“Afirmaciones sin fundamento y la carencia de análisis crítico serio”, le señalan al articulista de Proceso docentes de Filosofía sobre la reforma a la Ley Orgánica
Raúl López Téllez
Morelia, Mich.- Carente de una visión objetiva y realista sobre el proceso de reforma a la Ley Orgánica en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), consideraron académicos de la Facultad de Filosofía las opiniones de Ernesto Villanueva en la revista Proceso.
En una respuesta dirigida al colaborador de la revista de circulación nacional, los docentes adscritos al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) le señalan al articulista una “imaginación e ´ingenuidad´ desbordante”, al considerar en su texto que la rectora de la UMSNH (Yarabí Ávila González) se ha convertido, luego de lograr la reforma a su Ley Orgánica, “en un referente emergente en el país porque ha sabido cómo lograr la unidad en la diversidad y los consensos necesarios para que el Congreso del Estado [de Michoacán] plasmara lo que podría ser el nuevo modelo de universidad pública”.
Habría sido interesante que expusiera las razones que le llevan a sostener que logró esa “unidad en la diversidad” y esos “consensos necesarios”, le replican los docentes al articulista, quien en una reciente visita a Morelia participó en un conversatorio organizado por la Asociación Michoacana de Periodistas A.C.
Si realmente se hubieran dado esos consensos, consideran los académicos, “¿cómo explica usted las diversas muestras de rechazo a la reforma de las diversas asociaciones sindicales, como los numerosos amparos individuales y el colectivo que el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana presentó el pasado viernes 28 de marzo?
“Nos alarma su afirmación de que la reciente normatividad de la Universidad Michoacana ´podría ser el nuevo modelo de la universidad pública´. Suponemos entonces que, por ejemplo, está usted de acuerdo en que en todas esas instituciones se apruebe un Estatuto Universitario para una Ley Orgánica que aún no existe y posteriormente se elabore y apruebe ésta. Estará usted de acuerdo también en que se aprueben Leyes Orgánicas redactadas apresuradamente, sin un proyecto de universidad, sin visión de futuro, regresivas, que no cumplen con el objetivo de dar seguridad jurídica, sin participación de la comunidad universitaria ni consensos mínimos y hasta con deficiencias gramaticales.”
La reforma a la Ley Orgánica de la institución fue aprobada el pasado 8 de marzo en el Congreso local por la mayoría morenista y sus aliados, con un plantón de sindicalizados y universitarios en las afueras de la sede legislativa que reprocharon el no haber sido considerados en ninguna de las fases del proceso -como lo mandata el artículo segundo de la Ley General de Educación Superior que considera una consulta obligada, previa, libre e informada ante cualquier cambio en las normas internas universitarias- y que demandaron a los legisladores retirar el tema de la orden del día y la reposición del proceso para lograr un consenso amplio y realista de los sectores universitarios, dado que la “consulta” virtual que aprobó el Consejo Universitario no rebasó el uno por ciento de opiniones de una comunidad conformada por más de 60 mil personas.
A la reforma a la Ley Orgánica, cabe recordar, le antecedió como lo señalan los catedráticos la actualización al Estatuto Universitario en junio del 2024 y bajo esquemas similares de exclusión a la mayoría de los universitarios, para encaminarse hacia una reforma constitucional propuesta por el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla al artículo 143, con lo que se abordaron establecer las funciones sustanciales de la máxima casa de estudios de la entidad, el facilitarle un presupuesto pleno con el otorgamiento del 4.5 por ciento del presupuesto estatal anual, la presunta “democratización” de la elección de autoridades y la instauración de un mecanismo “propio” para administrar pensiones y jubilaciones y que terminó finalmente con la reforma a la Ley Orgánica en la instauración de las administradoras de fondos de retiro (afores), ajena al modelo solidario que había prevalecido en la institución, ejes que en todo momento fueron cuestionados por académicos y expresiones internas de la Universidad Michoacana que con la reforma aprobada, además, ahora cambia su denominación por Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”.
“Este tipo de reformas, que parecen impulsadas por el afán de modificar estructuras, en muchos casos resultan ser un modelo de reducción de derechos laborales, donde el aspecto académico y el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria quedan relegados por completo. El verdadero foco, como es el caso de la reforma en la Universidad Michoacana, parece ser “resolver” la crisis financiera originada por malas administraciones, la falta de transparencia y la discrecionalidad en el manejo de los recursos, más que poner al día la institución con un nuevo proyecto de universidad que responda a las necesidades efectivas del estado, atender las nuevas realidades de la formación universitaria y la mejora de los derechos laborales, que son fundamentales para garantizar un entorno académico digno y funcional”, le señalan los docentes de Filosofía a Villanueva, a quien le reiteran que atrás de su “ingenuidad” podrían estar intereses personales.
