Comunidades nos recuerdan una capacidad esencial: que organizadas pueden modificar aquello que parecía inevitable
Leonor Solís
Ecodepresión
Hace unas semanas, en Morelia unos árboles dejaron de ser parte del paisaje para convertirse en asunto público. Las obras del Morebús contemplaban intervenir el arbolado de Tres Puentes y los vecinos comenzaron a reunirse, protestar y buscar recursos legales. La movilización creció, otras personas y organizaciones se sumaron y finalmente consiguieron una suspensión judicial provisional contra la tala.
Lo ocurrido puede parecer pequeño frente a la dimensión de la crisis ambiental. No lo es.
Vivimos un tiempo atravesado por una extraña sensación de impotencia. Muchas decisiones que transforman nuestra vida parecen ocurrir demasiado lejos: gobiernos, corporaciones, inversiones millonarias, infraestructuras necesarias para sostener economías y tecnologías cuya velocidad apenas alcanzamos a comprender. Cuando llegan hasta nosotros suelen presentarse como hechos consumados. La carretera pasará por aquí. El desarrollo turístico ocupará esta costa. La mina comenzará a operar. El centro de datos necesita esta electricidad. Estos árboles serán retirados.
Se hará.
Pero algo está ocurriendo, casi simultáneamente, en territorios muy distintos.
En Michoacán, comunidades indígenas cuestionan los impactos de la geotermoeléctrica de Los Azufres. En Mahahual, Quintana Roo, la evaluación de Perfect Day Mexico, el enorme proyecto turístico de Royal Caribbean, recibió más de 14 mil comentarios ciudadanos y abrió una discusión sobre manglares, arrecifes, agua y residuos. En Nayarit, años de denuncias alrededor de playa Las Cocinas terminaron este verano con la revocación de una concesión federal.
Fuera de México ocurre algo semejante. En agosto, organizaciones argentinas se movilizaron en defensa de la legislación sobre tierras rurales; el gobierno retiró del proyecto legislativo el controvertido capítulo sobre extranjerización antes de su discusión en el Senado. Semanas después, organizaciones ambientales marcharon en distintas ciudades de Chile contra lo que consideran retrocesos en las protecciones ambientales.
En Albania, miles de personas llevan meses enfrentándose a un desarrollo turístico de lujo asociado a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, sobre una costa ambientalmente sensible. En Estados Unidos, un fenómeno inicialmente disperso adquirió otra escala: en julio se realizaron 142 protestas en 42 estados contra la expansión de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. Decenas de proyectos han sido cancelados, retirados o retrasados tras encontrar oposición comunitaria.
No forman parte de un mismo movimiento. Probablemente muchas de estas personas ni siquiera sepan unas de otras. Defienden árboles, playas, tierras agrícolas, agua, montañas, humedales. Algunas se consideran ambientalistas y otras quizá nunca utilizarían esa palabra para describirse.
Sin embargo, hacen algo profundamente parecido: se niegan a aceptar que habitar un territorio significa no tener voz sobre su transformación. Porque para quienes viven ahí, una playa, un bosque, un río o una calle arbolada no son solamente el espacio donde se proyecta una obra: forman parte de su vida cotidiana, de sus vínculos y de su historia.
No siempre ganan. Y eso importa.
La planta de fertilizantes de Topolobampo, Sinaloa, continúa avanzando pese a años de oposición de pueblos yoreme, pescadores y ambientalistas. En Albania las protestas no han conseguido detener el proyecto. Otras veces aquello que parecía una victoria resulta mucho más frágil de lo que se creyó.
Cabo Pulmo lo sabe bien. En 2012, habitantes, científicos y organizaciones consiguieron frenar Cabo Cortés, un gigantesco desarrollo turístico proyectado junto a uno de los arrecifes más extraordinarios del Golfo de California. Más de una década después, nuevas presiones inmobiliarias rodean la región y otro desarrollo pretende construirse en parte de aquellos terrenos.
Quizá ningún territorio quede salvado para siempre.
Eso no disminuye el poder de estas luchas; permite comprenderlo mejor. La organización ciudadana no garantiza victorias ni convierte cada protesta en una historia ejemplar. Su fuerza reside en algo más modesto y profundamente político: puede devolver a discusión aquello que había sido presentado como inevitable.
A veces ocurre en una marcha; otras, leyendo un expediente que parecía escrito sólo para especialistas, documentando especies, convocando científicos, presentando un amparo, reuniendo firmas, aprendiendo leyes o permaneciendo durante días junto a unos árboles. La protesta que vemos es apenas la superficie. Debajo hay conocimiento, vínculos, tiempo y persistencia.
En una época descrita tantas veces desde la indiferencia, el individualismo y la pérdida de horizontes comunes, estos conflictos territoriales cuentan otra historia. No una más tranquilizadora. Una comunidad puede organizarse y perder. Puede conseguir una suspensión y descubrir después que la empresa regresó. Puede celebrar una cancelación y tener que defender el mismo lugar diez años más tarde.
Pero entre ganar y perder existe algo que rara vez medimos: lo que una comunidad aprende sobre sí misma cuando descubre que puede intervenir.
Los árboles de Tres Puentes siguen ahí. No sabemos todavía por cuánto tiempo ni cuál será el desenlace definitivo de esa disputa. Lo que sí sabemos es que su destino dejó de depender únicamente de quienes habían decidido intervenirlos. Lo que comenzó con la organización de los vecinos logró involucrar a una ciudadanía mucho más amplia y obligó a que esa decisión fuera discutida.
Tal vez ahí resida una parte del poder ciudadano que solemos olvidar: no en la certeza de ganar, sino en la capacidad de alterar aquello que parecía inevitable.
