La consigna es de la comunidad nahua frente a la sede del Poder Judicial de la Federación, el cual fallará en este mes sobre el amparo directo interpuesto en contra de intereses que atentan contra su territorio
Raúl López Téllez
Recuperar la tierra sagrada, Xayacalan, en disputa por intereses de narcotraficantes y empresarios mineros y turísticos, entre otros, sigue siendo para los comuneros nahuas de Santa María Ostula una enérgica demanda, un claro reclamo.
Así lo reiteraron con sus consignas en el bloqueo frente a la sede del Poder Judicial de la Federación esta mañana, donde sus representantes apelaron al derecho y la razón para exigir “que se reponga y se regularice el procedimiento para que se haga el desahogo correcto de la pericial en materia topográfica y también, para que se tome en consideración que Santa María Ostula es una comunidad indígena nahua”, derivados del proceso de amparo directo interpuesto contra supuestos pequeños propietarios que les disputan el territorio.
Son alrededor de 3 mil hectáreas en la Costa Nahua, frente al Pacífico mexicano, zona en la que este pueblo asediado ha pagado y sigue pagando con altos costos la autodefensa indígena de ese territorio: 40 muertos y seis desaparecidos en los últimos 16 años de lucha.
“Cómplices”, es la razón de la ausencia permanente de autoridades estatales y federales en aquel punto del litoral michoacano, aducen los voceros, quienes señalan en el inicio de la concentración ante la sede del PJF, que además de este bloqueo, hay otro en el tramo que conecta a Ostula con Aquila, en “la Carretera Federal Costera número 200”.
La presencia de los comuneros en la capital estatal tiene un motivo, reiterar sus razones ante los funcionarios del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo, del Décimo Primer Circuito, respecto al amparo interpuesto por la comunidad en el 2004 en contra de la decisión del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 con sede en Colima, que desconoce a favor de pequeños propietarios de La Placita, “una parte significativa de nuestras tierras y montes comunales”.
“Hasta el día de hoy, por generaciones enteras hemos custodiado a la Madre Tierra, hemos cuidado la vida del planeta en la parte que nos tocó nacer y vivir; y en los últimos 16 años defendido nuestras tierras y construido la paz con nuestras vidas, costándonos el asesinato de 40 comuneros y 6 más que han sido desaparecidos a partir de que iniciamos la recuperación del lugar sagrado que nombramos Xayacalan; hemos resistido a la guerra que hace el Cartel Jalisco Nueva Generación en nuestra contra y hoy, además, estamos a la expectativa de la última palabra del Estado Mexicano ante la exigencia de justicia agraria para nuestra comunidad”, señalan los comuneros en un documento leído antes de plantearse preguntas y respuestas.
“Última palabra”, señalan, al referir que en este mes de agosto se vence el plazo para que el Segundo Tribunal Colegiado defina la suerte de su amparo directo solicitado. “La razón legal e histórica de la Comunidad Nahua de santa María Ostula es evidente, y aún sabiendo que hay un juicio agrario plagado de irregularidades, tenemos la esperanza, fundada en la lucha de quienes nos han precedido, de quienes han pagado con su vida hacer la defensa de su comunidad, de que el Segundo Tribunal Colegiado (…) valorará los motivos y razones que hemos manifestado al recurrir a la justicia mexicana, la cual hemos agotado hasta esta instancia, habiendo sido despreciada nuestra solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera este trascendental amparo”.
Un juicio muy dilatado
Carlos González García, abogado de la comunidad, calificó el trámite como un “juicio muy dilatado, cumple 20 años de tramitarse en tribunales de este país, en el Tribunal Unitario Agrario número 38 de la ciudad de Colima y actualmente en el Segundo Tribunal Colegiado”.
Con el juicio 463/2023 del amparo directo solicitado, “sería la última instancia legal a la cual puede recurrir la comunidad para que le hagan justicia”.
Como “conflictiva de fondo”, citó que un grupo de personas “que se dicen pequeños propietarios han ocupado u ocuparon a lo largo de los años tierras sobre las que la comunidad tiene un título primordial, varios títulos primordiales de la época de la Colonia, una resolución presidencial y la ocupación comprobada desde hace más de 500 años.”