A continuación reproducimos la contestación de los académicos a Villanueva:
DR. ERNESTO VILLANUEVA
Colaborador de la revista Proceso
P R E S E N T E.-
Por este conducto nos dirigimos respetuosamente a usted para externar nuestra opinión sobre el contenido de su artículo publicado en el portal de la revista Proceso el lunes 24 de marzo de 2025, haciendo algunas aclaraciones fundamentadas.
Afirma usted que la rectora de la UMSNH se ha convertido, luego de lograr la reforma a su Ley Orgánica, “en un referente emergente en el país porque ha sabido cómo lograr la unidad en la diversidad y los consensos necesarios para que el Congreso del Estado [de Michoacán] plasmara lo que podría ser el nuevo modelo de universidad pública”, exponiendo a continuación las razones con la que intenta fundamentar esta afirmación.
Habría sido interesante que expusiera las razones que le llevan a sostener que logró esa “unidad en la diversidad” y esos “consensos necesarios”. Nos permitimos enviarle el posicionamiento de nuestra sección sindical en el que exponemos los elementos que nos llevan a sostener que no se dieron tales consensos. Por otro lado, si realmente se hubieran dado esos consensos, ¿cómo explica usted las diversas muestras de rechazo a la reforma de las diversas asociaciones sindicales, como los numerosos amparos individuales y el colectivo que el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana presentó el pasado viernes 28 de marzo?
Nos alarma su afirmación de que la reciente normatividad de la Universidad Michoacana “podría ser el nuevo modelo de la universidad pública”. Suponemos entonces que, por ejemplo, está usted de acuerdo en que en todas esas instituciones se apruebe un Estatuto Universitario para una Ley Orgánica que aún no existe y posteriormente se elabore y apruebe ésta. Estará usted de acuerdo también en que se aprueben Leyes Orgánicas redactadas apresuradamente, sin un proyecto de universidad, sin visión de futuro, regresivas, que no cumplen con el objetivo de dar seguridad jurídica, sin participación de la comunidad universitaria ni consensos mínimos y hasta con deficiencias gramaticales.
Se dejó usted encantar por el tema del “presupuesto pleno” que fue usado por las autoridades como baratija dorada para que aceptáramos los cambios en la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo y en la Ley Orgánica. ¿No le parece a usted sospechoso al menos que a pesar de que ya contamos con ese “presupuesto pleno”, por ejemplo, se cobre por todo servicio que ofrece la Universidad Michoacana, se concesionen espacios a particulares al interior de instalaciones universitarias y el prespuesto para este año de muchas dependencias se haya reducido significativamente? El de la Facultad de Filosofía se redujo prácticamente en un 50% para este año. Por otro lado, ¿a qué “estrategia integral de reingeniería financiera” se refiere usted y desde cuándo fue implementada? ¿Al programa de “austeridad” que dificulta el ejercicio del presupuesto universitario para asuntos básicos como, por ejemplo, la adquisición
de material para nuestras bibliotecas para derivar ese dinero al pago de servicios personales y ha detenido las jubilaciones durante años? ¿Acaso esa “situación financiera particularmente grave” de la que habla usted (curiosamente en pasado, como si ya estuviera superada) se resolvió con esa “reingeniería financiera”, sin revelar ni atacar las causas que la provocaron y de las que prácticamente no se habla, y cuando sucede es casi siempre para decir, falsamente, que todo es culpa de las jubilaciones doradas que tenemos las trabajadoras y trabajadores universitarios?
De poco sirve que “la Constitución [otorgue] una garantía presupuestal progresiva que no puede ser menor a la del año anterior”, si el presupuesto es insuficiente y si no se combaten las prácticas de falta de transparencia y uso discrecional de los recursos (en contratos de servicios, nuevas plazas, salarios de los funcionarios, etc.) que han sido moneda corriente en nuestra institución.
Cuando afirma usted que “en gran parte del país el proceso de elección de la persona titular de la rectoría se caracteriza por ser facultad de un órgano ajeno a la participación decisiva de la comunidad universitaria y, por supuesto, en Michoacán no era la excepción, [y] donde se ha vuelto tema de elecciones abiertas de la comunidad para este proceso se ha vuelto un proceso no menor de politización y manipulación de ahí que esta práctica haya justificado la primera opción como un mal menor”, parece estar sugiriendo, además de un falso dilema (al que se le ha encontrado la solución en la UMSNH, proponiendo “un sistema de representación comunitaria con la participación de representantes de la comunidad universitaria basados en su experiencia y méritos”) la idea de que cuando la elección se hace en un órgano con pocos integrantes, no hay lugar para esa “politización y manipulación”. Nos parece que no es así. La comisión de rectoría era un órgano, no sólo “ajeno a la participación […] de la comunidad universitaria” sino uno totalmente manipulado por una autoridad política externa que les instruía a quién debían nombrar. Nos parece que eso no va a cambiar por el hecho de que se haga una “consulta” a los tres sectores de la comunidad universitaria pero la decisión siga siendo “tomada” por un grupo de notables al que sólo se le cambió el nombre y, muy ligeramente, la forma en que se integra.
