Regla de Tres

UM: ¿democratización por decreto?

Sin convocatoria abierta para que participen en el proceso los sectores universitarios, la Rectoría de la Universidad Michoacana avanza en el intento por reformar la Ley Orgánica de la mano del gobierno estatal

Por decreto e imposición del gobierno estatal y de la Rectoría, prevén sectores de la Universidad Michoacana que se aplicará la reforma a la Ley Orgánica, un proceso que anticipan será excluyente, sin convocatoria alguna para concitar a la participación y discusión de un anteproyecto con el consenso de la comunidad universitaria.

El proceso de una reforma para la Universidad Michoacana, fue reiterado el pasado 2 de septiembre por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, durante la presentación de los ejes del Plan Morelos, centrados en varias reformas tanto al Poder Judicial local, al marco electoral y a la mecánica para designar al fiscal general de la entidad.

La primera ocasión que se habló de una reforma a la Ley Orgánica por parte de Ramírez Bedolla, fue cuando el morenista ocupaba una curul en el Congreso local, donde planteó que la UMSNH se convirtiera en una “universidad nacional”, ello en el contexto de la crisis financiera que afectaba -y seguramente sigue presente- a una veintena de universidades públicas, como salida para que el soporte presupuestal fuera “asegurado de esa manera por la federación, propuesta que en su momento fue rechazada por varias expresiones universitarias al considerar que ubicaba a la institución en el riesgo de perder su continuidad histórica y el iniciar de cero sin garantizar el conservar derechos para sus trabajadores, tanto académicos como administrativos y manuales.

Desde el año pasado, ya como gobernador, Ramírez Bedolla incluyó el proyecto de reforma a la UM en el anuncio de su “Plan Morelos”, anunciado con un multitudinario acarreo en el estadio Morelos, donde en días pasados repitió el espectáculo pero para presentar su III Informe de Gobierno.

La misma rectora, Yarabí Ávila González, como legisladora del PRI en las LXXIV y LXXV legislaturas locales, reiteradamente habló de reformas en la centenaria institución.

Yarabí Ávila González, con el estandarte del Consejo Universitario en el dersfile por el aniversario del natalicio de Morelos. | Fotografía: Prensa Universidad Michoacana

Reforma sin consenso

Un proyecto de reforma a la Ley Orgánica que se pretenda democrática ciertamente debe tener como eje central la mecánica que determine la elección del rector o rectora, consideran varios sectores de la Universidad, pero con la participación y el consenso de los sectores que la conforman, que garantice la autonomía y lejos de los intereses del gobierno.

Sin pronunciarse abiertamente, dado el temor a “asomar la cabeza” y ser objeto de represión laboral -como ocurre con el rectorado de Ávila González, en una actitud que es continuidad de la política que ejerciera el anterior rector, Raúl Cárdenas Navarro, quien despidió a 40 sindicalizados, académicos y empleados-, docentes e investigadores universitarios señalan que habrá que tomar con reservas la declaración de Ramírez Bedolla el pasado 2 de septiembre, cuando afirmó que “se presentará la propuesta de reforma para la democratización y presupuesto pleno de la Máxima Casa de Estudios. Con esto se pretende que el rector y sus demás autoridades de la Universidad Michoacana sean electas de manera democrática”.

Según la versión recogida por medios el día del evento, el morenista habría señalado que “los alumnos, académicos, administrativos, sindicatos, Consejo, todos los órganos que conforman la comunidad participarán en la auscultación, análisis y definición del rector o rectora, es momento de democratizar a la Universidad Michoacana”.  

Actualmente, la elección del rector o rectora recae en la Comisión de Rectoría, integrada por ex rectores, docentes decanos y alumnos destacados, quienes no hacen sino legitimar a quien recomienda el gobierno estatal en turno, sin consideración alguna hacia quienes demandan desde hace varios años abrir el proceso a la Universidad en pleno, con una sistematización, transparencia y análisis en las propuestas de quienes aspiren al cargo, partiendo de una discusión sobre los retos que enfrenta la centenaria institución.

