La cumbre mundial de biodiversidad cerró con pendientes sobre cómo financiar la conservación
Leonor Solís
Ecodepresión
La cumbre de Naciones Unidas sobre biodiversidad concluyó el 31 de octubre en Ereván, Armenia, con acuerdos insuficientes para acelerar la protección de la naturaleza. Conocida como COP17, es la reunión de los países que integran el Convenio sobre la Diversidad Biológica, un proceso distinto de las negociaciones climáticas. Entre los pendientes quedó el funcionamiento del Fondo de Cali: un mecanismo para compartir beneficios económicos derivados de la biodiversidad cuya recaudación sigue siendo mínima.
Creado en la cumbre anterior, celebrada en Colombia en 2024, el fondo responde a un cambio tecnológico: hoy es posible investigar y desarrollar productos utilizando datos genéticos de organismos sin acceder nuevamente a las muestras físicas de las que se obtuvieron.
Son datos como el orden de los componentes del ADN de una planta, un animal o un microorganismo, registrados en archivos informáticos. Esta información digital sobre secuencias genéticas puede depositarse en bases de datos públicas y consultarse desde otros países para estudiar funciones biológicas y explorar aplicaciones en medicina, agricultura o biotecnología. Cuando su uso genera beneficios comerciales, aparece la cuestión de cómo compartirlos.
El Fondo de Cali busca reunir contribuciones de empresas que se benefician comercialmente de esos datos para apoyar la conservación. Al menos la mitad de sus recursos debe atender necesidades identificadas por pueblos indígenas y comunidades locales. Es un mecanismo colectivo: no asigna un pago individual por cada secuencia a su lugar de origen.
Sin embargo, dos años después de su creación, el fondo llegó a Armenia prácticamente vacío. Las contribuciones son voluntarias y persisten desacuerdos sobre su funcionamiento. La industria farmacéutica cuestiona posibles solapamientos con otras obligaciones legales y la forma de calcular las aportaciones. Según Reuters, representantes del sector sostienen que el diseño no refleja adecuadamente cómo se utilizan los datos en el desarrollo de medicamentos.
Carbon Brief, por su parte, documentó una propuesta empresarial para crear un fondo filantrópico paralelo. Sus promotores afirman que complementaría al de Cali; representantes indígenas expresaron dudas sobre los beneficios que recibirían las comunidades. La disputa también comprende las condiciones bajo las cuales las empresas compartirían sus ganancias y el mecanismo encargado de distribuirlas.
En una cobertura previa, Dialogue Earth recogió una distinción de David Castro Garro, funcionario del Ministerio del Ambiente de Perú: recibir una donación y participar de los beneficios son asuntos diferentes. La primera depende de la voluntad de quien aporta; la segunda remite al reconocimiento de un derecho. La manera de nombrar estas contribuciones expresa una diferencia sobre las responsabilidades de quienes obtienen beneficios de la biodiversidad.
Mientras se discute cómo reunir el dinero, sus destinatarios reclaman participar en las reglas para recibirlo y utilizarlo. June Rubis, representante indígena en el comité directivo del Fondo de Cali, explicó a Dialogue Earth que las comunidades necesitan acceso directo y capacidad para definir el destino de los recursos. Su preocupación es que las barreras queden incorporadas en un sistema que después resulte difícil modificar.
La recaudación insuficiente es un problema documentado. La distribución plantea un desafío que debe resolverse desde el diseño. Cuando el dinero llegue a un fondo o a un país, habrá que saber quién puede solicitarlo, qué requisitos debe cumplir, quién evalúa las propuestas y cuánto cuesta la intermediación. Reconocer a una comunidad como destinataria no garantiza que los procedimientos estén a su alcance.
Además del debate sobre Cali, Mongabay documentó avances en las orientaciones al Fondo para el Medio Ambiente Mundial: participación indígena en la definición de proyectos, modalidades simplificadas de acceso y transparencia sobre los costos de los intermediarios. Estas demandas muestran que la discusión sobre el financiamiento incluye las condiciones para ejercerlo. Su alcance dependerá de la aplicación.
Compartir los beneficios de la biodiversidad implica también reconocer quién decide qué hacer con ellos. El dinero puede llegar acompañado de prioridades, requisitos o proyectos definidos desde fuera. Por eso importa examinar si permite a cada pueblo fortalecer las formas de vida y los futuros que desea construir: qué quiere conservar, qué quiere transformar y qué entiende por bienestar.
El propósito de estos fondos exige mirar más allá de las cantidades reunidas. También habrá que evaluar si sus reglas permiten a los pueblos decidir sobre sus territorios y sus propias prioridades. Recibir recursos para ejecutar un proyecto ajeno y contar con medios para desarrollar una iniciativa propia ofrecen capacidades de decisión distintas.
La biodiversidad sostiene actividades económicas cuyos beneficios pueden generarse muy lejos de los territorios de origen. Hacer que parte de ese valor contribuya a su conservación requiere acuerdos, recursos y responsabilidades. El compromiso se comprobará en las decisiones económicas de empresas y gobiernos, y en las posibilidades de los pueblos para sostener sus territorios y decidir su futuro.
