciles los traslados y las labores de búsqueda. Por ello, reclama la necesidad de establecer un mecanismo estatal que atienda de manera específica los riesgos que enfrentan los familiares buscadores.
El mecanismo nacional, afirma, tampoco ha respondido a las necesidades de las familias. “En vez de integrar, está desintegrando”, sostiene.
La violencia, agrega, no necesariamente proviene de un solo actor. Las familias también han enfrentado situaciones en las que, aun ante hechos de alto riesgo, la respuesta institucional ha sido insuficiente.
“A veces ya ni siquiera es solo por parte del crimen organizado, porque es claro que ahí está presente; a veces incluso también por las instituciones. Hace poco, aquí mismo en Michoacán, unas compañeras fueron emboscadas y ninguna autoridad llegó y eso fue en un lugar no tan lejano a la capital, ¿qué nos espera de aquel lado, donde estamos en la orilla más lejana, si algo sucede?, ¿cómo nos van a auxiliar en una situación de riesgo?”.
La desaparición de un defensor del territorio tiene consecuencias que van más allá de la familia subraya Yulissa, “cuando un activista, representante comunitario o defensor desaparece o es asesinado, se golpea directamente al tejido social que sostiene la defensa del territorio”.
En Coahuayula, la desaparición de su padre provocó miedo entre los habitantes, tanto que las personas comenzaron incluso a limitar sus desplazamientos hacia localidades cercanas para adquirir alimentos, medicamentos y otros productos indispensables.
La pregunta que se repetía entre los habitantes era contundente: “Si eso le pasó al maestro, que no tenía nada malo, que era maestro, ¿qué nos espera a las demás personas?”.
La incertidumbre se convirtió en una forma cotidiana de violencia. Nadie sabe qué ocurrió con José Gabriel Pelayo Zalgado y, precisamente por ello, tampoco existe certeza sobre lo que podría sucederle a cualquier otra persona.
“No sabemos qué pasó y no sabemos qué puede pasar. Entonces, el miedo es constante y sí se rompe el tejido social porque luego, internamente, empiezan a desconfiar unos de otros porque no saben qué pasó. Ese es el objetivo del crimen organizado cuando desaparece a un líder: desarticular, sembrar el miedo, sembrar el pánico y hacer que empiecen las mismas personas a tener problemas internos.
“Afortunadamente no ha sido el caso de nuestra comunidad el tener tantos problemas internos; nos hemos fortalecido un poco, tal vez, pero es una realidad: el miedo sigue ahí, la incertidumbre, el deseo constante de que las cosas terminen y la constante de estar en alerta todo el tiempo, las 24 horas del día porque no sabemos en qué momento va a volver a suceder”.
Para los hijos de una persona desaparecida, la violencia también modifica los proyectos personales. Yulissa habla de un duelo distinto al de cualquier otra pérdida: el duelo por desaparición es ambiguo porque no existe una certeza sobre la persona ausente.
Cada integrante de una familia lo enfrenta de manera diferente. En su caso, ser hija de una persona desaparecida y, al mismo tiempo, convertirse en buscadora ha significado atravesar días buenos, malos y otros especialmente difíciles, “es un constante cambio”, describe.
Pero en medio de ese proceso hay dos elementos que, asegura, mantienen viva su lucha: la esperanza y el amor.
También reconoce en su propia historia una continuidad con la trayectoria de su padre. Como hija de un activista, considera que el activismo puede heredarse, no solo como una actividad, sino como una forma de entender la vida y defender aquello en lo que se cree, por eso continúa nombrando a su padre y buscándolo, pero su búsqueda no se limita a José Gabriel Pelayo. “Yo no solo busco a mi papá, los buscamos a todos”, afirma.
La desaparición le arrebató la certeza sobre el destino de su padre, pero no consiguió apagar la lucha que él representaba, para Yulissa, esa lucha permanece en la comunidad, en las familias que siguen buscando y en quienes se niegan a aceptar el silencio como respuesta. “Creo que el corazón de lucha es algo con lo que sí se nace”, concluye.