Sobre el peso que esas consultas han tenido en nuestra institución, le recordamos que usted mismo, en 2012, denunció la manipulación que se producía al interior del Consejo Universitario para sesgar las elecciones de directores por parte de un rector que luego fue el gobernador marioneta del virrey peñista. No era raro que ganaran esas elecciones personajes que no habían obtenido el voto mayoritario de un solo sector de sus dependencias.
Decir que los tres ex-rectores que formarán parte de la nueva comisión que, supuestamente, nombrará al rector son “representantes de la comunidad universitaria [y que estarán ahí por] su experiencia y méritos” es una ocurrencia que ni como broma pasa.
Afirma usted también que “la nueva Ley orgánica establece una Comisión Especial del Consejo Universitario, hoy reconocido como la máxima autoridad universitaria donde la participación estudiantil recae en el estudiante con el promedio académico más alto lo que despolitiza esta representación. Por vez primera los méritos vencen a los vaivenes de la política. Asimismo, se establece la figura de la no reelección en la rectoría y se incorpora, como principio de la organización universitaria, la paridad de género en los cargos de gobierno”. Consideramos que su postura es una clara muestra ya sea de desconocimiento de la anterior Ley Orgánica, de ingenuidad o de mala fe.
En primer lugar, porque la anterior Ley Orgánica ya establecía que el Consejo Universitario era la máxima autoridad de la Universidad Michoacana (Artículo 9, aunque en realidad distaba mucho de serlo, excepto para fines puramente formales, discursivos o simbólicos), no es que hasta ahora se le reconozca esa jerarquía con la nueva Ley Orgánica.
En segundo lugar, eso de que “por vez primera los méritos vencen a los vaivenes de la política” por el hecho de que la participación estudiantil en la “Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector” es una observación que surge de la desinformación. Ya en la anterior Ley Orgánica, Artículo 8, se establecía esta condición para que un consejero universitario estudiante pudiera formar parte de la Comisión de Rectoría, pero no se establecía cómo proceder cuando dos o más estudiantes tuvieran promedio de 10 (lo que sucedía con frecuencia, y nadie sabía cómo se elegía entre ellos, aunque la evidencia sugería que llamaban al más cómodo o al que tenía una buena recomendación de alguna autoridad externa a la Universidad. Por otro lado, tenemos testimonios de estudiantes que formaron parte de esa Comisión a quienes no se les convocaba a todas las sesiones).
En tercer lugar, la no reelección en la rectoría ya se contempla desde la Ley Orgánica anterior por lo que tampoco es una novedad.
Por último, la incorporación, “como principio de la organización universitaria, [de] la paridad de género en los cargos de gobierno” resulta escasa y fragmentaria, constituyendo más una estrategia de apariencia que un compromiso sustantivo, suficiente para engañar y deslumbrar a observadores y analistas poco atentos.
Afirma usted que con la aprobación de la nueva Ley Orgánica, “se fortaleció la autonomía del Tribunal Universitario, dotándolo de mayores capacidades institucionales, y se crearon unidades especializadas para la atención de conductas indebidas, con un enfoque tanto preventivo como correctivo”. Pensamos que se equivoca usted por completo, pero para que conozca las razones por las que le decimos esto, lo remitimos también al contenido de nuestro pronunciamiento que le adjuntamos en la presente.
De algunas de sus afirmaciones puede inferirse que usted sostiene que “con la entrada en vigor de la nueva Ley se establece ahora la obligación de publicar el presupuesto anual de ingresos y egresos en el Periódico Oficial del Estado y se prevé la presentación periódica de informes trimestrales de gestión ante el Consejo Universitario”, se inaugurará en la Universidad Michoacana una era en la que “la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y el control democrático sobre el uso de los recursos institucionales” finalmente será moneda corriente en nuestra institución. Hemos de concederle que aquí muestra usted una gran imaginación para describir paisajes luminosos y esperanzadores, pero muy poco realistas. Bastará que examine algunos de los informes financieros que acostumbra dar la autoridad al Consejo Universitario y los proyectos anuales de ingresos y egresos para que entienda nuestro gran escepticismo.
