Minas, drones y desplazamiento forzado retratan la crisis humanitaria que la violencia ha impuesto en Apatzingán, frente a una estrategia de seguridad fallida
Patricia Monreal
Vivir en las localidades del municipio de Apatzingán, es como vivir en el paso de la muerte. Así lo reconoce Don Joaquín, de 56 años, quien el pasado 19 de junio, cuando viajaba junto con su esposa por el camino que conduce de El Guayabo a la cabecera municipal, activó con una de las llantas delanteras de su camioneta una mina terrestre que, al detonar, destrozó su vehículo. Él reconoce que de milagro ambos “la libraron”.
Por los ataques de los grupos delincuenciales, el puente que permitía cruzar el Río Grande a la altura de la localidad de Holanda, quedó destrozado. Ahora los lugareños hacen frente al cauce del agua en una chalupa, ya sea para transitar cotidianamente o para salir huyendo en caso de ser necesario. En julio último Eugenia perdió ahí a su suegra, una mujer entrada en años, a la que el río se tragó mientras intentaba pasar.
Soledad, de 65 años, cuidaba de su marido enfermo cuando los ataques en la localidad de Acatlán arreciaron. El único sitio que le servía de refugio junto con su familia era el cuarto de baño, por ser de colado, el resto de su casa quedó con las huellas de los explosivos lanzados desde drones. Al final tuvo que abandonar el pueblo y su vida en él.
El cuerpo de las localidades de Apatzingán está mal herido, la piel de sus caminos y casas luce las cicatrices de las detonaciones de balas y aparatos explosivos, el miedo y el silencio han invadido su corazón y ánimo, la fe es el único consuelo de quienes lo habitan, es lo que les queda para buscar alivio.
Estrategias fallidas
La violencia que azota la región de Apatzingán por la operación principalmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Caballeros Templarios principalmente, aunque también por la presencia de Cárteles Unidos, los Blancos de Troya y el Cártel de Zicuirán, exhibe el fracaso de las estrategias de seguridad instrumentadas a lo largo de los años por los tres niveles de gobierno.
Las consecuencias son devastadoras: miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para resguardar su vida, desplazándose dentro del estado, hacia otras entidades o incluso a Estados Unidos. Ante esta crisis humanitaria, el gobierno encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla no solo ha sido incapaz de garantizar condiciones de seguridad para la población, sino que ha evadido la responsabilidad que le corresponde para atender y revertir este fenómeno aunque en declaraciones asegure lo contrario.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha evitado visitar Apatzingán durante su mandato. En la más reciente gira, a pregunta expresa de una periodista, aseguró que no tiene miedo de acudir a ese municipio o al de Uruapan, incluso dijo que los visitará más adelante, aunque no aclaró cuándo.
En la Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días de su gobierno, Sheinbaum incluyó entre sus cinco acciones prioritarias la atención a la extorsión en el ciclo productivo del limón, particularmente en Nueva Italia, Antúnez, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. Ahí se identificaron once objetivos prioritarios liderando a los grupos delincuenciales de la región, pero sólo dos han sido detenidos: César Alejandro Sepúlveda Arellano “El Botox”, y Jorge Luis Nolasco Guillén “La Galleta”.
En julio de 2025 la presidenta puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que arrancó el día 11 en el Tianguis Limonero de Apatzingán. Tres meses después, el 19 de octubre, el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, fue asesinado.
Para noviembre, luego del asesinato de Bravo y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la mandataria anunció una nueva estrategia: El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que previó el despliegue de 13 mil 967 elementos en el estado.
La militarización no ha contrarrestado la operación de los cárteles delincuenciales en lugares como Apatzingán, en donde los oleajes de personas desplazadas y los ataques a las localidades, se registran todos los días.
El Guayabo, es una comunidad limonera que se encuentra a 40 minutos de la cabecera municipal de Apatzingán. Carmen Zepeda Ontiveros, regidora y activista integrante del Frente Popular Francisco Villa, recuerda cómo la localidad fue atacada con drones a principios de 2025, lo que obligó a sus pobladores a desplazarse.
