Yarabí Ávila, un año de claroscuros en la UMSNH

Con visos de intolerancia, además de acciones ejecutadas con riesgos y sin contar con el consenso de los sectores universitarios o la consulta a los órganos de gobierno, el actual rectorado ahonda la fragmentación de una comunidad

Raúl López Téllez

A un año de su arribo a la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González ha generado acciones polémicas sin considerar a la comunidad universitaria y que en la mayoría de los casos demuestran su falta de conocimiento de la institución, señalan docentes e investigadores para quienes ante una continuidad de inercias y falta de transparencia, “falta mucho por hacer” en una administración con cambios constantes de funcionarios y relevos a modo en puestos directivos.

Impuesta en el cargo por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a través de la Comisión de Rectoría, la exdiputada priista y exsecretaria de Educación en el gobierno del morenista reproduce el discurso retórico de su antecesor, Raúl Cárdenas Navarro, donde se dibuja una institución ceñida a presuntos parámetros de calidad y a la que le agrega una terminología donde campean las palabras “éxito”, “nicho de oportunidades”, “necesidades del mercado”, “emprendedurismo” y “competitividad”.

En días pasados, la funcionaria se dijo víctima de violencia política en razón de género al ser objeto de constantes críticas. Aunque no identificó en concreto a qué medio o comunicador se refería, Ávila anticipó que interpondrá demandas penales contra calificativos como “rata”, “pendeja” o por presunta malversación de fondos que le han endilgado, según señaló en un video montado en sus redes sociales.

La funcionaria ha estado en el ojo público desde el inicio de su administración, misma que emprendió con un discurso en contra de la corrupción y donde se aplicaría a “limpiar” irregularidades, principalmente financieras y administrativas, “eficientar” recursos humanos y materiales y superar un déficit financiero que rebasa los mil millones de pesos anuales, aunque no hay denuncia alguna en contra de su antecesor no obstante que Ávila reconoce que al dejar el cargo éste posicionó a familiares y funcionarios sin perfil alguno en puestos docentes y de investigación. En cuanto a su gabinete, cabe señalar que ha hecho cambios en más de una docena de casos, los cuales, a decir de la misma funcionaria, obedecen a su falta de eficacia.

Con el lema para la institución de “humanista por siempre”, en este transcurrir las acciones de la rectora han generado críticas de sectores de la UMSNH, que le cuestionan el por qué ha tomado decisiones sin la consulta previa a los órganos de gobierno como lo es el Consejo Universitario, sin dejar de reconocer que el mismo actúa “cada vez más a modo de los rectores en turno”, según lo expresan algunos consultados por este reportero.

Este 9 de enero, la fecha en la que estrictamente se cumplió un año de iniciar el encargo al frente de la UMSNH, quien ya fuera funcionaria de la Rectoría en el periodo de Salvador Jara Guerrero encabezó la presentación de su primer informe en la Posta Zootécnica de la Facultad de Veterinaria ubicada sobre la carretera hacia el Aeropuerto Internacional de Morelia, muy lejos por cierto de los puntos referenciales de la institución, el Colegio de San Nicolás o Ciudad Universitaria, y puntos de convivencia mayoritaria de la comunidad universitaria.

En su mensaje, Ávila González destacó que en este primer año, “se ha identificado a quienes fingen ser aliados pero no lo son”, al igual que ostentó que las acciones realizadas se inscriben bajo criterios de la defensa de los derechos humanos, la paz, la tolerancia, la equidad, la democracia, la inclusión, la sostenibilidad y la corresponsabilidad con la rendición de cuentas.

En su discurso, la rectora señaló que las metas propuestas para este primer año, “se cumplieron, muchas fueron rebasadas y otras están por concluirse, pero lo que si debemos remarcar en todo esto, es que todos podemos caminar con la frente en alto, todos podemos mirar a los ojos a todos, saludar de mano y gritar Pis-pas porque no tenemos nada de qué apenarnos y de qué escondernos, aquí todas y todos contamos, todos tenemos voz, todos tenemos decisión, tenemos rumbo, lo que no tenemos son deseos de destruir o dañar a alguien, mucho menos de lastimar nuestro patrimonio”.

