Con una débil defensa de parte de su equipo de comunicación, el gobierno estatal se empeña en la defensa de un proyecto sin consenso
Regla de Tres
El proyecto del Morebús, impulsado por el gobierno estatal con la anuencia del Ayuntamiento de Morelia, ha incomodado por la tala de árboles y áreas verdes en lo que será el trayecto de su primera etapa.
Ciudadanos y colectivos se han manifestado desde el pasado jueves en las inmediaciones de Tres Puentes, área donde se prevé el mayor derribo de árboles, incluso con guardias nocturnas para vigilar que no se continúe con el corte de arbolado, además de exigir la transparencia y participación en un proyecto que nunca fue consultado con la sociedad.
Es evidente que el tema de la conservación del medio ambiente suscita hoy preocupaciones, máxime cuando los costos ya los pagamos los habitantes de las ciudades mal planeadas, con altas temperaturas y escases de agua por una urbanización entregada a los intereses de los fraccionadores y especuladores del suelo urbano, a quienes poco preocupa el beneficio colectivo o el atentar contra la naturaleza.
La respuesta contra el denominado “ecocidio” en Morelia expresado en el arranque de los trabajos del Morebús en Tres Puentes, es evidente que ha rebasado al gobierno estatal que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, un funcionario que se ha caracterizado por imponer de manera unilateral proyectos y reformas a lo largo de su administración, sin tomar en consideración la voz de ciudadanos, sindicalistas, indígenas, universitarios, feministas, familiares de desaparecidos y defensores del territorio.
Ante las cifras aportadas por los ciudadanos, activistas y ambientalistas, el gobierno morenista ha intentado a toda costa minimizar los daños al señalar que no son 613 árboles los derribados, sino solamente 49, de los que ahora resulta en la visión oficial que serán “replantados” 27, al igual que iniciar una multipublicitada reforestación con 20 mil ejemplares como presunta compensación por la pérdida de arbolado en la primera etapa del proyecto que iría desde Villas del Pedregal hasta el monumento a Lázaro Cárdenas con un costo de 2 mil 295 millones de pesos, de acuerdo a las cifras oficiales aportadas al respecto.
Con el señalamiento de que no están en contra de la implementación de una nueva modalidad de transporte, los inconformes cuestionan con razón el por qué primero no se consultó a la ciudadanía, máxime si el proyecto implicaba la alteración de un ecosistema.
Sometido a la presión mediática, Ramírez Bedolla anunció una reunión este martes 26 de agosto con activistas y organizaciones que impulsan la movilización -quienes no han confirmado la veracidad de tal encuentro-, lo que podría llevar a la reconsideración de un proyecto que en voces difundidas en redes señalan carece de estudios de impacto ambiental, documentos que, no se encuentran en los expedientes de obra disponibles en el portal de transparencia de la Secretaría de Movilidad. El dicho del gobernador y su secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, es que tales estudios sí existen,
La presión hasta el momento logró ya la detención de las obras, el inicio de un proceso de recolección de firmas para un amparo en marcha contra la alteración ecológica en el transcurso del proyecto, así como de otro ya presentado por más de dos millares de colonos de Tres Puentes afectados de manera directa.
Al escenario se suma la reciente postura de la vocera de gobierno, Zayín Villavicencio, coordinadora de Comunicación Social, quien en su muro de Facebook calificó a los medios que han difundido la problemática de “irresponsabilidad social” y de “incitar al odio con desinformación”, no obstante que desde sus oficinas se fraguó el silenciamiento del tema -que empezó a operar a partir del viernes-, acusándolos además de difundir cifras falsas sobre árboles afectados, olvidando desde la comodidad de su escritorio que la función social de la prensa es justamente difundir problemáticas que afecten a la ciudadanía en su conjunto, aunque bien es cierto que para contentillo del gobierno, en su mayoría las empresas mediáticas se pliegan a sus dictados a cambio de convenios y donde la narrativa de sus boletines es la que prevalece.
La funcionaria no abona con esta postura a la transparencia del proyecto, el cual pareciera que a toda costa se impondrá sin el menor decoro y responsabilidad, sin olvidar que atrás de otros proyectos como el Teleférico y ahora el Morebús, se encuentra la incapacidad de una administración para normar, regularizar y eficientar la prestación de un servicio como lo es el transporte público, sumido en el atraso en su infraestructura operativa y vehicular, con un costo que paga el usuario con aumentos del pasaje que, de acuerdo con el Inegi, en el estado se ha incrementado 39.4 por ciento desde el año 2018 al actual, y donde el gobierno morenista ha optado por esconder la cabeza ante los intereses de las organizaciones de transportistas dado que la ley de movilidad es palabra muerta.
Más allá de la suerte que tengan las movilizaciones en imponer sus razones ante un gobierno que ha demostrado su cerrazón -aunque en este caso tuvo que reconsiderar obligado por la presión-, lo cierto es que se pone en evidencia que hace falta involucrar más a la sociedad en las decisiones oficiales a través de mecanismos ciudadanos de participación sobre planeación y crecimiento de las ciudades, las que no pueden ejecutarse de manera unilateral y menos cuando atentan contra la colectividad y la seguridad ambiental en una capital y un estado donde los índices de deforestación e incendios intencionales van en aumento, no pocas veces con el permiso oficial.