Argentina logró frenar un nuevo intento por eliminar los límites a la compra extranjera de sus tierras.
Leonor Solís
Ecodepresión
Hay derechos que tardaron décadas en convertirse en leyes y decisiones políticas capaces de intentar desarmarlos en unos meses.
Protecciones ambientales, límites a la explotación de determinados territorios, derechos de comunidades, restricciones a la concentración de la tierra. Normas nacidas después de conflictos que alguna generación tuvo que vivir para comprender por qué eran necesarias.
El problema comienza cuando olvidamos por qué esas protecciones llegaron a existir. Lo que alguna vez fue una conquista social o ambiental empieza a describirse como “una traba” para la inversión, un exceso regulatorio o una limitación injustificada de la propiedad. No es solamente un cambio de palabras. Si una ley deja de entenderse como protección y comienza a percibirse como obstáculo, resulta mucho más fácil justificar su desaparición.
Eso estuvo a punto de ocurrir nuevamente en Argentina.
La Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011, considera el suelo un recurso natural escaso, no renovable y estratégico. No impide que los extranjeros compren tierras: establece límites. Entre ellos, que no posean más del 15 por ciento de la superficie rural a escala nacional, provincial y subprovincial, además de restricciones sobre grandes extensiones y terrenos con cuerpos de agua relevantes.
Javier Milei intentó derogarla mediante el DNU 70/2023. La Justicia frenó aquella derogación. Este año su gobierno volvió a intentarlo mediante la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: primero propuso eliminar los límites a la extranjerización y, cuando los votos no alcanzaron, elevar el tope del 15 al 25 por ciento. Finalmente tuvo que retirar el capítulo.
Podría parecer una discusión exclusivamente argentina. No lo es del todo.
En América Latina, la tierra soporta una presión creciente de proyectos inmobiliarios, turísticos, extractivos y tecnológicos respaldados por capitales cuya capacidad económica puede ser incomparablemente mayor que la de quienes habitan esos territorios. Cambian los países, las leyes y los conflictos; no son fenómenos equivalentes. Pero comparten una pregunta difícil de ignorar: ¿qué capacidad real conserva una población para decidir el futuro del lugar donde vive cuando el territorio se convierte en objeto de disputa para intereses mucho más poderosos?
La periodista ambiental argentina Laura Rocha, presidenta de Periodistas por el Planeta, lleva años documentando desde Argentina ese punto de encuentro entre crisis ambiental, decisiones políticas y derechos. Su trabajo ha ayudado a hacer visibles discusiones que con demasiada facilidad pueden quedar encerradas entre porcentajes, artículos legales y argumentos sobre inversión: detrás de ellas están el acceso al agua, la permanencia de las comunidades, los recursos naturales y, finalmente, la capacidad de una sociedad para decidir sobre su propio territorio.
Quizá por eso una ley sobre porcentajes de propiedad rural consiguió sacar a tanta gente a la calle.
Durante semanas se tejió una movilización poco habitual. Sindicatos, organizaciones sociales y territoriales, científicos, agrupaciones y ciudadanos autoconvocados fueron sumándose a una defensa que consiguió sacar la discusión del terreno estrictamente legislativo. El 6 de agosto confluyeron frente al Congreso bajo una frase elemental: “La patria no se vende”.
Llovía. Hacía frío. La gente permaneció.
Después llegaron las cargas policiales. Hubo heridos y diez detenidos. Mientras afuera se intentaba dispersar la protesta, adentro del Congreso ocurría algo menos espectacular pero decisivo: el proyecto avanzaría, sí, pero sin el capítulo que abría la extranjerización de las tierras. La resistencia también había ocurrido dentro.
Hay algo profundamente contemporáneo en esa escena.
Vivimos un tiempo en que proteger puede presentarse como una forma de impedir. Una regulación ambiental puede convertirse discursivamente en burocracia; un límite territorial, en obstáculo; una obligación del Estado, en exceso. Pero las leyes que protegen territorios y bienes comunes rara vez aparecieron por capricho. Detrás suele haber una historia que explica por qué alguien consideró necesario establecer un límite.
La tierra añade además una dificultad: algunas decisiones son extraordinariamente difíciles de revertir. Una comunidad desplazada no necesariamente regresa. Un acceso al agua o a una playa perdido puede no recuperarse. La concentración territorial transforma relaciones sociales, paisajes y posibilidades futuras mucho después de realizada una compraventa.
Por eso, resulta imposible mirar aquellas imágenes bajo la lluvia solamente como una disputa legislativa. Había algo más elemental en juego: personas defendiendo la posibilidad de que quienes vengan después conserven capacidad de decidir sobre el territorio que recibirán.
Hay derechos que tardan décadas en conquistarse y apenas unos meses en desaparecer. Pero esta historia también deja otra certeza: las leyes no se defienden solas. Hubo periodistas que explicaron lo que estaba ocurriendo, organizaciones que se articularon, legisladores que se opusieron y personas que, bajo la lluvia, decidieron ocupar la calle.
Quizá ahí reside una de las formas más concretas de defender un territorio: comprender que todavía tenemos capacidad política para intervenir en las decisiones que determinarán quién podrá habitarlo, cuidarlo y decidir sobre él en el futuro.
La Ley de Tierras sobrevivió esta vez porque hubo una sociedad dispuesta a defenderla. En una América Latina donde la presión sobre la tierra y los recursos naturales no deja de crecer, lo ocurrido en Argentina recuerda que esos territorios también se defienden ejerciendo la capacidad colectiva de decidir sobre ellos.
Ilustración portada: Reco
