Los presupuestos anuales en las últimas seis administraciones estatales de Michoacán no evidencian cambios sustanciales en sus proyectos de gobierno
Patricia Monreal
Colores y orígenes diferenciados de las fuerzas políticas que han gobernado a Michoacán no encuentran en sus proyectos presupuestales cambios sustanciales entre sí. Salvo pequeños matices en algunas prioridades, en el estado el ejercicio del erario tiene una tendencia repetida.
Desde la administración del priista Víctor Manuel Tinoco Rubí (1996-2001), hasta la que actualmente encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, las características en la definición del destino de los recursos públicos resultan similares.
De 1997 a 2023, el monto en pesos presupuestado al año por el Gobierno del Estado ha crecido un 1,718 por ciento. En 1997 el Gobierno contó con recursos por cinco mil 13 millones de pesos, mientras que para este 2023 suman 91.1 mil millones.
Los compromisos económicos han hecho que la Secretaría de Educación del Estado (SEE) sea la que mayor número de recursos absorba, posicionándose en las últimas seis administraciones a la cabeza de recursos obtenidos dentro del presupuesto.
Con Víctor Tinoco en 1997, la SEE se llevaba el 57.68 por ciento del total presupuestal; para la administración de Lázaro Cárdenas Batel en 2002, el 50.17 por ciento; con Leonel Godoy en 2008, el 40.31 por ciento; durante el gobierno de que inició Fausto Vallejo, un 31 por ciento en 2013; con Silvano Aureoles Conejo en 2016, el 35.53 por ciento; y finalmente con Alfredo Ramírez Bedolla, alcanza un 30.8 por ciento.
Aunque todas las administraciones estatales se han autocalificado con vocación municipalista y han presumido su apoyo para los ayuntamientos, lo cierto es que el monto de recursos destinados les está obligado por las participaciones que del recurso proveniente de la federación se tiene que dispersar a los municipios.
De recursos propios, las administraciones estatales nunca destinan un solo peso a los municipios.
En 27 años, el segundo monto presupuestal de importancia es para los municipios, debido a la radicación de recursos federales a la que está obligado el Ejecutivo Estatal.
A partir de la administración de Leonel Godoy Rangel, la Secretaría de Salud pasó a ocupar la tercera posición de los compromisos económicos del Gobierno.
Con Víctor Tinoco en 1997, puede observarse una diferencia al colocar como su tercera prioridad presupuestal a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Ese año la Secretaría de Salud estaba en la posición número 22.
Las prioridades de un gobierno pueden observarse en las áreas que se crean o desaparecen dentro del presupuesto.
Por ejemplo, en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla la fiscalización de los recursos públicos no es una prioridad, esto al determinar suprimir la autonomía financiera de la Auditoría Superior de Michoacán, quitándola del presupuesto estatal y retornándola como un ente económicamente dependiente del Congreso.
En el caso de Silvano Aureoles Conejo, ni los jóvenes ni la ciencia y la tecnología fueron prioridad y se suprimieron las secretarías que se habían creado para esas áreas con anterioridad, bajando su categoría y con ello su monto presupuestal. También desapareció áreas como la Junta de Caminos, para concentrar esos recursos en unas solas manos: las de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.
