El atentado contra Erick Saracho recuerda una verdad incómoda: en México, defender el territorio o informar puede costar la vida.
Leonor Solís
Ecodepresión
La mañana del 11 de marzo, el periodista y defensor ambiental Erick Saracho fue atacado a balazos frente a su casa en San Francisco -conocido como San Pancho-, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Un hombre se acercó a su vivienda y disparó contra él antes de huir. Saracho sobrevivió al atentado, pero el mensaje fue claro: en México, defender el territorio sigue siendo una actividad peligrosa.
Saracho no es únicamente un periodista. Es también director de Alianza Jaguar A.C., organización que durante años ha documentado y denunciado los impactos de desarrollos inmobiliarios y turísticos en la Riviera Nayarit. Desde su trabajo periodístico y activismo ha señalado irregularidades en proyectos que amenazan ecosistemas costeros, dunas, manglares y lagunas en una región que vive una acelerada transformación turística.
Entre los conflictos recientes destaca la oposición a proyectos inmobiliarios en la franja costera de San Pancho, donde organizaciones comunitarias han denunciado construcciones que invaden zonas federales, alteran sistemas lagunares y superan las densidades permitidas por los planes de desarrollo urbano. Algunos de estos desarrollos buscan levantar complejos residenciales frente al mar o incluso dentro de áreas ecológicamente sensibles, con autorizaciones ambientales cuestionadas por habitantes y activistas.
En ese contexto, la labor de Saracho se volvió incómoda. Para los inversionistas que ven la costa como una oportunidad inmobiliaria millonaria, la defensa del territorio suele convertirse en un obstáculo. Para las comunidades y los ecosistemas, en cambio, representa una última línea de protección.
El atentado contra Saracho también revela otra dimensión inquietante: él es periodista y defensor ambiental al mismo tiempo. En México, cada una de estas profesiones implica un riesgo propio. Combinarlas significa quedar expuesto a una doble amenaza.
Las cifras lo confirman. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), al menos 25 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en México durante 2024, una de las cifras más altas de la última década.
A nivel global, el panorama tampoco es alentador. El informe más reciente de Global Witness documentó 146 asesinatos o desapariciones de defensores ambientales en 2024, la mayoría en América Latina. México figura entre los países más peligrosos para esta labor, con al menos 18 casos registrados ese año.
El periodismo tampoco escapa a esta violencia. Organizaciones como Artículo 19 han documentado 174 periodistas asesinados en México desde el año 2000, una cifra que coloca al país entre los más letales del mundo para ejercer la profesión.
Cuando ambos mundos se cruzan -el de la defensa ambiental y el del periodismo-, el riesgo se multiplica. Quienes investigan megaproyectos, denuncian irregularidades en permisos ambientales o documentan la devastación del territorio suelen incomodar a intereses económicos poderosos y, en ocasiones, a autoridades que prefieren el silencio.
Por eso el ataque contra Erick Saracho no es solo un hecho aislado. Es un recordatorio de una realidad estructural: en México, la protección del medio ambiente y el ejercicio del periodismo suelen recaer en personas que trabajan bajo amenazas constantes. Defender una playa, una laguna o un manglar debería ser un acto de responsabilidad pública. Sin embargo, con demasiada frecuencia se convierte en un acto de valentía. Y mientras la violencia siga siendo una respuesta frente a quienes denuncian abusos ambientales, el mensaje será el mismo:proteger la naturaleza puede ser tan peligroso como intentar revelar la verdad.
