En México, quienes defienden el medio ambiente deberían ser protegidos. En México, ocurre con demasiada frecuencia lo contrario
Leonor Solís
Ecodepresión
En abril de este año, en Michoacán fueron asesinados Roberto Chávez y Lázaro Mendoza, ambos defensores comunitarios vinculados a la protección de los bosques frente a la tala ilegal y la expansión de actividades agrícolas. Su trabajo, como el de muchas comunidades en la región, estaba relacionado con la defensa del territorio ante presiones económicas que buscan transformar el uso del suelo. Sus muertes no son hechos aislados: forman parte de una tendencia que se repite en distintas regiones del país.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2025 se documentaron 135 eventos de agresión contra personas defensoras del medio ambiente en México, que incluyeron amenazas, criminalización y al menos diez asesinatos, acumulando más de 300 agresiones específicas. A nivel regional, informes de Global Witness han reiterado que América Latina concentra el mayor número de asesinatos de personas defensoras ambientales en el mundo, manteniéndose como la región más peligrosa para quienes protegen la tierra y los recursos naturales.
Las cifras permiten dimensionar el problema, pero no lo explican del todo. Detrás de ellas hay conflictos concretos: tala ilegal, expansión del cultivo de aguacate, proyectos extractivos y disputas por el control del territorio. En estados como Michoacán, estos factores se entrelazan con economías ilegales y redes de poder local que incrementan los riesgos para las comunidades. En esos escenarios, la defensa ambiental no ocurre en abstracto, sino en condiciones de alta presión, donde quienes buscan proteger su entorno enfrentan actores con mayor capacidad económica, política y, en muchos casos, armada.
Lo preocupante no es solo la violencia directa, sino las condiciones que la permiten. Diversos informes han señalado la falta de mecanismos de protección efectivos y la persistente impunidad en estos casos. La ausencia de investigaciones concluyentes y sanciones refuerza un entorno en el que las agresiones pueden repetirse sin consecuencias claras.
Este contexto contrasta con los compromisos asumidos por México en el ámbito internacional. En el marco del Acuerdo de Escazú, el país ha reiterado la importancia de garantizar la protección de las personas defensoras del medio ambiente y de fortalecer su acceso a la justicia. Sin embargo, la distancia entre estos compromisos y lo que ocurre en el territorio sigue siendo evidente.
El problema, en el fondo, no es solo de seguridad. Es también de modelo. La presión sobre los territorios -ya sea por economías ilegales, cambios de uso de suelo o proyectos de desarrollo-, configura escenarios donde la defensa del entorno natural se convierte en una posición de riesgo. En esa tensión, quienes cuidan lo común quedan expuestos, no solo a agresiones directas, sino a un entramado de vulnerabilidades que incluye la falta de reconocimiento institucional y la precariedad de los mecanismos de protección.
Hablar de sostenibilidad o de transición energética sin considerar esta realidad resulta incompleto. No puede haber política ambiental efectiva si quienes sostienen la defensa del territorio enfrentan amenazas constantes.
Más allá de los datos, lo que persiste es la contradicción: en contextos donde el deterioro ambiental es cada vez más evidente, quienes intentan contenerlo siguen sin garantías básicas. Y eso revela una contradicción estructural: un modelo que depende del territorio y sus recursos, pero subordina su protección a intereses que operan por encima de quienes lo habitan y lo defienden.
Ilustración portada: Reco