Aunque el gobierno instaló una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) en el lugar y reportó que había condiciones para regresar, la escuela y la casa de salud nunca se rehabilitaron. Meses después ocurrió un segundo ataque, con explosivos lanzados desde drones y ráfagas con armas de grueso calibre. Al día siguiente, Carmen Zepeda acudió a la comunidad, la encontró devastada, con las calles cubiertas de casquillos, recogió cerca de una centena para llevarlos como evidencia de una denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado por el ataque y el desplazamiento forzado de la población, pero la investigación permanece sin avances, lo mismo que una queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de la que no ha tenido noticia alguna.
“Vi cosas muy feas: las casas destrozadas, el pueblo destruido, me paré en un lugar porque la calle brillaba de tantos casquillos, y donde estaba parada recogí muchos. Son de Barrett calibre .50, antes brillaban, ahora ya están oscuros porque son de bronce, creo, no sé de qué metal sean; hay de AK-47 y otros de AR-15”, señala mientras sujeta un bote lleno de éstas. También recuerda cómo un perro mordisqueaba la cabeza cercenada de un hombre, mientras ella y pobladores gritaban a los niños que no se acercaran a ese lugar a la espera que elementos de seguridad fueran a levantarla.
Los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional destacados en las BOI, suelen ignorar los llamados de auxilio de los habitantes de las localidades cuando éstas son atacadas. El argumento, es que no pueden intervenir sin órdenes expresas de sus superiores.
En junio pasado, en la localidad Loma de los Hoyos, una celebración religiosa en la capilla de San Pedro y San Pablo, se convirtió en una escena de terror cuando seis hombres armados irrumpieron en el templo mientras decenas de familias esperaban la llegada del obispo para las confirmaciones.
Soledad, de 65 años, había salido desplazada de Acatlán con su familia y llegó a Loma de los Hoyos buscando refugio, pero el panorama de violencia no cambió. Recuerda cómo ese día los agresores recorrieron la iglesia buscando a una persona a la que no encontraron.
“La catequista, una señora muy rezandera de la capilla, le habló al obispo para que, por favor, mandara ayuda. Les hablaron a la base que está allí, pero ellos dijeron que no tenían orden de ir a ayudar. Era una lloradera de mujeres embarazadas y de niños, yo nomás abracé a una muchacha en silla de ruedas, porque le pegó como un ataque de nervios, le dije: ‘no llores, muchachita, no te va a pasar nada’. Pero ellos entraron con las armas, uno sentía que en cualquier momento se les podía salir un tiro.
“Esas personas, yo las vi; andan… no sé si con el chango adentro o andan drogados, yo no sabría decir qué traen. Hasta eso que me acerqué a uno de ellos, traían la cara cubierta y le dije: ‘por favor, tengan respeto, cuando menos en la iglesia, miren a esta muchacha enferma cómo la tienen’. Un muchacho que es monaguillo le habló a los militares y le dijeron: ‘ahorita nosotros no podemos salir, nos van a agredir a nosotros, no tenemos orden y podemos perder elementos’, y pues no fueron a ayudarnos”, narra Soledad mientras cubre su rostro para proteger su identidad. Por motivos de seguridad, su nombre, como el de todas las víctimas entrevistadas en este reportaje, han sido cambiados.
Tras ser víctima de un robo con su hija por un grupo de jóvenes armados, de entre 12 y 13 años de edad, Cliseria, de 77 años, acudió a la BOI próxima a la cabecera municipal. “Les dije: ‘¿de qué sirve que estén aquí si adelantito de donde están nos acaban de robar?’, me respondieron que nadie les había avisado. Entonces les contesté que eran culos, que fueran a ver y les dije que si yo hubiera traído un arma, así como estoy de vieja, mato a esos lacras, ¡se lo juro por mi madre!, pero entonces me hubieran encerrado a mí y hasta en el periódico me hubieran sacado”.