Reforma, ¿para quién?

El pasado 8 de mayo, en la ceremonia por el 271 aniversario del natalicio del libertador Miguel Hidalgo y Costilla y el máximo evento del calendario cívico nicolaita, la rectora anunció que iniciaría “una profunda reforma estructural que movilice la Universidad, que la ubique como una institución que se fortalece en el presente y se anticipa en el futuro”.

Quien ocupara previamente al cargo de rectora el de secretaria de Educación en el gobierno de Ramírez Bedolla, señaló que “urge intensificar nuestra metamorfosis con reformas desde la propia visión social, en la organización y en el funcionamiento de nuestra institución, es urgente entonces la actualización de nuestra legislación Universitaria, pero siempre con el consenso de todas y todos los nicolaitas y de todos los sectores que se unen al trabajo de la Universidad”, prometió, con la realización de “mesas de trabajo, de foros y de consultas con el objetivo de contar con un documento que recabe todas las voces de la comunidad o de aquellos que deseen participar”.

Planteó: “Sanemos las heridas que el pasado del tiempo ha generado en la Universidad al no atender temas que laceran los derechos humanos, que generan injusticias, problemas administrativos, que se contraponen al humanismo que pregonamos día a día, pero hagámoslo con responsabilidad y hablando con la verdad”.

Habló de “enfocar esfuerzos en una reforma integral, que, si bien en el pasado no se logró materializar, hoy dijo, la decisión está en nuestras manos, en las manos de toda la comunidad universitaria y de todo Michoacán”.

Señaló que el proceso se iniciaría con la reforma al estatuto universitario, sin cambios desde hace 61 años. “Necesitamos un Estatuto que nos represente a quienes estamos y a los que vienen, un estatuto que no se olvide del pasado pero que camine hacia adelante”, dijo, con el anuncio en entrevista a los medios de que los foros para este apartado iniciarían los días 16 y 17 de mayo.

Varias voces cuestionaron el anuncio de que la reforma iniciara con el Estatuto, cuando esta debería centrarse en acometer de manera integral la Ley Orgánica, en una secuencia lógica al ser la norma de la que se desprenden reglamentaciones u ordenamientos que rigen la actividad y fines universitarios.

Pero más aún: los citados foros de los días 16 y 17 de mayo no fueron presenciales, horas antes de que se llevaran a cabo, se anunció por parte de la Secretaría General que éstos serían virtuales, lo que generó desinterés en la participación y aquellos que lo hicieron, manifestaron que se dieron irregularidades como no aparecer en los registros o bien, ni siquiera generarse la discusión deseada sobre los ejes planteados en la convocatoria de Rectoría, llegándose a generar en algunos casos plenos monólogos al no existir público o participantes más allá del ponente.

La denominada Reforma al Estatuto, finalmente terminó con la presentación por parte de Rectoría del documento ya elaborado –“planchado”, señalaron algunos universitarios-, presentado el día 21 de mayo, posteriormente aprobado en una sesión sin discusión del proyecto en el Consejo Universitario, el 29 de mayo, y con represalias a quienes no votaron a favor del mismo o se abstuvieron, como fue en el caso de los consejales universitarios directores de Filosofía, Historia y del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (Ininee), con algunas consecuencias.

Sobre Filosofía, que se abstuvo de votar, Ávila González promovió de inmediato el proceso de renovación de la directora encargada del despacho, Elena María Mejía Paniagua, luego que había sido nombrada interinamente tras un proceso donde la comunidad del plantel no se dejó imponer un director, Carlos Bustamante Penilla, e incluso después del proceso con el riesgo de ser despedida de la dependencia, lo que finalmente no ocurrió por la presión de académicos de la sección sindical y concejales técnicos de la Facultad.

