A dos años de concluida la obra, el Teatro Matamoros persiste como uno de los íconos de la corrupción en Michoacán, sin que se llame a cuentas a quienes incurrieron en responsabilidades
Patricia Monreal
El 26 de febrero de 2021 las mamparas que cubrían la fachada del Teatro Mariano Matamoros en Morelia fueron retiradas, con ello se dio por terminado un proceso de remodelación de 12 años que estuvo cargado de irregularidades y se convirtió en uno de los íconos de la corrupción en el Michoacán de hoy.
Hasta el momento no existe claridad sobre el monto de recursos gastados en la obra, ya que, el proceso de fiscalización de su primera etapa –en tiempos de José Luis López Salgado como auditor Superior de Michoacán- se dejó prescribir para no ser investigada y evitar así fincar responsabilidades a quienes incurrieron en irregularidades por un indebido manejo de los recursos públicos.
El proyecto para la remodelación del Teatro Matamoros arrancó en la administración de Lázaro Cárdenas Batel, pero no fue sino hasta la de Leonel Godoy Rangel cuando formalmente se puso en marcha.
De inicio se dijo que la obra quedaría concluida para ser inaugurada durante los festejos por el Bicentenario de la Independencia en 2010. Finalmente la remodelación quedó lista once años después, y fue inaugurada en marzo de 2021.
La prolongación de los trabajos fue tal, que incluso era común que circularan memes comparando la longevidad de la obra con la edad del cómico y conductor mexicano “Chabelo” o con la de la reina Isabel de Inglaterra. Así la población, expresaba virtualmente en broma su indignación.
Los apellidos Cárdenas Batel permanecieron vinculados al proyecto, pero ya a través de Cuauhtémoc, hermano del exmandatario michoacano, quien fue designado presidente del Comité Técnico del Fideicomiso responsable de los trabajos de construcción, y quien habría sido uno de los beneficiados por la prescripción de las investigaciones a la obra por parte de la Auditoría Superior de Michoacán.
La obra construida bajo el signo de la corrupción e impunidad, hoy es espacio para el onanismo mental de las autoridades en turno, quienes con una apuesta turística y comercial de la cultura ven en él su Broadway casero, con óptica empresarial y no popular, y dejando al margen la vasta producción artística local.
Todo queda en familia
El seis de febrero de 2008 –seis días antes de concluir su mandato en Michoacán- Lázaro Cárdenas Batel concretó por 33 millones de pesos, la adquisición de la finca urbana identificada como “Cine Colonial” ubicada en el Portal Matamoros con una superficie total de mil 468.65 metros cuadrados y la casa anexa marcada con los números 64 y 70 con una superficie de 767.23 metros cuadrados.
Con la adquisición del inmueble, el gobierno lazarista obligaba a sus sucesoras dar seguimiento al proyecto “de primer mundo” concebido en su administración, y que quedó durante el godoyismo bajo la responsabilidad de Cuauhtémoc Cárdenas Batel.
La instalación del Comité Técnico del Fideicomiso para la construcción, quedó formalizada el 29 de abril de 2009, con Cuauhtémoc a la cabeza.
Fausto Vallejo Figueroa presidía para entonces el ayuntamiento de Morelia, y no sólo dio el visto bueno al proyecto, sino que avaló en diciembre del 2008 que la obra quedara bajo la responsabilidad de Cuauhtémoc al firmar el acta constitutiva del Fideicomiso.
Ya como gobernador del estado en 2012, Vallejo ratificó la permanencia del Fideicomiso pese a que no sólo se había incumplido con la fecha de entrega de la obra, sino que la construcción distaba mucho de ser concluida.
Irregularidades que proliferan
Desde 2011 la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) detectó irregularidades en la ejecución de la obra -durante el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2011- pese a ello, el esquema de los trabajos permaneció intacto junto con los personajes encargados de realizarlos.
El órgano fiscalizador reportaba la realización de 42 obras para el Teatro Matamoros, con un monto pagado de 163.2 millones de pesos y 112.8 millones pendientes de pagar a 20 empresas y proveedores: Grupo de Oro, Alismobile, Armeca Ingeniería, Bufete Global de Desarrollo de Ingeniería, Constructora de Obra y Proyectos Eléctricos de Michoacán, Corvic, Supervisión y Construcción, Constructora Limón, Grupo BAYSA, Hidrodesarrollos Nacionales, Hufcor Air Wall, Ingenieros Contratistas en Instalaciones, Materiales y Construcciones Alfer, Objeto 1, Proyectos e Instalaciones de Sistemas de Aire, Proyectos Integrales de Michoacán, Supervisores Técnicos, Taller de Arquitectura Mauricio Rocha, Teletec de México, Javier Venegas Escalante y Raúl Ernesto Ferrer Sánchez.