El recuento de los daños

De las acciones que más han trascendido en el temprano rectorado de Ávila González -a quien se le ha identificado con grupos conservadores como ProVida, por una fotografía donde posa con un pañuelo de la organización ultraderechista-, se destacan las siguientes por su trascendencia no sólo en la comunidad sino en lo social.

-Discurso en contra del narcomenudeo. Con un ataque previo a balazos a docentes de la Preparatoria 2 “Pascual Ortiz Rubio” en un café ubicado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, la Rectoría inició el discurso sobre un pretendido combate al narcomenudeo en la UMSNH, mismo que incluyó sin aviso alguno y sin considerar a los órganos de autoridad -Consejo Universitario y Consejo Técnico de la preparatoria-, un operativo ejecutado por elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, Guardia Civil y Policía de Morelia. La acción fue criticada por varios sectores de la Universidad no solo hacia la Rectoría, sino al gobierno estatal por haber avalado la acción.

-Supresión o recorte de programas académicos. En agosto, la Rectoría propuso la eliminación de la carrera de Ingeniería en Tecnología de la Madera, lo que generó críticas de estudiantes y de industriales del sector forestal, propuesta que finalmente se concretó en noviembre, al igual que el recorte en la licenciatura de Música en la Facultad Popular de Bellas Artes, tendencia que pretende aplicarse en las carreras de Filosofía, Arquitectura e Ingeniería Civil.

-Represión a movimientos estudiantiles. Medicina fue el área donde Ávila González enfrentó la primera protesta estudiantil en su primer año, toma incluida de la Facultad desde el 7 hasta el 9 de septiembre. Los jóvenes rechazaron el cobro que se pretendía aplicar por inglés, establecido como materia obligatoria y cuyos costos de inscripción rebasan los dos mil pesos, situación que se elevaría hasta más de cinco mil pesos el ingresar a la carrera, además de denunciar acoso sexual de docentes a las alumnas y alumnos; condiciones deficientes en la infraestructura física de la dependencia, con instalaciones sanitarias antihigiénicas y un irregular funcionamiento del Departamento de Salud Mental. El mismo día en que los jóvenes iniciaron el paro, fueron notificados por el área jurídica que se tomarían acciones en su contra; al segundo día de movilización, fueron citados los presuntos dirigentes de las acciones para ser amenazados con ser expulsados, lo que desactivó las protestas, no obstante que una de las peticiones de los estudiantes era el que no se ejercieran represalias en su contra.

Otra movilización de estudiantes fue en la Facultad Popular de Bellas Artes en el mes de octubre, donde los alumnos también denunciaron condiciones deficientes de infraestructura, cobro de materia extranjera, acoso sexual de docentes y una asignación irregular de maestros que derivó en la falta de clases en la mayoría de materias para alumnos de nuevo ingreso. De acuerdo con versión de alumnos participantes en el movimiento, por parte de Rectoría hubo la advertencia de que la problemática no se ventilara en medios o de lo contrario serían sancionados.

-Imposición de directores. En contra de los resultados de los procesos internos de auscultación, a partir de los cuales el Consejo Técnico de las dependencias debe proponer una terna al Consejo Universitario para que se designe al director definitivo, tal y como lo marca la Ley Orgánica y los reglamentos respectivos, destacaron los casos de Filosofía, Derecho y Economía. En el primer caso, se pretendió imponer a Carlos Bustamante Penilla, quien alcanzó los últimos lugares en las opiniones a su favor y pese a que había renunciado presuntamente a su pretensión, se desdijo el día que el Consejo Universitario debería designar al titular definitivo, siendo nombrado como tal, lo que generó la protesta de docentes, trabajadores y alumnado, orillando a que en una asamblea fuera severamente impugnado y obligado a renunciar.

