Con el señalamiento de que no necesitan permiso para defenderse, comuneros en la Costa Nahua denuncian acción pasiva de la Marina
Raúl López Téllez
La comunidad nahua de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, denunció otro ataque del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) este 27 de mayo, en un embate que no ha cesado de manera reiterada desde la semana pasada aunque el acoso de la organización criminal data de hace más de dos décadas en la región.
A través de un comunicado en sus redes sociales, la comunidad señala que los ataques se dieron en la mañana y tarde de este 27 de mayo, al igual que condenaron la incursión de elementos de la Marina en playas que son parte de su patrimonio.
Drones explosivos fueron utilizados por el CJNG, indican, con “diversos daños materiales en viviendas y vehículos”, a la vez que señalan que la incursión de la Marina “resulta sorprendente, pues, la función de esta institución debería consistir en proteger a la población civil de nuestra comunidad y no en hostigarla justo en el momento en que sufre la embestida de un cártel que ha cometido cuantiosos asesinatos, desapariciones y daños en la región y el país”.
En su posicionamiento, la comunidad señala que “al menos desde 2020 el CJNG ha tenido presencia en la región Sierra-Costa en el estado de Michoacán y progresivamente ha ocupado poblaciones y cabeceras municipales, obligando a muchas familias a desplazarse ante sus actos de violencia, desapareciendo y asesinando a defensores del territorio. Pero el CJNG también ha hecho tratos con empresas mineras y con grupos que solo desean el despojo de nuestros territorios, con la consecuente destrucción de la Madre Tierra, para su beneficio económico y eso; lo decimos fuerte, no lo vamos a permitir nunca.
“Adicionalmente, quienes tienen la obligación de velar por la seguridad de todas las personas que habitamos en este país, las instituciones de seguridad que operan bajo las órdenes del Estado mexicano, hoy encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no han realizado acciones contundentes para lograr la desarticulación de esta peligrosa organización criminal en la región y en el resto del país. No lo han hecho ni las corporaciones castrenses (Marina Armada de México y Ejército Mexicano), ni las instancias avocadas a la seguridad (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional), ni mucho menos los cuerpos de seguridad estatales.
“El CJNG continúa operando impunemente y prueba de ello son los ataques con explosivos que lanzan usando drones, los cientos de elementos que mandan para balacear las casas de nuestra población, el terror que siembran a cambio de una fuerte ganancia económica. Solo para tomarse la foto y decir que si hacen su trabajo algunos elementos de la SEMAR se hacen presentes en nuestras playas y afuera de nuestra jefatura de Tenencia, los más arriesgados se asoman a la Cofradía unos minutos, pero con toda la capacidad de fuego que tiene el Estado mexicano no hacen lo necesario para acabar de una vez con las organizaciones criminales”.
Los comuneros nahuas cuestionan: “¿acaso no somos ciudadanos de este país y no merecemos la atención que está obligado el gobierno a darnos? ¿Estas instituciones actúan en complicidad con el crimen organizado? ¿Es el gobierno de México un gobierno criminal que se beneficia de la violencia y la ilegalidad, del desojo y de la explotación de nuestros pueblos? ¿A quién tenemos que recurrir para que se detenga la violencia?”.
En su postura, plantean su derecho a la autodefensa, como lo han venido haciendo en los últimos años. “Nosotros estamos organizados como comunidad con nuestras propias instituciones de seguridad, como la Guardia Comunal, lo hacemos porque solo así hemos logrado sobrevivir. Para ello nos asiste el derecho, de acuerdo a disposiciones nacionales e internacionales; tenemos la legitimidad para hacerlo derivado de nuestra condición jurídica de ser pueblos indígenas. No estamos pidiendo permiso para defendernos, estamos señalando que la función de la seguridad es fundamentalmente una obligación del gobierno federal, como lo es también respetar los acuerdos a los que llega en las mesas de negociación, en las mesas de trabajo donde llenan su boca con palabras bonitas y promesas huecas, haciendo una pobre representación de su papel.”
Demandan a las autoridades que cumplan con sus demandas, como la instalación de una base permanente “en la localidad de Los Parejos, municipio de Chinicuila, tal como se ha solicitado puntualmente a los gobiernos del estado y federal por parte de nuestra comunidad desde hace más de dos años”.
Demandan también, “el desmantelamiento del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cártel funcionarios y mandos policiales corruptos; la presentación con vida de nuestros comuneros desaparecidos; así como el castigo a los autores intelectuales y materiales de los 42 asesinatos de comuneros pertenecientes a la comunidad de Santa María Ostula; el respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamiento de nuestra guardia comunal y para el ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía; alto total a la guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios de México”.
Portada: Comuneros resisten ataque de grupo criminal | Fotografía: El Núcleo