La paz prometida por Claudia Sheinbaum no llega: el crimen bloquea carreteras, extorsiona al campo y desafía al Estado pese a la militarizacón de la entidad
Patricia Monreal
A dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se presumen avances en Michoacán, mientras la población cuenta muertos, desaparecidos y desplazados. Son 23 meses de estrategias federales, miles de elementos desplegados y nuevas operaciones que no han impedido que la delincuencia organizada conserve capacidad para controlar y paralizar regiones enteras en el estado.
El gobierno de la República, presidido por primera vez por una mujer, no evidencia la transformación anunciada para los que habitan Michoacán, quienes sufren en piel y territorio la disputa de las organizaciones criminales, las desapariciones, el desplazamiento forzado, los delitos y la impericia de una administración estatal que, en varios momentos, se observa como lastre para la federal.
Claudia Sheinbaum ha evitado visitar municipios como Uruapan y Apatzingán durante su mandato. En su más reciente gira, aseguró que no tiene miedo de acudir a esos lugares; incluso dijo que los visitará más adelante, aunque no aclaró cuándo.
En la Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días de su gobierno, Sheinbaum incluyó entre sus cinco acciones prioritarias la atención a la extorsión en el ciclo productivo del limón, particularmente en Nueva Italia, Antúnez, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. Ahí se identificaron once objetivos prioritarios que lideraban a los grupos delincuenciales de la región, pero sólo dos han sido detenidos: César Alejandro Sepúlveda Arellano, “El Botox”, y Jorge Luis Nolasco Guillén, “La Galleta”.
En julio de 2025, la presidenta puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que arrancó el día 11 en el Tianguis Limonero de Apatzingán. Tres meses después, el 19 de octubre, el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, fue asesinado.
Para noviembre, luego del asesinato de Bravo y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la mandataria anunció una nueva estrategia: el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que formalizó la militarización del estado con el despliegue de 13 mil 967 elementos.
Pese a ello, la inseguridad ha prevalecido, tanto que, a principios de agosto, Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades de sus inspectores del Departamento de Agricultura (USDA), tras emitir una alerta por una “amenaza contra intereses estadounidenses”. La decisión frenó la certificación de nuevos embarques de aguacate y, en los hechos, interrumpió las exportaciones.
La creciente desconfianza hacia el gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla hizo que aguacateros dieran aviso directo a las autoridades estadounidenses de las extorsiones de las que son objeto, lo que derivó en la decisión del vecino país del norte. El gobierno de Sheinbaum intervino para resolver el asunto, tratando de manera directa con los empresarios del sector en reuniones en las que se excluyó a las autoridades estatales, señaladas por los afectados como parte del problema.
Asimismo, la violencia ha tocado, en 23 meses de gobierno federal, a figuras públicas michoacanas, en un contexto marcado por la disputa de organizaciones criminales por el control territorial y económico, en donde las autoridades han mostrado falta de capacidad y omisión para actuar frente a las señales de alerta. Sectores como el del limón, aguacate y mezcal han sido blanco de extorsiones, mientras continúa la suma de homicidios de autoridades municipales y defensores del territorio.
Los asesinatos y desapariciones exhiben la vulnerabilidad de quienes denuncian y evidencian los elevados niveles de impunidad.
Durante la actual administración federal han sido asesinados en México 13 alcaldes en funciones o electos, en donde Michoacán participa de manera relevante en la segunda posición, con tres casos. En el primer sitio está Oaxaca, con cinco; posteriormente se encuentra Guerrero, con dos; y con un caso respectivamente, San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos.
“Narcoviolencia”
Caminos, carreteras, poblados y la gente en Michoacán se han vuelto rehenes de la respuesta de la delincuencia organizada frente a los operativos instrumentados por la federación, estos últimos no siempre con los resultados esperados, como el registrado el pasado 19 de agosto, cuando se pretendió capturar a Heraclio Guerrero Martínez, alias el “Tío Lako”, del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin éxito, logrando sólo la detención de su esposa e hija.