En el caso de Economía, Rectoría intervino en el proceso para echar abajo el proceso de auscultación en marcha y de los cinco precandidatos inscritos para la auscultación, la autoridad eliminó de un plumazo a dos de ellos e impuso a una directora que desde el inicio de la consulta ya se consideraba como la designada por Rectoría.  Igual pasó en el caso de Derecho, donde se hicieron a un lado los resultados de la auscultación para imponer a uno de los aspirantes.

-Constante relevo de funcionarios. En el primer año de su rectorado, Ávila González ha realizado alrededor de diez cambios en su gabinete. Entre estos, destaca el caso de la Secretaría con dos relevos; el de la Secretaría Académica, con dos; en Transparencia y Acceso a la Información, dos cambios; Transformación Digital, dos cambios y en la dirección del Centro Cultural Universitario, dos cambios. “Todos los días estamos siendo evaluados, yo misma soy muy dura en las evaluaciones y evidentemente sí habrá algunos reajustes correspondientes en el gabinete”, señaló en diciembre pasado la rectora.

-Complicidad con dirigencias gremiales cuestionadas y desconocidas. En una actitud que repite la política laboral del anterior rector, Ávila González opta por mantener relaciones con dirigencias gremiales cuestionadas, como lo son las del Sindicato Único de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) y el de Trabajadores de la Universidad Michoacana (Stumich), agrupaciones que en el caso de los académicos fueron desconocidas por una parte de sus agremiados al considerar que no representaban sus intereses al plegarse a las decisiones del rector como lo fue en la reforma al Régimen de Jubilaciones y Pensiones, además de que su Comité Ejecutivo General ya rebasó el periodo estatutario para el que fue electo, del 2018 al 2021; en el caso de los empleados, Cárdenas Navarro impulsó la organización considerada “sindicato blanco” para contener las protestas del gremio que detenta el contrato colectivo de trabajo, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), que en su momento se opuso también a la reforma al sistema de retiro.  

-Cobro en espacios informativos de la propia Universidad Michoacana. Sin mayor argumento que la necesidad de contar con ingresos propios, la Rectoría suprimió dos programas radiofónicos y anunció que se cobrarán los espacios transmitidos y producidos por dependencias de la misma UMSNH en la emisora universitaria, XESV Radio Nicolaita. El aviso se dirige concretamente a la Facultad de Filosofía y al Departamento de Idiomas, quienes producían los programas a eliminar. Los cobros serían de cinco mil pesos mensuales como “pagos de recuperación para Radio y TV Nicolaita”, condición para la permanencia de los mismos o de otros planteles.

-Desalojo del inmueble de la Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto”. En una política de continuidad con su antecesor, Ávila González dio continuidad al proceso jurídico emprendido en el 2021 por Cárdenas Navarro para intentar desalojar a la Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto” del inmueble que ocupa desde hace 47 años en la parte trasera del Colegio de San Nicolás o Preparatoria 1. La rectora plantea que hay déficit de espacios y por ello la necesidad de contar con el espacio que consta solo de seis aulas y en donde la Dirección Coordinadora de la Secundaria ha señalado que se pretende construir una cafetería, al igual que rechaza la versión de saturación de espacios, ya que el proceso de registro e inscripción para el nivel en el ciclo 2023-2024 registró un sensible descenso. El 4 de enero se intentó el desalojo con el uso de la fuerza pública, lo cual no se logró ante la “oposición manifiesta” que encontró la jueza Martha Nereyda Murillo Orozco ante la defensa que ha hecho la comunidad del plantel del proyecto y de su permanencia en el lugar, movilizaciones que incluyen el apoyo de senadores de la República y la consideración del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Secretaría de Educación Pública intervenga en el tema, lo que obligó al mismo gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a decir que el tema lo estaba atendiendo su administración, no obstante que ha rechazado atender directamente la petición de generar la seguridad para que el proyecto permanezca en el edificio donde se atiende actualmente a 170 jóvenes de colonias marginadas.

