En 2012 el hallazgo sin vida de los comuneros Ubaldo y Guadalupe ahondó la determinación comunal por su autonomía, referente indígena para Michoacán
Patricia Monreal
Era de mañana el ocho de julio de 2012, cuando Urbano Macías Rafael, de 48 años, y Guadalupe Gerónimo Velázquez de 28 años, salieron de sus casas en Cherán, Michoacán para arrear y vigilar a su ganado. En el trayecto, desde la camioneta en que viajaban, Urbano llamó a sus familiares para informarles que un grupo de talamontes, presuntamente originarios de la comunidad vecina de El Cerecito (también conocida como Casimiro Leco), los estaba interceptando.
Por dos días la incertidumbre consumió a Cherán, comunidad que apenas el año previo, en abril de 2011, se había levantado en armas para defender sus bosques del saqueo. Ocho meses antes de la desaparición de Urbano y Guadalupe la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, canceló las elecciones vía partidos en el municipio, abriendo la puerta para que la comunidad eligiera en enero de 2012 por la vía de usos y costumbres a sus autoridades.
La clase política michoacana estaba molesta con Cherán, debido a la ruta que marcó para la autonomía y los gobiernos comunales, por lo que la respuesta institucional por la desaparición de los dos comuneros no fue inmediata.
Ante la desesperación por la falta de respuestas, los comuneros decidieron trasladar su protesta a la capital del estado. Desde muy temprano el martes 10 de julio, iniciaron un plantón en Morelia y bloquearon los accesos de Palacio Legislativo exigiendo la presentación con vida de sus compañeros.
La única salida que no previeron fue utilizada más tarde por siete de las nueve diputadas que para entonces formaban parte de la Legislatura, quienes a salto de mata, se dieron a la fuga por el techo del Congreso, para salir luego por un establecimiento comercial contiguo.
En medio del caos, habitantes de la Loma de Santa María -quienes también se manifestaban en el lugar- solidarizándose con la causa, pintaron consignas de apoyo a Cherán en sus mantas y gritaban a coro desde el interior de Palacio Legislativo: «¡Tomen la tribuna!, ¡tomen la tribuna!».
La advertencia se cumplió. Las puertas que separaban el Salón de Sesiones del patio central fueron insuficientes. A empujones, los manifestantes se abrieron paso hasta el recinto donde sesionaban los diputados, quienes con rostros de susto, asombro o indiferencia, declararon un forzado receso.
Los cheranenses contuvieron su ímpetu pero no su enojo; a gritos manifestaron su indignación por la inoperancia de las autoridades, denunciando que la interminable cantidad de reuniones, acuerdos y minutas firmadas con el Gobierno del Estado no les habían ahorrado muertos.
Así como llegaron salieron del Salón de Sesiones, sin esperar respuesta de los diputados. Por una ventana de la fachada de Palacio Legislativo, en dos ocasiones una comisión de diputados buscó dialogar con los cheranenses, quienes de inicio no mostraron interés al respecto.
Más tarde, accedieron a reunirse con una comisión legislativa y con Rubén Pérez Gallardo, entonces subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno. El funcionario estatal evidenció total incapacidad para resolver los planteamientos, mostrándose más preocupado por ofrecer disculpas a los diputados «por las molestias» que por atender la emergencia.
Luego de ocho horas de plantón y bloqueo a Palacio Legislativo, a las 19:30 horas fue conformado el asesinato de los dos comuneros, sólo entonces, llegó la llamada que confirmaba que el secretario de gobierno Jesús Reyna García aceptaba reunirse con los manifestantes. En el patio del Congreso, una mujer de la comunidad rompió a llorar.
Urbano y Guadalupe habían sido localizados sin vida en un paraje conocido como El Pueblito, en los límites de Zacapu, a unos 30 kilómetros de su hogar. Los reportes forenses detallaron la crueldad del ataque: ambos presentaban huellas de tortura y múltiples impactos de bala provocados por fusiles de asalto AK-47.
La impotencia y la rabia inundaron a los cheranenses, quienes advirtieron que radicalizarían sus acciones, sentenciando: «A nosotros no nos faltan pantalones», mientras exigían la captura inmediata de los responsables.
Al quedar garantizada la mesa con el secretario de Gobierno, a las 21:34 horas, las puertas del Congreso se abrieron para dejar salir a las personas retenidas, mientras una danza de gotas de lluvia humedecía los sombreros de los manifestantes en la calle.
El Gobierno de Fausto Vallejo Figueroa buscó posicionar la narrativa de que el crimen de los dos comuneros obedecía a un «conflicto intercomunitario» de carácter añejo por recursos forestales con El Cerecito. La postura fue rechazada por la comunidad Cherán y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, quienes denunciaron que detrás operaba el crimen organizado, utilizando a comunidades vecinas como fachada bajo la colusión u omisión de las fuerzas estatales.
La madrugada del 11 de julio, los féretros de Urbano Macías y Guadalupe Gerónimo arribaron a Cherán. Más de dos mil comuneros se concentraron en la plaza principal, frente a la Casa Comunal, para rendir un homenaje de cuerpo presente que se convirtió en una manifestación de rabia y duelo. Ahí la comunidad se declaró en un estado de indefensión por el abandono de las instituciones de justicia. Advirtieron que, si el Gobierno persistía en su inacción y los crímenes quedaban impunes, la población no dudaría en volver a tomar las armas para la defensa legítima de su territorio y sus vidas.
El tiempo y la omisión de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado sepultó el caso del asesinato de Urbano y Guadalupe bajo la impunidad. El caso marcó un punto de no retorno que consolidó definitivamente el proceso de autonomía de Cherán, convirtiendo su luto y resistencia en un referente de la libre determinación indígena.