Ella, junto con su familia fue desplazada de la localidad de Cueramato. En febrero fu cuando la asaltaron al acudir a El Alcalde para comprar el mandado para la fiesta en honor a la Virgen de Acahuato.
“A la presidenta lo que le pedimos es seguridad y paz para volver a vivir en nuestras casas, que todo sea como era, que podamos ser felices en nuestro lindo Cueramato. Que venga para que vea que está tan lejos de nosotros y que sepa del miedo con el que vivimos los que estamos al pie de la lumbre, porque a nosotros, ya se nos cayeron las alas del corazón”, lamenta.
Con la lumbre debajo
Entre los cultivos de limón, los caminos que circundan localidades como El Guayabo, El Morado, El Alcalde, Cueramato, Las Bateas, Las Tinajas, Las Cahuingas, San Fernando, Holanda, Loma de Hoyos, Acatlán, entre otras, lucen derruidos.
El que conduce de la cabecera municipal a poblados como El Morado o El Guayabo, en su mayoría es terracería, y en tramos, pavimento destrozado por la explosión de minas por las que jornaleros suelen perder la vida o resultar gravemente heridos. El silencio, el miedo y el saber que alguien permanentemente observa, es certeza arraigada entre el follaje del verde paisaje, tal como la maleza se aferra a los árboles de limón que se encuentran abandonados.
La disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios, se da en esos caminos y localidades, con la población como rehén frente a la ausencia de las autoridades, las que se limitan a hacer retenes para la revisión de automóviles o bien, a desminar caminos, aunque al día siguiente, tal acción queda rebasada con la siembra nocturna de más artefactos.
En enero pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, reportó haber asegurado en 2025 mil 645 artefactos explosivos y desactivado mil 117. En julio del año pasado, Alfredo Ramírez Bedolla entregó material a las fuerzas de seguridad estatales, que incluyeron equipos de extracción y detección de explosivos “de última generación”, los cuales –dijo- “fortalecerán las labores de desactivación y neutralización de artefactos de esta naturaleza”. La inversión de ocho millones anunciada entonces por el mandatario, no ha evitado la muerte de jornaleros por la detonación de minas.
El 3 de julio el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que entre noviembre de 2025 y junio de 2026 las fuerzas armadas habían localizado y desactivado 625 artefactos explosivos en el estado, y aseguró que se realizaban labores de desminado en el camino que comunica a El Guayabo y El Alcalde. Sin embargo, el anuncio contrastó pronto con la realidad: apenas dos semanas después, en ese mismo tramo, una nueva detonación cobró la vida de una persona.
Desde la sociedad civil se han hecho esfuerzos para alertar a la población del riesgo. En 2025 el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), puso en marcha la campaña “Pasos Seguros”, con recomendaciones sobre qué hacer en caso de detectar algo extraño, tierra removida o hilos atravesados en el camino o en los campos de cultivo.
“Uno siente el miedo igual, ese ya no se nos va a quitar ni la preocupación de que pase algo en cualquier momento”, señala Esperanza, desplazada de Cueramato, al recordar a su cuñado, quien junto con otro muchacho murió cuando la motocicleta en que viajaban activó una mina al dirigirse a trabajar en el cultivo del limón.
“Fue el 23 de mayo, mi cuñado tenía 55 años y dejó a su niña, y el otro muchacho tenía 36 y dejó a sus tres niñas y a su esposa, pisaron la mina y se desangraron en el camino. Para que llegue algún doctor hasta ahí, tarda como una hora, y para ese entonces la gente se muere. Eso es lo que estamos viviendo ahorita, lloramos y nos contentamos, y pues nos quedamos igual porque nadie nos toma en cuenta. Pero dicen que todo está tranquilo, que todo está bien”, se duele Esperanza.
Don Joaquín, de El Guayabo, cuenta cómo el 19 de junio, al ir con su esposa a recoger a un jornalero, su camioneta activó una mina que la destruyó casi por completo. Él considera un milagro el salir ileso con su mujer.