Remata su texto con otras dos muestras de imaginación e “ingenuidad” desbordante. La primera de ellas es cuando afirma que “la nueva normativa incorpora, con carácter transversal, principios fundamentales que fortalecen la cultura institucional: el uso del lenguaje inclusivo, la igualdad sustantiva de género, el acceso efectivo a los derechos culturales, la protección y promoción de los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social universitaria y, de manera destacada, el fomento al pensamiento crítico [y que] este último constituye, sin lugar a dudas, el eje articulador de una universidad pública que aspira no solo a formar profesionistas, sino a cultivar ciudadanas y ciudadanos con autonomía intelectual, capacidad de análisis y disposición al cuestionamiento reflexivo sobre los fines y medios de la vida social”. Hemos de reconocerle también su notable alquimia retórica al convertir discursivamente un proceso de reforma en el que han estado ausentes el pensamiento crítico, la autonomía intelectual, la capacidad de análisis, la disposición para el cuestionamiento reflexivo y, sobre todo, la libertad de expresión, en uno que de manera misteriosa (y diríamos que hasta milagrosa) permitirá la formación de profesionistas y ciudadanos con todas estas virtudes y capacidades.
La segunda de esas grandes muestras de imaginación, “ingenuidad” o de algún interés personal sobre el que sólo podemos hacer suposiciones, la constituye sus afirmaciones de que “[l]o que por décadas fue considerado inalcanzable, [elaborar una nueva Ley Orgánica], se ha concretado en menos de dos años, [que] se trata de una tarea colectiva de toda la comunidad universitaria; [y que todo esto] constituye ya un referente que merece ser examinado, documentado y, llegado el caso, adaptado y replicado como paradigma de reforma estructural en el ámbito de la educación superior pública en México”. ¿Es en serio, Dr. Villanueva, que está usted convencido del supuesto potencial transformador de estas reformas? ¿En verdad ha revisado usted en detalle tanto el nuevo Estatuto Universitario como la recientemente aprobada Ley Orgánica y el proceso que se siguió en la Universidad y en el Congreso del Estado para aprobar esta última y, a pesar de ello, en verdad piensa que es un “paradigma de reforma estructural”?
Titula usted su colaboración Reforma universitaria, UMSNH, el cambio posible. En primer lugar, claro que un cambio es posible, pero es absurdo que se celebre el simple acto de cambiar sin que el mismo sea para mejorar, para repensar el sentido de la Universidad en nuestros días, sin tener en cuenta las necesidades que existen en la docencia, la investigación y la extensión, como es nuestro caso. A veces, el cambio se promueve como un fin en sí mismo, sin preguntarse si realmente beneficia a los estudiantes, docentes, trabajadores y a la sociedad en general, sino simplemente con el propósito de obtener las supuestas ganancias políticas que representa mostrarse como un reformador, como un agente del cambio.
Hoy Michoacán se convierte en ejemplo de que el cambio puede ir de la periferia al centro. Es este el subtítulo de su artículo de opinión. Irónicamente, es cierto que Michoacán podría convertirse en ejemplo de lo que otras universidades deberían hacer para hacer efectivos cambios en sus marcos normativos. Sin embargo, no necesariamente es un ejemplo positivo. Este tipo de reformas, que parecen impulsadas por el afán de modificar estructuras, en muchos casos resultan ser un modelo de reducción de derechos laborales, donde el aspecto académico y el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria quedan relegados por completo. El verdadero foco, como es el caso de la reforma en la Universidad Michoacana, parece ser “resolver” la crisis financiera originada por malas administraciones, la falta de transparencia y la discrecionalidad en el manejo de los recursos, más que poner al día la institución con un nuevo proyecto de universidad que responda a las necesidades efectivas del estado, atender las nuevas realidades de la formación universitaria y la mejora de los derechos laborales, que son fundamentales para garantizar un entorno académico digno y funcional.
El cambio «puede ir de la periferia al centro». En esto le debemos conceder toda la razón: también desde las márgenes pueden imponerse retrocesos.
Le solicitamos atentamente que en su siguiente columna haga mención de esta réplica a su texto del 24 de marzo, mismo que ha generado indignación entre muchos de quienes lo leímos por sus afirmaciones sin fundamento y la carencia de análisis crítico serio (es apenas creíble que la única nota “crítica”, penosamente desvaída, en todo el texto sea acudir al lugar común de que, “como toda obra institucional, el perfectible”), y nos indique la forma en que podemos enviar nuestra inconformidad sobre su contenido para que aparezca en el portal de la revista “Proceso”, medio en que fue publicada. Lo anterior esperando que la revista siga siendo referente de la libertad de pensamiento y de expresión como alguna vez lo fue. Gracias.
Morelia, Mich. A 31 de marzo de 2025
“Unidad, Democracia e Independencia Sindical”
Integrantes de la Sección Sindical de Filosofía Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana Facultad de Filosofía “Dr. Samuel Ramos Magaña” e Instituto de Investigaciones Filosóficas “Luis Villoro”.
Fotografía: Manifestación de universitarios el jueves 27 de marzo, contra la reforma.