Los llamados “narcobloqueos” dejaron de ser una reacción excepcional para convertirse en una herramienta de presión y control territorial de la delincuencia: entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se registraron en el estado al menos 17 jornadas violentas de relevancia, con picos de hasta 25 bloqueos en un solo día, atribuidos al CJNG. La ofensiva criminal ha golpeado principalmente Tierra Caliente y el Centro-Occidente del estado, y ha dejado 63 elementos de seguridad asesinados en ese periodo, documentados por la prensa.
De las jornadas de mayor violencia destacan, por su intensidad, la ocurrida el 23 de abril de 2025, que abarcó al menos 13 bloqueos; la del 17 de noviembre de 2025, con al menos 17 bloqueos; y la del 19 de agosto de 2026, con 25 bloqueos registrados por la prensa, todas ellas protagonizadas por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De las jornadas de mayor violencia destacan por su intensidad, la ocurrida el 23 de abril de 2025 que abarcó al menos 13 bloqueos; la del 17 de noviembre de 2025, con al menos 17 bloqueos; y la del 19 de agosto de 2026 con 25 bloqueos reportadas por los medios de comunicación, todas ellas protagonizadas por integrantes o fracciones del CJNG.
A las anteriores se suma la jornada de mayor impacto, que también abarcó otras entidades federativas por el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG, el pasado 22 de febrero. En el caso de Michoacán, la violencia registrada con ataques y bloqueos se extendió en 32 municipios.
Los puntos de mayor conflicto por los llamados narcobloqueos se han registrado en los corredores de Tierra Caliente y del Centro-Occidente del estado y, de manera particular, destacan los municipios de Apatzingán, Buenavista, Zamora, Pátzcuaro, La Piedad y Uruapan.
Las muertes de elementos de seguridad documentadas por la prensa del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 suman un total de 63 asesinados por la delincuencia organizada. El mayor número proviene de las policías municipales, con 19 en total; le siguen los guardias comunales, con 16 casos; de militares son 15 efectivos ultimados; guardias civiles, nueve; hay tres mandos de policía municipal y un guardia nacional.
En tanto, el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA) reporta que de enero a agosto de este año se registraron 14 víctimas mortales y 23 lesionadas en el occidente de Michoacán por minas terrestres y drones con explosivos, esto es, una víctima cada 99 horas.
Consigna además, que durante julio pasado ocurrieron al menos tres eventos con bombas incendiarias utilizadas contra sitios de taxis en Apatzingán, sin arrojar víctimas.
El seis de diciembre de 2025, un mes después de echado a andar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en Coahuayana, a menos de cien metros de Palacio Municipal, se registró un ataque con un coche bomba que cobró la vida de cinco personas.
Víctimas
En Michoacán, las propias cifras oficiales dibujan la dimensión de la violencia que se enfrenta: miles de víctimas se acumulan en los registros, mientras homicidios, desapariciones y ataques revelan una crisis que no puede explicarse por la disminución de indicadores que la federación publicita como logros de su estrategia. Detrás de cada dato persisten familias afectadas, personas no localizadas y poblaciones obligadas a abandonar sus hogares.
Tan sólo en los primeros siete meses de 2026, en Michoacán sumaron 34 mil 589 víctimas de delito, lo que representa un promedio diario de al menos 163 víctimas en el estado, de las que 14 mil 808 corresponden a hombres, 14 mil 460 a mujeres y cinco mil 321 aparecen como no identificados en la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante el sexenio en el que “llegamos todas”, según el dicho de la propia Sheinbaum al arribar al poder, 275 mujeres han sido asesinadas y, de éstas, sólo 36 casos han sido consignados como feminicidios por las autoridades. Del total de mujeres ultimadas del 1 de octubre de 2024 a julio de 2026, 15 han sido niñas y adolescentes de 0 a 17 años; nueve de estos casos están catalogados como feminicidios.
