A nueve años de la represión, las órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles y 15 exfuncionarios abren un nuevo capítulo de la lucha comunal
Patricia Monreal
En vísperas de cumplirse nueve años de la represión a la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, hoy se abre un nuevo capítulo de lucha por el acceso a la justicia para sus habitantes, con la exigencia para que las órdenes de aprehensión giradas contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, y otras 15 personas -involucradas en los hechos-, se hagan efectivas y que rindan cuentas ante la justicia.
El viernes 27 de marzo, un juez de control del fuero local concedió a la Fiscalía General del Estado las órdenes de aprehensión en contra de Aureoles, así como de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y de 14 policías estatales, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con hechos registrados el 5 de abril de 2017, en Arantepacua.
Las órdenes de aprehensión se dan un contexto político específico en Michoacán: en tiempos en que el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, busca posicionarse para ser el candidato de Morena a la gubernatura del estado.
Arantepacua había solicitado a la Fiscalía General de la República la atracción del caso; sin embargo, ésta rechazó la petición en marzo de 2022, dejando el caso en manos del Ministerio Público local.
Para diciembre de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 42VG/2020 por violaciones graves a los derechos humanos ocurridos en Arantepacua, entre las que se encuentran las ejecuciones arbitrarias de José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre, Luis Gustavo Hernández Cohenete y Santiago Crisanto Luna.
Además, la comisión consignó la responsabilidad del gobierno estatal, de Silvano Aureoles, del entonces secretario de Gobierno, Adrián López Solís, de Juan Bernardo Corona y del subsecretario de seguridad Calos Gómez Arrieta -actualmente preso por tortura en el caso Ayotzinapa-. Además, en la lista estaban Armando Hurtado Arévalo, que también fue secretario de Gobierno en el silvanismo, y Víctor Lara Vidales.
Las violaciones detectadas por la comisión abarcan cuatro ejecuciones arbitrarias, diez casos de tortura, 48 detenciones arbitrarias, 56 domicilios allanados ilegalmente, decenas de personas lesionadas de manera injustificada, y la criminalización de la lucha comunal.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), en los trabajos de reparación individual y colectiva para la comunidad, registró un total de 750 víctimas.
A través de su Concejo Comunal, comisiones, víctimas y asesor jurídico -Enrique Guerrero-, Arantepacua fijó su postura este domingo 29 de marzo sobre las órdenes de aprehensión giradas. Se declaró en máxima alerta para cuidar y vigilar que las órdenes se ejecuten y anunció que se coordinarán con más de 40 comunidades que se han declarado en ejercicio de su autonomía para en su momento, ser parte de la búsqueda y localización de los responsables.
Dejaron en claro que las órdenes de aprehensión son resultado directo de su lucha sostenida para romper un entramado de encubrimiento, dilación y obstrucción institucional que durante años intentó impedir la justicia.
“Durante estos años hemos sostenido un proceso organizativo, político y jurídico que implicó la compilación de cientos de pruebas y movilizaciones constantes en Michoacán y en la Ciudad de México, así como el fortalecimiento del tejido comunitario para sostener la exigencia (…) Desde el primer día, nuestra comunidad enfrentó no solo la violencia del Estado, sino también su negativa a investigar. La Fiscalía del Estado, encabezada durante años por Adrián López Solís, operó como un obstáculo sistemático para la verdad y la justicia”.
Recordaron que a lo largo de estos años se retrasaron diligencias clave, se intentó desviar líneas de investigación, se buscó presionar a las víctimas para desistirse y se reprimió a la organización comunitaria. Pero frente a ello, destacan que la comunidad no se replegó y logró este avance judicial, fruto de su lucha colectiva.
“Aunque las órdenes de aprehensión no son justicia, son apenas el inicio de una etapa en la que el Estado está obligado a demostrar que está dispuesto a romper con la impunidad que él mismo construyó”.
Instaron a las autoridades de justicia a que hagan efectivas las detenciones de Silvano Aureoles Conejo, “quien dio la orden de cometer la masacre”; y de Juan Bernardo Corona, entonces secretario de Seguridad Pública estatal, “institución que cometió las atrocidades. Asimismo, otros políticos y funcionarios que participaron deben ser buscados exhaustivamente, detenidos y llevados ante la justicia”.
Consideraron que su lucha abre una oportunidad histórica para la justicia en México: demostrar que los crímenes cometidos desde el poder pueden ser castigados.” Esta oportunidad no puede ser desperdiciada. El Estado mexicano, a través del Poder Judicial, tiene frente a sí la posibilidad de romper con años de impunidad y enviar un mensaje claro de que las violaciones graves a los derechos humanos no quedarán sin sanción”.
Al Poder Judicial le subrayaron que no aceptarán simulaciones ni dilaciones, por lo que exigieron que este proceso llegue hasta las últimas consecuencias, con sentencias firmes contra todos los responsables. “Solo así comenzará a saldarse la deuda histórica con nuestra comunidad y con los pueblos de México”.
Advirtieron además que en caso de que el Poder Judicial, “de manera injusta y corrupta, libere a los responsables de la masacre perpetrada contra nuestra comunidad, no dudaremos en recurrir a la movilización. La lucha por la justicia avanza, pero no ha terminado. Nunca habrá tregua ni perdón para quienes atacaron a Arantepacua. No descansaremos hasta que estas órdenes de aprehensión se conviertan en sentencias firmes”.
La justicia se compone del castigo a los responsables y de la reparación del daño, recordaron. En este sentido, señalaron que no aceptarán simulaciones ni incumplimientos en materia de reparación. “El Ejecutivo estatal ha sido omiso en atender los compromisos que ha pregonado. Incluso, el 4 de abril de 2022, el gobernador prometió públicamente la construcción de cuatro obras y, hasta la fecha, no se ha concluido ninguna. Si no hay justicia para nuestro pueblo, no habrá paz para el gobierno.
“El pueblo de Arantepacua seguirá activo en las movilizaciones que se requieran. Conocemos al gobierno estatal y al gobierno federal: a veces el discurso sale a flote, pero los actos no. Arantepacua siempre estará presente en las actividades y jamás descansará hasta conseguir la justicia”, concluyeron.
Portada: Mojigangas de Silvano Aureoles, Juan Bernardo Corona y Adrián López Solís, quemadas durante la movilización realizada en 2024 por comuneros de Arantepacua en Morelia | Imagen: captura de video
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