-Falta de pagos a sindicalizados. El discurso triunfalista de Ávila González sobre contar con recursos suficientes con el apoyo oficial para atender necesidades de fin de año, se cayó justamente en diciembre pasado, tendencia que se repite por el déficit financiero institucional desde el año 2017. No obstante reiterar a cada momento el apoyo de la administración del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla a su gestión, el 15 de dicho mes los agremiados al SPUM y al SUEUM iniciaron críticas en redes que rebasaron a sus dirigencias respecto a la falta de pago completo de salarios y nula atención al pago de prestaciones como el aguinaldo y otras. Ramírez Bedolla señaló que la falta de recursos se había dado por gestiones no cubiertas por el gabinete de Ávila González, y los pagos se cubrieron en “abonos” a finales de diciembre.

Visos de intolerancia en aumento

Para el catedrático e investigador Eduardo Nava Hernández, la acción destacable en el primer año de este rectorado fue la reinstalación por Ávila González de casi más de 30 despedidos en la UMSNH durante el rectorado anterior por Raúl Cárdenas Navarro, tanto empleados como catedráticos.

“Con limitaciones pero reinstaló”, señala. Cabe referir que los reinstalados tuvieron que renunciar al pago de salarios caídos y otras indemnizaciones, para corresponder “a la buena voluntad” de la Rectoría, según señaló en su momento Ávila González.

Otro aspecto que destaca es el manejo del déficit financiero, “que ha mejorado en algunos aspectos, hubo retraso en los pagos pero menos que en las gestiones anteriores”, punto relativo a favor de Ávila González y que el docente de la Facultad de Economía relaciona con la cercanía de la funcionaria al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Nava destaca lo que califica como una tendencia autoritaria en la manera de actuar de la rectora y su equipo, y cita como ejemplo de ello el caso de la Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto”, donde lo que menos ha prevalecido es el diálogo y la disposición por parte de las autoridades universitarias, dice.

Otro de los hechos que ubica en esta misma tendencia, es “el manejo del Consejo Universitario” y la imposición de directores con la injerencia en los procesos internos de auscultación en las dependencias para definir candidatos al puesto, “que limita posibilidades de precandidatos, los suspendió por pretextos muy formales”, señala en alusión a trámites que se aplican estrictamente más allá de valoración de perfiles.

Nava no duda en pronosticar que de acuerdo a estas actitudes, la tendencia es “de más autoritarismo que con otros rectores” al actuar de manera unilateral en imponer decisiones que hablan. La rectora “no conoce bien a la Universidad”, señala. Apela al origen académico de Yarabí Ávila y de su equipo, la Facultad de Contabilidad y Ciencias Administrativas, de donde proviene la mayoría de quienes han sido sus funcionarios, “sin mayor vínculo con otras dependencias”.

Reconoce a pregunta expresa que hay una mayor apatía de la comunidad universitaria en esta administración para involucrarse o cuestionar decisiones impositivas, aunque dice que el fenómeno no es nuevo, viene desde rectorados anteriores. No obstante considera lamentable que exista un Sindicato de Profesores (SPUM), “anulado”, al igual que en el caso del Sindicato Único de Empleados (SUEUM), al que se le impuso un contrapeso con el Sindicato de Trabajadores (Stumich), a lo que suma la nula organización de la base estudiantil.

Hostigamiento laboral, cobro a críticos

Hay otras voces que opinan pero optan por el anonimato.

Aluden a la persistencia de un clima de hostigamiento laboral y represivo en contra de aquellos que cuestionan las decisiones de la Rectoría.

Para algunos, es más la desilusión con Ávila González porque luego de haber transitado un periodo de enfrentamientos con Cárdenas Navarro, se preveía un ambiente más tolerante, abierto a la pluralidad de expresiones y no en que se consolidara “un ambiente ratonero” que no contribuye a modificar inercias.