En el caso del Ininee donde también su comunidad se defendió en abril de este año del intento de que fuera removida su directora, América Ivonne Zamora Torres, su representación quedó excluida de la integración de las comisiones del Consejo Universitario que llevarán a cabo el proceso de reforma, anunciado a 180 días después de que se publicara el proyecto de reforma al estatuto universitario, lo cual ocurrió el 4 de junio en este año.

Después de la aprobación a las reformas al Estatuto, Yarabí Ávila develó una placa en el salón de sesiones del Consejo, donde los integrantes del Consejo, ¡le dan las gracias!

Placa de agradecimiento de los consejeros universitarios a la rectora.

Democracia en duda

Tras el anuncio de Bedolla de los ejes de su “Plan Morelos”, académicos pusieron en duda el intento real desde la esfera gubernamental.

Tomando como referencia los encabezados del anuncio en varios medios, sobre la “democratización” en la elección del rector o rectora, indican que “llama la atención la total falta de claridad sobre la forma en que se propone realizar ese proceso.

Ante la pretensión de que por decreto, “de un plumazo”, se impondrá la democratización en la Universidad Michoacana, académicos indican en un documento que “una democracia no solo se define por la elección a sus representantes o autoridades, sino también por la participación efectiva de los ciudadanos, la igualdad política, la protección de derechos, el respeto a la diversidad de opiniones y la transparencia en el ejercicio del poder, entre otros elementos”.

En su posicionamiento, sin firma alguna de responsables, señalan que “sin duda que terminar con la forma totalmente obscura y discrecional con la que se nombra el rector es indispensable, pero no es suficiente para ´democratizar´ la UM. Creerlo es un vestigio de una rancia política todavía dominante pero que debe dejarse ya de lado. La forma en que se está cocinando la nueva Ley Orgánica de la UM es una muestra clarísima de lo lejos que estamos de que la institución se democratice”.

En una acción “a espaldas de los universitarios”, señalan, las autoridades universitarias consideran que no es necesaria la participación de los alumnos, académicos, administradores, sindicatos, Consejo Universitario, “en el diagnóstico que proporcione elementos para diseñar una nueva Ley Orgánica. La están redactando totalmente a espaldas de los universitarios y de la sociedad en general”.

Es mucho pedir, plantean, que las autoridades universitarias, producto de “mecanismos totalmente antidemocráticos”, encabecen cambios verdaderos en la estructura y maneras de conducir a la institución. Cuando intentan hacerlo, “sólo crean una total simulación, como fue el caso de las ´consultas´ previas a la aprobación del Estatuto Universitario hace unos meses (un Estatuto que no está en consonancia con la Ley Orgánica vigente sino que lo estará con una que aún no está aprobada pero que seguramente tenían en mente desde entonces)”.

No dejan de lado en su apreciación, la apatía creciente de los sectores en participar y el desconocimiento de los universitarios en el tema, que se explica “porque a la Rectoría le tiene sin cuidado que los universitarios participen en la elaboración del proyecto que deberá aprobar el Congreso del Estado. Se reformará la Ley Orgánica de la institución en la que se desenvuelven como estudiantes, profesores o trabajadores, sin haber tenido la mínima participación en ello. ¡Vaya forma de democratizar a la Universidad!”

Otro académico consultado, señala que “la rectora presentará una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana y aunque es el Congreso del Estado quien deberá aprobarla, querrá contar con el aval de un Consejo Universitario que no intente siquiera modificar una coma. Imagino el carácter centralista, autoritario y coercitivo de esa iniciativa. Esos rasgos son claros en el nuevo Estatuto Universitario”, cuyas reformas, considera, fueron el ensayo previo para intentar ejercer un control total de la estructura de la UMSNH, implementando medidas de control y sanción, lo que replegó más a los sectores críticos dados los procesos  abiertos por Yarabí Ávila González en contra de sus críticos, algunos de los cuales se mantienen en el área jurídica universitaria y a la que el nuevo estatuto dota de facultades que se ejercen de manera arbitraria en nombre de la normatividad, como ha ocurrido con los casos citados de Filosofía y el Ininee.



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