México se ha convertido en el pozo sin fondo de la Coca-Cola, que tiene acceso a 58 concesiones para la explotación del agua, con 67 plantas embotelladoras y 350 centros de distribución
Ivonne Monreal
La corporación multinacional estadounidense Coca-Cola lleva décadas saqueando el agua nacional que no le representa ningún costo, si consideramos que paga menos de un céntimo por mil litros extraídos y gana en torno a siete mil 500 pesos por un metro cúbico, ya que un litro de su agua embotellada cuesta alrededor de 7.50 pesos.
A lo anterior debemos sumarle que aparte de obtener ganancias millonarias por vendernos nuestra agua bajo el sello de Ciel, acumula beneficios por comercializar 500 marcas distintas en 200 países, de entre las cuales Coca-Cola es la más vendida del mundo, revela la investigación “Dios Coca-Cola” de la plataforma de streaming italiana RaiPlay.
Al día, se venden alrededor de dos mil millones de botellas de Coca-Cola en el mundo que, multiplicadas por los 17 pesos que cuesta su presentación más comercializada -la de 600 mililitros-, nos arroja un total de 34 mil millones de pesos diarios por un solo producto de la compañía (más de mil 830 millones de dólares al día).
La precedente cifra es tan solo ilustrativa, tomando en cuenta que existen botellas de hasta tres litros que cuestan 40 pesos o que el costo varía según la presentación, el país o el continente. En Europa, una lata de 355 ml se vende a dos euros al tiempo (40 pesos) y refrigerada entre tres y cuatro euros (cerca de 60 u 80 pesos).
Según una investigación de la Universidad de Twente, en Holanda, en todo el ciclo productivo (desde la fabricación de la botella, el cultivo de la pasta de caña, etcétera) se consumen de 340 a 620 litros de agua por un solo litro de Coca-Cola y, de acuerdo con un estudio financiado por la compañía americana, solo utiliza 70 litros de agua por un litro de su producto.
México se ha convertido en el pozo sin fondo de esta compañía, que tiene acceso a 58 concesiones para la explotación del agua, donde tiene 67 plantas embotelladoras y 350 centros de distribución. Entre ellas, Coca-Cola FEMSA, la más grande del mundo por volumen de ventas, con sede en la capital del país.
A través de una compleja ramificación de movimientos y sociedades financieras que controlan las acciones vinculadas a esta compañía, cotiza lo mismo en la Bolsa de Valores que canaliza sus millones mediante empresas offshore a las Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Chipre, Bahamas y Suiza, reveló la periodista Claudia Di Pasquale en su investigación para RaiPlay.
No obstante, la obscena cantidad de millones que la transnacional gana sin duda al año, no retribuye en impuestos ni a su país, ya que tiene su sede en Delaware, un paraíso fiscal americano.
Conciencias en venta
En una lógica mafiosa, Coca-Cola presume filantropía al financiar decenas y decenas de asociaciones vinculadas a la salud, la nutrición, la ciencia y la política que, en caso de ser necesario, deben privilegiar los intereses privados de la empresa por sobre los del interés común.
No se trata de filantropía, sino de marketing, señaló a RaiPlay el investigador y egresado de las escuelas de Medicina y Derecho de las universidades de Boston y Harvard, Daniel Aaron. Como ejemplo, puso el caso de la organización Save the Children, que en su momento apoyó la iniciativa de gravar las bebidas azucaradas en ese país, hasta que Coca-Cola le donó cinco millones de dólares, como en otros casos ha sucedido con la Fundación Clinton, a la que dona al año entre cinco y diez millones de dólares.
En un hecho que representa sin lugar a dudas un conflicto de intereses, la lista de entes financiados por la Coca-Cola es enorme. Entre ellos, las asociaciones nacionales o americanas de dentistas, nutriólogos, médicos, del corazón, diabetes y cáncer, la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, la Academia Americana de Pediatras, el Colegio Americano de Cardiología, la comunidad hebraica y la de los católicos.
Concesiones a modo
De acuerdo al Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta compañía americana no maneja concesiones directas a través de sus subsidiarias Coca-Cola FEMSA, Arca Continental, Compañía Embotelladora del Fuerte, Corporación Rica y Embotelladora del Fuerte, con presencia en la capital del país, Monterrey, Baja California, Sinaloa, Chihuahua e Hidalgo.
Sin embargo, aprovecha de 58 concesiones manejadas por seis empresas que asumen la responsabilidad de estos títulos en México: Bepensa, Inmuebles del Golfo, Jugos del Valle-Santa Clara, Bebidas Refrescantes de Nogales, embotelladoras del Nayar y Colima.
Información que no resulta del todo fidedigna si se considera que no fue sino por una eventualidad que en 2020 se supo de las 15 concesiones que manejaba a través de Inmuebles del Golfo (con sedes presuntamente en Ciudad de México, Tabasco, Veracruz y Chiapas), luego de que el exsíndico de San Cristóbal de las Casas, Miguel Ángel de los Santos Cruz, pidiera que le retiraran las concesiones a la compañía.
Con la entrada en vigor de la Ley de Aguas Nacionales de 1992 -durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari-, se abrió la llave a intereses privados de tres mil 304 grandes usuarios que la Conagua concesionó hasta por 30 años, títulos que se vencen este año para muchos de ellos, aunque pueden renovarlos en tanto no haya reformas en la materia.
Esos grandes usuarios -entre los que se encuentra Coca-Cola- explotan más de una quinta parte de los recursos hídricos del país con fines de lucro, sin que exista absoluta claridad sobre el monto que pagan al año al Estado Mexicano ni cuántos metros cúbicos extraen, porque pueden obtener varias concesiones a la vez por distintas vías y para distintos usos.
Dichos intereses privados, que representan el uno por ciento de todos los usuarios con concesión, explotan el 47.2 por ciento del agua subterránea para 14 usos distintos, entre los que predomina el uso industrial, acorde al estudio “Los millonarios del agua. Una aproximación al acaparamiento del agua en México”, de Wilfrido Gómez Arias y Andrea Moctezuma, maestros en ciencias físicas y en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de manera respectiva.
Entre 1993 y 2020, la Conagua ha otorgado a escala nacional un total de 514 mil 684 concesiones a 361 mil 600 usuarios y esta descentralización de la gestión del agua, apunta el estudio publicado en 2020, “fortalece el acaparamiento privado del recurso con fines lucrativos y agrava la crisis hídrica de nuestro país bajo el contexto de calentamiento global y las sequías”.
La escasez de agua vivida en México, y en particular en Nuevo León durante el 2022, destaca el documento, “mostró la situación extrema que se crea cuando unos pocos entes privados acaparan el agua mientras que la población carece del vital líquido”.
