La comunidad fue objeto de irrupción militar luego que, en un primer momento, uniformados emboscaran a habitantes del lugar
Redacción
La tarde del 7 de junio de 2002, la calma de la Cañada de los Once Pueblos se rompió en la comunidad purépecha de Huécato, municipio de Chilchota. En un paraje de terracería, un grupo de comuneros fueron emboscados por un contingente de efectivos del 37 Batallón de Infantería, cuya matriz operativa se ubicaba en Zamora.
Desde el primer instante, los hechos quedaron atrapados en dos narrativas diametralmente opuestas. Por un lado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las autoridades federales sostuvieron que sus elementos realizaban patrullajes de rutina en la zona serrana para combatir la siembra de enervantes y la tala clandestina de maderas preciosas, argumentando que los uniformados habían sido emboscados y agredidos a balazos por civiles armados.
Por el otro, los habitantes de Huécato y diversas organizaciones indígenas denunciaron una realidad muy distinta: acusaron al Ejército de haber incursionado de manera violenta e ilegal en sus terrenos comunales y de haber emboscado deliberadamente a los campesinos que cuidaban sus bosques.
El ataque cobró la vida de los comuneros Amador González y Ramiro Chavira, así como del cabo Felipe León y el soldado Pedro Alonso.
El gobierno de Lázaro Cárdenas buscó eximir de toda responsabilidad a las fuerzas castrenses. Leonel Godoy Rangel, entonces secretario de Gobierno, atribuyó a los comuneros la emboscada, y los calificó como «miembros de un grupo armado»
La tensión escaló durante la noche de ese mismo día, un fuerte refuerzo de tropas militares ingresó directamente a la comunidad disparando hacia las viviendas, provocando pánico generalizado; varios pobladores fueron heridos y se registraría la muerte de un tercer comunero: Juan Jasso Sola.
Las consecuencias institucionales y judiciales que siguieron al enfrentamiento reflejaron la profunda asimetría procesal de la época. Al existir bajas del ejército, los procesos penales principales contra los mandos y los soldados implicados se concentraron en el Ministerio Público Militar, lo que blindó las investigaciones bajo un manto de opacidad y evitó que los uniformados fueran juzgados en tribunales civiles ordinarios.
En contraste, varios comuneros de Huécato fueron criminalizados y formalmente imputados por delitos como homicidio y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, bajo denuncias comunitarias de que sus declaraciones ministeriales habían sido obtenidas mediante tortura y coacción psicológica durante el cerco militar que asfixió al pueblo tras los hechos.
El impacto en la Cañada de los Once Pueblos fue devastador y permanente. El gobierno federal y la Sedena justificaron la militarización de la sierra bajo la sospecha y el estigma de que en Huécato operaban células de la guerrilla o redes del narcotráfico, acusaciones que la comunidad rechazó tajantemente, catalogándolas como una estrategia para deslegitimar su organización interna y justificar el despojo de sus recursos naturales.