En estos dos años de gobierno, diariamente en Michoacán, 3.9 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de delito; en total, dos mil 641. Las mujeres representan el 56.3 por ciento de ese total, los hombres el 43.47 por ciento y el rubro catalogado como no identificado, el 0.23 por ciento.
En el caso de los homicidios dolosos, las autoridades presumen una disminución de casos; no obstante, la cifra de personas asesinadas en el estado es significativa, en promedio tres al día entre octubre de 2024 y julio de 2026, con un total de dos mil 52 casos.
Por lo que toca a las desapariciones, dos mil 825 personas han desaparecido en Michoacán, de las que el 58.76 por ciento permanece sin ser localizado, esto es, mil 660 personas. De las mil 165 localizadas, 106 han sido sin vida.
Otras víctimas de las que no se lleva un registro y ante las cuales las autoridades se han visto rebasadas son las de desplazamiento forzado. La militarización no ha contrarrestado la operación de los cárteles delincuenciales en lugares como Apatzingán, Coahuayana, Coalcomán o Aguililla, en donde las personas se ven obligadas a huir de sus poblados y abandonar sus casas debido a los ataques.
Los visibilizados
Durante la administración de Sheinbaum, los asesinatos y desapariciones de diversas figuras han generado mayor impacto en la opinión pública, y sólo en aquellos en donde el costo político resulta alto para la federación -como el del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo-, es en los que se han generado resultados en las investigaciones, pero la mayoría permanecen impunes.
No había transcurrido un mes del arribo de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República cuando ocurrió el primer homicidio de un periodista durante su administración. Ocurrió en Michoacán y se trató de Mauricio Cruz Solís, asesinado a tiros el 29 de octubre de 2024 en el centro de Uruapan, minutos después de entrevistar a Carlos Manzo.
Un mes después, el 30 de noviembre, Rogelio Escobedo Peñalosa, empresario limonero, fue asesinado a balazos por un grupo armado sobre la carretera estatal Cuatro Caminos-Apatzingán, esto horas antes de una reunión de productores para discutir la mejora del precio del cítrico, y ya con la Estrategia de los Primeros 100 Días de Gobierno de Sheinbaum, que incluía el ciclo productivo del limón, operando.
Pasó poco más de una semana, y el 9 de diciembre, es asesinado en Morelia, César Trejo Robles, empresario e hijo del propietario del medio de comunicación Primera Plana. Al salir de su negocio fue atacado a tiros pos sujetos armados que lo interceptaron.
Para mayo de 2025, Daniel Rodríguez Montoya, empresario mezcalero, fue asesinado a balazos durante la madrugada del día siete en la comunidad de Río de Parras, municipio de Queréndaro.
Al siguiente mes, dos alcaldes fueron asesinados en Michoacán, uno Salvador Bastida García de Tacámbaro el cinco de junio, la otra Martha Laura Mendoza Mendoza de Tepalcatepec el día 12, ambos ultimados a tiros cuando arribaron a su casa.
Uno de los asesinatos que más cimbró a la opinión pública michoacana es el del líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, ocurrido el 19 de octubre de 2025 luego de convertirse en una de las principales voces de denuncia por extorsiones a limoneros.
No habían pasado dos semanas tras el asesinato de Bravo cuando se suscitó el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez en la plaza principal de Uruapan, en un evento público. Ambos casos orillarían al Gobierno Federal a una intervención inmediata en Michoacán.
En abril de 2026, Roberto Chávez Bedolla, defensor de los bosques, el agua y el territorio en el municipio de Madero, fue asesinado a tiros el día 12, luego de salir a cenar con su familia, en tanto que, para el 15 de julio se registró la desaparición de José Luis Silva Andrade, defensor del territorio en la comunidad de Agua Fría, municipio de Hidalgo.