El municipio es un paréntesis en el proceso electoral de Michoacán, los grupos delincuenciales se disputan el triunfo con el secuestro de facto de la documentación electoral
Patricia Monreal
Tras la jornada electoral del dos de junio, el municipio de Tiquicheo en Michoacán se convierte en signo de la operación de la delincuencia organizada para la definición de autoridades en el estado. El lugar es tierra de nadie frente a la incapacidad gubernamental para garantizar la seguridad necesaria que permita computar los votos de la contienda municipal.
Tiquicheo es un paréntesis en el proceso electoral de Michoacán, los grupos delincuenciales que ahí operan se disputan la elección con el secuestro de facto de la documentación electoral, la cual, permanece en el Consejo Municipal del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sin poder computarse.
En ese municipio operan los cárteles Jalisco Nueva Generación y Los Rojos, en tanto que La Familia Michoacana busca retomar el control territorial. La población está sometida a tal punto que no sólo paga cobro de piso, sino que incluso, para la realización de fiestas particulares debe pedir permiso para que se le indique con qué proveedor compre los productos que va a consumir.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), arrojó en Tiquicheo victoria para el candidato del PRI-PAN, Mario Reyes Tavera, con el 35.1 por ciento de la votación, mientras que, en segundo lugar la abanderada del PES-PRD, Catalina Pérez Negrón Espinoza, registró el 33.8 por ciento de los sufragios.
El miércoles cinco de junio en que arrancaron los cómputos de las contiendas locales, el tema Tiquicheo empezó a ser silenciado. Fue un tímido esbozo del representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Alejandro Bibriesca Gil, preguntando sobre la situación que privaba en el municipio, lo que permitió vislumbrar la problemática en el lugar.
Extraoficialmente corrió la versión de amenaza de muerte contra funcionarios electorales en el lugar, tanto para que no se realizara el cómputo de la elección, como para que las autoridades gubernamentales no hicieran acto de presencia en el municipio buscando trasladar los paquetes electorales a Morelia y que fuera en la sede del Consejo General en donde se realizaran los cómputos.
“La elección es lo de menos, lo que importa es la vida de la gente”, se comentaba ese miércoles fuera de grabación, en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán.
La Mesa de Seguridad para el proceso electoral evidenciaría su incapacidad para actuar sobre este asunto, en donde la inacción de los gobiernos estatal y federal mantiene de rehén a la población y a las elecciones efectuadas en Tiquicheo.
El pasado domingo nueve de junio, priistas encabezados por el dirigente municipal Saúl Serrano Jaimes, se apersonaron en la sede central del IEM para bloquear las instalaciones, y exigir a la autoridad electoral solucionar la problemática. “Lo han ido alargando después de que nosotros tenemos todas las constancias de que hemos ganado la elección de manera limpia, no entendemos por qué han estado alargando el proceso, no nos entregaron el día cinco como debería ser, la constancia de mayoría y ayer todavía tuvimos una reunión con el consejero Ignacio (Hurtado Gómez), presidente del Instituto y nos prometió que se resolvería”.
Más allá del compromiso el asunto permaneció sin resolver, por lo que el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, emitiría un boletín de prensa ese mismo día acusando al IEM de omiso y el gobierno de indiferente “ante un flagrante secuestro de la democracia”.
El lunes diez de junio, tras recibir su constancia de mayoría como diputado local plurinominal, Valencia Reyes insistió sobre el asunto, recalcando que por injerencia del crimen organizado sigue sin concretarse el cómputo y la entrega de la constancia de mayoría.
El compromiso del Gobierno del Estado con las autoridades electorales habría sido resolver el asunto esta semana, sin embargo, las previsiones que se empiezan a perfilar son para la intervención del Congreso del Estado, a fin de que sea éste el que en su momento nombre autoridades municipales como ha ocurrido anteriormente en otros casos.
