A casi dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, existen varios temas en la agenda ambiental que sufren de negligencia por parte del Ejecutivo federal
Francisco Viveros Dávalos
Vivero de Ideas
Durante la campaña presidencial de 2024 la entonces candidata por la coalición Morena–Partido Verde–Partido del Trabajo, Claudia Sheinbaum Pardo, utilizó como parte de su estrategia de campaña su formación profesional y trayectoria académica en el área de las ciencias ambientales. Sin embargo, a casi dos años de su administración como presidenta de México, existen varios temas en la agenda ambiental que sufren de negligencia por parte del Ejecutivo federal. En el presente Vivero de Ideas se enumeran tres casos realmente preocupantes ¡tan solo en lo que va del año!
El primero de ellos es el derrame de petróleo frente a costas de Veracruz y Tabasco, que se originó desde el 8 de febrero, fue reportado a principios de marzo y que durante todo ese mes, tanto el gobierno del estado de Veracruz como PEMEX minimizaron la tragedia. No fue hasta que la opinión pública obligó al Ejecutivo federal a iniciar una investigación, rodeada de contradicciones y deslindes de Petróleos Mexicanos, primero negando que la fuente emisora fuera de su propiedad. No fue hasta finales de marzo (mes y medio después del suceso), que el gobierno federal se hizo cargo y comenzó a realizar las diligencias necesarias, demostrando una atención negligente.
Dentro de los efectos nocivos para los ecosistemas marinos de la región, destacan la contaminación de la aguas, lo que altera significativamente las condiciones de vida para especies vegetales y animales marinas. Mientras que para la población de zonas aledañas, representa pérdidas en actividades económicas como la pesca y el turismo.
El segundo caso está relacionado con las declaraciones de la mandataria durante la conferencia de prensa matutina el pasado 9 de abril, en la que nuevamente abrió la posibilidad de que en México se practique la fractura hidráulica (conocida en inglés como fracking) para la extracción de combustibles fósiles.
Dichas aseveraciones son preocupantes por varias razones. De acuerdo con un conjunto de Organizaciones de la Sociedad Civil que se posicionan contra el fracking, esta práctica genera daños tanto en el suelo y el subsuelo, como afectaciones a la salud humana.
En cuanto a los efectos ambientales, lo que sucede es que esta práctica demanda grandes cantidades de agua; tomando en cuenta que muchas zonas donde se pretende poner en práctica han experimentado crisis por sequía, quizá no sea la más idónea. Por si fuera poco, el agua contaminada debe resguardarse en contenedores especiales, lo cual es caro y también existe la amenaza de fugas o derrames.
Por otro lado, derivado de la perforación en el subsuelo, se corre el riesgo de contaminación de fuentes de agua sub superficiales e inclusive, de generar microsismos en regiones que comúnmente no presentan movimientos telúricos. Por último, los suelos de las zonas contiguas a donde se practica el fracking quedan completamente inútiles para actividades productivas como la agricultura, la ganadería e incluso para asentamientos humanos. Por lo que respecta a los efectos sobre la salud humana, en Estados Unidos por ejemplo, se tiene registro de que el agua de la llave no es apta para consumo humano.
Por estas razones, especialistas y activistas cuestionan existencia de un fracking sustentable, pues los efectos tanto para la naturaleza como para el ser humano son nefastos. En su lugar, proponen que se fortalezca una política de transición energética justa, que apueste por energías alternas, pero sobre todo, que éstas sean asequibles para todos los sectores de la población (no solo para grandes empresas transnacionales) y cuya implementación no suponga conflictos por el territorio, como ha acontecido en el estado de Oaxaca.
El tercer caso es la indignante ejecución de Roberto Chávez, defensor de los bosques en el municipio de Villa Madero, en nuestro estado. El activista se oponía a la tala clandestina y los cambios en el uso del suelo en pro de la industria del aguacate; fue ultimado días antes de que se presentara ante la Fiscalía General del Estado para denunciar las amenazas en su contra.
Por desgracia, este lamentable hecho se suma a Homero Gómez, ultimado también en Michoacán en 2019, y a la vergonzosa lista de 199 defensores del territorio y activistas ambientales que han sido asesinados en México en los últimos 11 años, lo cual representa una evidente violación a los derechos humanos. Por si fuera poco, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, está más preocupado por la contienda electoral del 2027 que por la procuración de justicia en la entidad.
Mientras tanto, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, está más interesada por la renovación de la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas; y la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ha demostrado ser una funcionaria incompetente y que solo confronta y descalifica a los verdaderos defensores de los derechos humanos.
Con todo lo anterior, Claudia Sheinbaum y sus subalternos nos quedan a deber un gobierno de izquierda progresista que se preocupa por la protección ambiental, la científica ambiental nos queda a deber a quienes tenemos formación profesional en el área, pero sobre todo, les queda a deber a quienes dan su vida por el patrimonio natural de México.
Ilustración portada: Pity