“Es una triste realidad, hay ausencia de contrapesos y se mantiene un ambiente inquisitorial, persisten amenazas de una manera muy visceral y hasta vulgar, con mensajes anónimos y acusaciones sin sustento”, advierten.

Aluden incluso a un carácter “irascible” en Ávila González, que sería la razón atrás de los constantes relevos de sus funcionarios” y que la llevaría a tomar “decisiones abruptas”, mismas que podrían llevarla a operativos como el ejecutado en la Preparatoria 2 o sus expresiones respecto a rechazar críticas.

En algunas dependencias, indican, luego de que se cuestionaron procesos de cambios de directores, hay expedientes abiertos en contra de docentes en el área jurídica, en un ambiente que repite la actitud del periodo de Cárdenas Navarro. Ponderan que no hay un ejercicio autocrítico de la Rectoría, ya que los funcionarios “todo lo toman personal, no se propician espacios de debate, lo que refleja la falta de una cultura política”.

Mencionan como una de las debilidades de este primer año el que no se haya atajado el tema de la transparencia financiera y manejo de recursos, aspecto en el que se exhibió la falta de sensibilidad del gabinete de Ávila González en diciembre pasado, cuando ante la falta de pagos de salarios y prestaciones, “nunca dieron la cara, nunca una disculpa o una explicación”.

A futuro, consideran docentes consultados, “falta mucho por hacer. El balance no es muy positivo, no hemos podido ponerle freno a estas inercias”, al igual que ponderan la falta de la necesaria comunidad universitaria más participativa e involucrada en la problemática institucional. “Se supondría que la comunidad se mueve por intereses comunes, principios, pero no, no hay tal, está muy fragmentada, ha resultado todo lo contrario.”

Cerca de lo político, lejos de la academia

Víctima de los despidos ejecutados por Cárdenas Navarro y reinstalada en la naciente gestión de Ávila González, la secretaria general interina del SPUM, María Luisa Sáenz Gallegos, señala los puntos críticos del actual rectorado.

Sáenz fue designada en el cargo en un IX Congreso General de Representantes Extraordinario donde se desconoció a la dirigencia que encabeza Jorge Luis Ávila Rojas, al considerar que en el rectorado de Raúl Cárdenas Navarro dejó de representar los intereses de los académicos.

“Se continúa la práctica de ubicar directivos acordes al proyecto político más que académico y hace falta una dirección unitaria en el sentido del proyecto académico y sobre todo, conocer hacia dónde apunta, porque si bien existe un plan de desarrollo de la UMSNH, hay aspectos que deben revisarse, modificarse y planificarse”, plantea respecto al constante cambio de funcionarios.

Agrega que “ahora, aunque la normativa no lo contempla, se obliga a los directivos a ubicar a compañeros afines o incondicionales al secretario general (Javier Cervantes) en los espacios de las secretarías académicas, por ejemplo en caso de la Facultad de Enfermería, en el que se violentó una acción afirmativa a favor del gremio en esta dependencia, pues ese espacio siempre fue ocupado por alguien de la profesión y que nunca antes se violentó.”

Sobre la persistencia del déficit financiero, apunta que “no se ha hecho la suficiente gestión más allá de seguir recurriendo a la firma de convenios para la dotación de recursos extraordinarios con la Subsecretaría de Educación Superior (dependiente de la SEP). Se esperaba que al ser designada por el gobernador del estado (Alfredo Ramírez Bedolla), situación que trascendió a la comisión de Rectoría, fuera a haber un apoyo más contundente a la Casa de Hidalgo y aunque se han pagado quincenas y prestaciones con un retraso aceptable, esto se dio bajo un contexto de incertidumbre, no hubo comunicado oficial sobre lo que se estaba pagando o en que se comunicaran las fechas para liquidar los adeudos”, indica sobre los retrasos de pagos en diciembre pasado, con un cálculo del déficit de mil 380 millones de pesos.

En el mismo aspecto financiero sobre acciones no denunciadas por la administración actual, agrega que “no ha habido denuncias sobre hechos como el de la inversión de miles de pesos en la vacuna en la que supuestamente participaba la UMSNH.”