Se trata de tierras junto al Océano Pacífico, señala. “Suben hacia la sierra de Aquila”, municipio al que pertenece Santa María Ostula, con 24 kilómetros de litoral, es decir, sus tierras limitan con 24 kilómetros de línea costera.”
Desde el 2004, los “supuestos pequeños propietarios” interponen un juicio en el Tribunal Agrario en Colima, “el cual dicta una primer sentencia en el 2008 en contra de la comunidad; la comunidad recurre al Tribunal Superior Agrario”, el cual “convalida la resolución una vez más y la comunidad interpone un amparo directo; en aquel momento ya era el 2009, se le otorga el amparo a la comunidad para que se reponga el procedimiento por graves irregularidades, sobre todo en la integración de las periciales en materia de topografía, que son las que van a poder señalar cuál es la línea, cuál es el límite de la comunidad”.
En 2009, refiere, “se dicta una sentencia igualita a la del 2008, con los mismos razonamientos; el Superior Agrario vuelve a convalidar esa resolución y ahorita estamos ante esta instancia judicial, exigiendo que se reponga y se regularice el procedimiento para que se haga el desahogo correcto de la pericial en materia topográfica y también, para que se tome en consideración que Santa María Ostula es una comunidad indígena nahua que tiene un marco de derechos muy preciso, establecido en la Constitución, en los convenios y tratados internacionales, que ha sido completamente desconocida, a la comunidad no se le ha tomado como comunidad indígena dentro del juicio que se ha ventilado hasta el día de hoy y que lleva 20 años, no se han considerado sus títulos primordiales, no se ha considerado la posesión y la ocupación tradicionales, inmemorial, que tiene sobre sus tierras”.
En caso de convalidarse por el Tribunal la sentencia de amparo, señaló el abogado, “se va a fijar un límite comunal que le llevaría a perder de facto o quedarían fuera del reconocimiento comunal casi tres mil hectáreas, incluidas dos poblaciones de la comunidad, La Palma de Oro y El Murciélago, las cuales tienen una posesión antiquísima, algo realmente absurdo, que llegue a ocurrir porque va a contradecir completamente el Derecho en este país y va a contradecir todos los discursos que se hacen por parte de gobiernos, instituciones, en el sentido de que se han protegido y se han tutelado en los últimos años los derechos de los pueblos originarios”.
Estas tierras, agregó, “podrían pasar por varios procedimientos, a manos de los que se dicen pequeños propietarios, algunos de ellos tienen escrituras, las cuales son nulas porque están otorgadas sobre tierras comunales, pero básicamente pasarían a manos de pequeños propietarios”.
“Luchamos para subsistir”
Víctor Zambrano, del Consejo Comunal Indígena de Santa María Ostula, respondió a la pregunta de los medios sobre quiénes son los pequeños propietarios que disputan el territorio.
“Son supuestos pequeños propietarios… (…) Son prestanombres que en su momento estuvieron y siguen coludidos con el crimen organizado, desde ahí nuestra comunidad siempre ha sido golpeteada; en aquellos tiempos los Caballeros Templarios, hoy el Cartel Jalisco; hemos tenido una gran lucha desde el 2009 en la recuperación de esas tierras” que habitan “alrededor de 500 pobladores, que ya cuenta con varios servicios, encargatura, servicios educativos, educación inicial, la primaria con instalaciones ya bien…”.
Cuestionado sobre los intereses en torno a la disputa por la tierra, señaló que “existen muchas concesiones, mineras, nosotros simplemente vivimos ahí, pero para ellos pues a la mejor somos un estorbo porque estamos en medio de los dos puertos, el de Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo…”.
-¿Y del trasiego de drogas?
“Sí, pero nosotros luchamos para subsistir, no para hacerle un mal a ellos”.
Respecto a seguridad, reconoce que “empieza” a verse por el gobierno estatal, “presionado” cuando realizan movilizaciones como la de este viernes. “Estamos solos”, responde en cuanto a su Ronda Comunitaria, que integran, dice, 200 elementos.
-¿Ha existido indolencia de las autoridades o franca complicidad?
“Hay mucha complicidad de parte de las autoridades; sabemos que desde el 2009 a la fecha, obviamente que ha habido muchos cambios de gobierno; en algunos hay una mayor complicidad todavía, con otros podemos llevar un tipo de diálogo, pero el atropello a nuestra comunidad no baja…”.