“Cuando tronó, quedamos llenos de vidrios y tierra. Ya me vine yo a pie para atrás, para la casa, a pedir ayuda, porque la camioneta quedó bien despedazada. Como acababa de llover, había charcos de agua, ya llegando aquí al rancho me topé con los soldados y les dije lo que había pasado, me respondieron que iban a ir a resguardar el lugar para que no fuera a pasar otra cosa, no hicieron nada, como a las dos horas, serían eso de las seis de la tarde, tronó otra mina enfrente, como a unos 100 o 200 metros de donde quedó mi camioneta. Le tronó a otro carro que llevaba trabajadores, y al conductor tuvieron que mutilarle una pierna”.
A pesar del riesgo constante por minas, explosiones y enfrentamientos, Don Joaquín asegura que no quiere abandonar su comunidad porque ahí está su trabajo y su forma de subsistir.
Los nombres de las víctimas, como la impunidad en cada caso, se acumulan día a día. Tan solo en lo que va del año, un maestro perdió la vida en Las Bateas; un joven de 22 años murió mientras cortaba limón en su parcela en El Alcalde, y otra persona falleció en La Puerta de Alambre. El 23 de mayo, dos jornaleros murieron tras la detonación de una mina en Las Cahuingas, y en Loma de las Piedras, el operador de una retroexcavadora resultó herido por un artefacto explosivo. El 22 de junio, otros dos jornaleros fallecieron al estallar una mina mientras trabajaban en un campo de cultivo en Cueramato. Una semana después, el 29 de junio, se registraron dos nuevas explosiones: una en El Alcalde, donde un adulto mayor resultó herido, y otra en El Guayabo, en la que murió un soldado. Finalmente, el 23 de julio, otro hombre perdió la vida por la explosión de una mina en la comunidad de Acatlán.
“Este ayuntamiento, la presidenta municipal, ni siquiera quiso pagar la caja para el funeral de esa gente que murió por minas terrestres en el municipio, a mí eso me parece uno de los actos más horribles”, refiere Carmen Zepeda, quien considera inhumana la postura asumida por la alcaldesa morenista, Fanny Arreola Pichardo.
“Quién es responsable de brindar seguridad y no lo están haciendo, es el Estado mexicano, y eso incluye a los ayuntamientos. Un soldado me dijo: ‘¿Qué no sabe que un elemento nuestro explotó por una mina la semana pasada?’, y yo le respondí: ‘¿y tú no sabes que compañeros míos, campesinos, han explotado por minas? Ustedes hacen su trabajo, pero ellos explotaron haciendo el suyo, por la ineficiencia de ustedes’. El Estado mexicano podría hacer todos los días un barrido y limpiar de minas los caminos, ahí está el poderío armamentístico que presumen cada 16 de septiembre, pero que no vemos reflejado acá, donde están sucediendo cosas tan terribles”, subraya enardecida Carmen Zepeda.
La ausencia de la autoridad es palpable, los poblados y sus caminos rotos lo evidencia. Ahí, donde no llegan las obras emblemáticas de movilidad y carreteras del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, sí lo hacen las balas y drones de la delincuencia, como también llega, la publicidad de la exsecretaria de Movilidad, Gladyz Butanda Macías, para posicionar sus aspiraciones por la gubernatura del estado.
Huir o morir
De madrugada, el 5 de mayo, la violencia obligó a 668 habitantes de al menos cinco comunidades a abandonar sus hogares para salvar la vida. Según OSHRA, el desplazamiento ocurrió un día después del retiro de la BOI en Acatlán, lo que reactivó los enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Un mes después, nuevos hechos de violencia provocaron otro éxodo en Cueramato, Cueramatillo y El Guayabo, donde 225 personas fueron desplazadas, entre ellas 44 menores.
En Cueramato, Luz de 11 años, jugaba fútbol y voleibol con sus compañeros, convivía con sus amigos y esperaba emocionada su graduación de primaria. Todo cambió una tarde de este 2026, cuando comían con su familia y comenzaron a escuchar descargas, balazos y explosiones de drones. Aterrada, le suplició a sus padres que se fueran del pueblo, así lo hicieron por un tiempo, pero una vez más, al regresar tuvieron que salir huyendo en mayo.