Sobre los adeudos y el incumplimiento en la calendarización de pagos pactada en las revisiones contractuales de los académicos, plantea que esta situación continúa, resultando afectados también los trabajadores administrativos y manuales.

“El representante legal y los funcionarios han optado, por comodidad, por arreglarse y por trabajar con el incondicional Comité 18-21 del SPUM revocado, caduco e impuesto por el Gobierno del Estado que dirige Jorge Luis Ávila Rojas, violentando con ello el estatuto y los convenios internacionales signados por México con la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad y la democracia sindical.”

Añade que “aunque hubo voluntad de reinstalar a quienes fueron despedidos injustificadamente por su antecesor, ha violentado los derechos irrenunciables al no pagar la proporción del aguinaldo a los reinstalados, así como menguar la antigüedad en varios casos.”

Sobre el operativo militar y policiaco implementado en la Preparatoria “Pascual Ortiz Rubio”, señala que “fue un desacierto total implementar un operativo de seguridad excesivo empleando a las fuerzas armadas del Ejército en una Preparatoria de la Universidad, porque desde que estuvo Salvador Jara se han gastado recursos en la supuesta seguridad universitaria, qué no se había dado cuenta que existía el narcomenudeo al interior de algunas dependencias y no se atacó el problema de origen fomentando medidas de prevención. La medida implementada más que percibirse como un aspecto de seguridad, se vio como una medida despótica, incluso se vio como que el gobernador se mofaba de la comunidad universitaria, y no es de extrañarse el bajo nivel de aceptación que tiene en la actualidad por actitudes poco sensibles.”

Finalmente, no deja de lado el hecho de la inversión en obra pública universitaria, donde “en los proyectos se debe priorizar el nivel de  beneficio a la comunidad y la población, pues como pudimos ver con Cárdenas Navarro en lugar de concluir la clínica universitaria se construyó su partenón”, indica en alusión a las instalaciones del nuevo edificio de Rectoría en Ciudad Universitaria, y que considera “un gasto innecesario”.

Con la donación del Hospital Infantil para crear el Hospital Universitario, considera, “el reto es demostrar qué tan buen gestor y administrador se es, de tal manera que permita no sólo equiparlo, sino sostenerlo, es uno de los retos que se avizoran.”

Respecto a las críticas recibidas y por las que Yarabí Ávila se consideró víctima de violencia política (sic) de género, y donde pide que las mujeres universitarias denuncien presuntas vejaciones, de acuerdo al video que exhibió, Sáenz refiere que “en mi caso empatizo con el sentirse atacada cuando no hay un motivo, pues yo experimenté un despido injustificado, armado, como en el caso de otras compañeras del SUEUM y el SPUM, por funcionarios que la rectora mantiene en la administración universitaria, como Ulises Huerta, el Jefe de personal que incurrió en falsedad de declaraciones en el acta que me levantó, de lo cual fue enterado su representante legal, Raúl Carrera, a quien se le pidió sancionar a éste y otros funcionarios que participaron en los despidos injustificados y que a la fecha se le mantiene en ese lugar; además todo ello fue promovido por otra mujer que fue gran hostigadora de lxs trabajadorxs, también, las primeras amenazas de mi despido llegaron de personal de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas.”

Indica que, “las afectaciones a mí y a mis compañeras y a las compañeras del Comité Interino del SPUM no fueron menores, pues los daños colaterales, a la salud física y mental, a la estabilidad familiar, a la economía y patrimonio, al proyecto de vida, a la vida misma, no son reparables, aún con la voluntad que tuvo de reinstalarnos, a ello le sumamos la revictimización, pues a varios de nosotros sin deber nada se nos reinstaló sin el pago de salarios caídos o violentando derechos irrenunciables como el pago de la parte proporcional del aguinaldo, otros pagos o el reconocimiento de antigüedad en algunos casos.”