Atrás del uso de la fuerza de granaderos en contra de comuneros persiste una situación desigual en recursos y blindaje insuficientes para combatir inseguridad
Raúl López Téllez
Las comunidades sobreviven entre el asedio criminal y la negligencia gubernamental, consideró el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM)
Veinte policías comunitarios asesinados en cuatro años ha sido el costo trágico del asedio que viven las comunidades indígenas del estado, 28 de las cuales soportan un ataque directo desde hace dos años de parte del crimen organizado, de acuerdo a un recuento del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM).
Tras rechazar los hechos ocurridos el 25 de mayo en Casa Michoacán, donde un operativo de granaderos agredió a los comuneros con balas de goma y gases lacrimógenos, cuando se manifestaban y demandaban audiencia en exigencia de justicia por los hechos en Sevina, donde murieron dos kuarichas o policías comunitarios en un ataque del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Consejo Supremo señala que “las comunidades sobreviven entre el asedio criminal y la negligencia gubernamental”.
Entre sus exigencias, el CSIM plantea a la federación se incrementen los recursos para la seguridad de las comunidades indígenas, además de señalar que en el plano estatal al Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), programa estatal, “lo recortaron un 20 por ciento”.
Demandan como organización que exista un “seguro de vida para todos los integrantes de las Rondas Comunales y consejeros de Honor y Justicia; la dotación pronta de ambulancias para las comunidades y el establecimiento de una estrategia de seguridad para 450 comunidades que no tienen autogobierno y que se encuentran en total estado de indefensión”.
Cabe señalar que además de Sevina, en Acachuén, municipio de Chilchota en la Cañada de los Once Pueblos, se dio una agresión en días previos a Sevina, con un saldo de dos comuneros asesinados en un ataque atribuido al CJNG.
“Los ataques a las comunidades indígenas, forman parte de una táctica de control de territorio, de saqueo de recursos naturales y en contra de las formas de organización y gobierno de las comunidades indígenas, en este contexto, los funcionarios federales, estatales y municipales se encuentran más preocupados por hacer campañas electorales que por resolver los problemas de seguridad”, indica el CSIM.
En otras zonas de la entidad como la Sierra Costa, donde el asedio criminal es constante desde hace años, la disputa por los recursos como la minería han generado desapariciones y homicidos en la zona de Aquila, concretamente en Santa María Ostula, además de Coahuayula y varias comunidades a su alrededor en el municipio de Chinicuila.
“Desde hace más de dos años el CSIM ha venido denunciando la crisis de inseguridad que se vive en las regiones donde habitan comunidades originarias, se han tenido múltiples mesas de trabajo con el Gobierno Federal y Estatal, se han firmado sendas minutas de trabajo, pero pese a ello, el Estado mexicano no cumple con los acuerdos y la inseguridad, la injusticia y la impunidad se expanden como un cáncer en las comunidades. El gobierno no es capaz de cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad y paz para los mexicanos, las comunidades sobreviven entre el asedio criminal y la negligencia gubernamental”, indica el posicionamiento del Consejo Supremo.
Imagen portada: Un amplio operativo policiaco desplegado contra comuneros de Sevina y otras comunidades purépechas, que demandaban audiencia el 25 de mayo en Casa Michoacán | Fotografía: CSIM