El nuevo Observatorio Socioambiental de Morelia quiere que se respete la ley de acceso a la información porque, sin información, la sociedad está indefensa
David Ramos Castro
La tarde del jueves 7 de noviembre de 2024, en el Auditorio «Luis Villoro» del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se celebró la primera edición del foro «Polis», un encuentro dedicado a reflexionar acerca del tema de la ciudad a partir del caso concreto de Morelia. El acto fue organizado por alumnos de la Facultad de Filosofía «Samuel Ramos» pertenecientes al grupo «Filosofía Insurgente», y a él asistieron varios colectivos integrados por jóvenes estudiantes y recién licenciados, como el Frente contra la Gentrificación de Morelia (FCGM), el Proyecto Migala y el Observatorio Socioambiental de Morelia (OSAM). Precisamente este último eligió dicho foro para su presentación pública. Con uno de sus responsables, el joven Luis Ramírez, un licenciado de Ciencias Agroforestales de 24 años, crucé algunas palabras. Fue antes de la conferencia que él mismo dio en el auditorio junto con otro compañero.
Algunos meses más tarde, volvimos a conversar en el patio de un agradable café de la ciudad, cuyo agujereado techo pronto nos obligó a cambiar de mesa para guarecernos del recio aguacero que se había desatado aquella tarde. La idea del observatorio ya tenía unos tres años, pero no se consolidó realmente hasta el proyecto del Segundo Anillo Periférico de la ciudad, una polémica obra tanto por las implicaciones de su impacto medioambiental como por las sospechas que arrojaban sobre ella quienes la acusaban de favorecer a intereses inmobiliarios. Las dificultades del OSAM a la hora de recabar datos sobre aquel y otros proyectos le dejaron ver la necesidad real que había de garantizar el acceso público a la información, dado que, sin esa base informativa, la ciudadanía no podía hacer nada. En este sentido, resultaba sin duda irónico que el obstáculo proviniera a veces de la propia ley (la Ley de Transparencia, en este caso), la cual permitía a los gobiernos demorar hasta tres meses la actualización de los documentos. Uno de los intereses del Observatorio era que se llegara a reducir ese plazo, el cual ya era menor en otros estados del país.
En general, el Observatorio criticaba que se incumpliese el proceso de transparencia con arreglo a criterios contradictorios que tan sólo favorecían a ciertos intereses privados. Un ejemplo de esa contradicción consistía en negar la información de un proyecto aduciendo el riesgo de que aumentara la actividad especulativa, al mismo tiempo que se celebraba que los terrenos involucrados aumentaran su plusvalía. Se trataba, en todo caso, de una crítica que iba unida a la denuncia del órgano ciudadano con respecto a la política urbana vigente, la cual, a su juicio, sólo estimulaba el beneficio de los promotores inmobiliarios en desmedro de los derechos sociales y naturales de la ciudad. Muchas personas, sin embargo, no veían con facilidad los perjuicios que eso terminaba ocasionando en aspectos básicos de sus vidas, como la salud, la seguridad y el transporte, y menos aún, los graves daños ecológicos que al cabo acababan comprometiendo el bienestar de todos. Para el miembro del OSAM, detrás había siempre un idéntico modus operandi ejecutado por los mismos actores en juego: gobiernos locales, capitales extranjeros (que yo calificaría más bien como trasnacionales) y el recurso de la violencia y el miedo. La historia era bien conocida, pues coincidía con lo que sabíamos y veíamos en muchas otras ciudades y países del mundo, cuyos particulares matices «glocales» no alteraban esa lógica general.
Frente al despojamiento cada vez mayor del derecho de la gente a participar en el rumbo y transformación de sus ciudades (una participación real que a menudo era falseada por medio de simulacros participativos sin incidencia real alguna en aspectos relevantes), el OSAM mostraba una postura clara que, en palabras de mi interlocutor, debía basarse en «concientizar y educar». De ahí que los pasados días 5, 6 y 7 de junio hubiera organizado un taller de participación ciudadana cuyas actividades se desarrollaron en la biblioteca de Filosofía de la Universidad Michoacana y en la Casa Hotel del Maestro en la Nueva Chapultepec, y al que asistieron más de una veintena de personas. En él, y a partir de algunas útiles y creativas herramientas de análisis sobre temas como el agua, la vivienda, el crecimiento urbano, la movilidad, las áreas naturales protegidas o el acceso a la información, el OSAM propició un diálogo sobre Morelia, reflexionando acerca de las decisiones que afectaban a la vida de sus habitantes. Hubo tiempo, además, para plantear un interesante debate sobre el significado y funciones de un observatorio ciudadano. Un éxito, sin duda, para el joven Observatorio Socioambiental, y una vía promisoria para que otros, en Morelia o allende, se animen a reunir ideas y actos al margen de las instituciones al uso y con vistas a recuperar nuestro derecho real y común a pensar, discutir y, en última instancia, decidir sobre la ciudad donde queremos vivir.
Fotografía de portada: Obras para el Segundo Anillo Periférico | Regla de Tres
Consulta:
¡Peligro ambiental! 2º Anillo Periférico
Represión y despojo, 2º anillo periférico
La Mintzita y sus defensores