Ahora Luz vive en la cabecera municipal, donde se prepara para entrar a la secundaria, con el temor de no conocer a nadie. Extraña su cama, a sus amigos y la libertad que tenía en su pueblo. Dice que en la ciudad pasan más tiempo encerrados y que todos los niños desplazados están tristes y desanimados.
En el informe “Travesías forzadas” elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana sobre los desplazamientos forzados en el país, durante 2025 Apatzingán se ubicó como el primer municipio del país con más personas desplazadas (1,722), por encima de Culiacán (1,423), Guadalupe y Calvo (1,335), y Badiraguato (883).
Durante 25 años, Doña Irene ha hecho de El Guayabo su hogar, hasta que la violencia transformó la tranquilidad en miedo. Una noche en mayo pasado durante una intensa balacera, con su padre de 87 años y el resto de su familia se refugiaron durante horas en el baño mientras los drones con explosivos dañaban su vivienda.
Al huir al amanecer, su padre cayó y se fracturó una pierna; desde entonces, su salud, ya deteriorada por problemas del corazón y asma, se ha agravado. En su casa muestra el cuarto que sirve de dormitorio para su padre, hijas, hijo y nietas, que luce los muros de madera trozados por los explosivos lanzados con drones.
“Los dronazos truenan muy feo, los avientan para donde quiera. A una de mis niñas le cayó un pedazo de algo en el pecho, también ya se me andaba desmayando una de mis sobrinitas, la más grandecita. El día que mi papá se cayó, a la niña fue que le cayó algo y a mi hermana le pegó otra cosa en la cara, pero no fue tan grave lo de ellas, pero mi papá sí se quebró el pie. Y con esos chingados dronazos”.
Su casa quedó perforada y con techos que dejan pasar la lluvia, pero la falta de recursos les impide repararla. Además de enfrentar los gastos de medicamentos y nebulizaciones para su padre, vive en una comunidad donde la Casa de la Salud está abandonada y la atención médica prácticamente desapareció por la violencia. Cada día ve partir a su hijo a trabajar con el temor de que no regrese, mientras las balaceras y los ataques con drones continúan. Frente a la incertidumbre, dice que solo le queda rezar y pedir que su familia sobreviva a otra noche más.
La familia de Graciela ha quedado diseminada en diferentes puntos de Apatzingán, a sus 62 años llora por haber dejado su casa en Cueramato y permanecer desplazada en El Morado. Aunque agradece la solidaridad de la gente, se desespera porque el trabajo es escaso, y la incertidumbre sobre su presente y futuro es permanente.
“Ese día casi todos los de la comunidad nos salimos, nada más unas personas que tienen su casa de material y la tienen bien segura se quedaron; pero casi todos tenemos casa de lámina y da miedo, porque ya hemos visto cómo dejan las casas con hoyos bien grandes. También a familias de nosotros, que hay en La Loma de los Hoyos, les pasó”, cuenta Graciela.
Frente a la realidad que persiste en la región, Carmen Ontiveros considera que la única posibilidad de ponerle fin es a través de la organización de la sociedad, “tenemos que perder el miedo y salir a decirles a las autoridades que ya basta de que se hagan pendejos y que ya nos devuelvan el Estado de derecho, porque aquí ya no aguantamos más.
“Esto se lo está llevando el carajo, cada vez hay más gente desplazada y esa gente está sufriendo, está resistiendo, pero va a llegar un momento en que vamos a tener problemas todavía más fuertes: de robo, de asesinatos, porque la gente ya no va a tener otra cosa qué hacer más que empezar a delinquir. Por eso no hay de otra, tenemos que organizarnos y salir y hacer frente a todo esto”, remata.
Fotografía de portada: Localidad de El Morado, en donde sus habitantes han dado refugio a desplazados de Cueramato
Consulta:
En Apatzingán, Estado fallido
Plan Michoacán, militarización humanista