Entre lo pagado y lo contratado, el gasto de la obra para ese 2012, superaba ya el monto autorizado para ejercer por 267.4 millones de pesos, al sumar un total de 276.04 millones de pesos.
Incluso a algunos de los proveedores se les había pagado montos superiores al total contratado y autorizado en actas, tal fue el caso del Taller de Arquitectura Mauricio Rocha con 14.9 mil pesos de más, y Corvic, Supervisión y Construcción con una suma de 95.9 mil pesos por arriba de lo pactado y otra de 242.9 mil pesos de más.
Con la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, vino la primera revisión hecha por la Auditoría Superior de Michoacán al Fideicomiso, por lo que se tomó la decisión de examinar la documentación desde la creación del mismo, el problema fue que desde ese primer momento no se otorgaron facilidades para la revisión y no fueron entregados los estados financieros emitidos por la fiduciaria.
Luis Arturo Palma Sepúlveda, entonces auditor Especial de Fiscalización Estatal en la Auditoría, recomendaría una revisión y cuantificación del proyecto ejecutivo del Teatro y sus modificaciones, el levantamiento de inventarios del mobiliario nuevo y preexistente, y la revisión de la planeación y coordinación de los diferentes contratos de la obra.
La Auditoría alertaba desde entonces que el Fideicomiso había usurpado funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), iniciando la obra sin un presupuesto base, sin diversas licencias y permisos, con adjudicaciones directas sin autorización, y con pagos de altos honorarios.
Succionar recursos
Pese a la falta de transparencia y avance, el Gobierno del Estado continuó inyectando recursos, en 2012 fueron 15 millones 146 mil 431, y en 2013, sumaron 30 millones 315 mil 729 pesos, conforme a los datos contenidos en la Cuenta Pública Estatal 2013.
En 2015 la Auditoría detectó el registro de más de cuatro decenas de obras contratadas por un monto de 276 millones de pesos, con un incremento del 209 por ciento en su costo original.
Pero Leonel Godoy tenía otras cifras, tanto que en su cuarto y último informe de Gobierno el ocho de febrero de 2012, aseguró que en la construcción del Teatro sólo se habían gastado 199 millones de pesos.
Formalmente no existe claridad sobre la cantidad de recursos invertidos hasta el momento en esta obra que de inicio –según los reportes periodísticos de la época- se anunció con un costo de 150 millones de pesos de inversión.
Sobre los tres primeros años de operación del Fideicomiso, la ASM detectaría múltiples inconsistencias, de entrada porque aunque no se coordinó con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que es la facultada por Ley a realizar obra.
En las actas de las reuniones operativas de los integrantes del Fideicomiso se da cuenta de los acuerdos para presupuestar obras de remodelación y obra nueva “sin establecer en base a qué se determinó dicho presupuesto ya que no está respaldado por un catálogo de conceptos, cálculo del análisis de precios unitarios con base a las especificaciones, normas de calidad de los materiales y procedimientos de constricción y no se establece que el Comité Técnico contara con un anteproyecto para dicho presupuesto estimado”.
Con esas irregularidades de origen, los informes de la Auditoría señalarían que se autorizó la contratación y los honorarios del arquitecto Mauricio Rocha Iturbe, pese a que fue la única propuesta para la elaboración del proyecto arquitectónico.
Además la obra arrancó sin un Programa Operativo Anual con su respectivo presupuesto lo que derivó en esos tres primeros años un incremento de hasta un 209 por ciento del monto considerado en el presupuesto estimado, conforme a los reportes de auditoría.
En la recta final de 2015, el entonces auditor Superior de Michoacán, José Luis López Salgado anunció a través de una declaración que Cuauhtémoc Cárdenas Batel, estaba sujeto a un procedimiento de responsabilidades por las irregularidades detectadas en la obra.
De manera formal no fue sino hasta julio de 2016 cuando arrancaron los procesos administrativos de responsabilidades sobre quienes se detectó, incurrieron en irregularidades por 158 millones de pesos en el proceso de construcción, abarcando al presidente y los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso, y a funcionarios estatales de los que nunca se reveló el nombre.
Sin embargo dichos procedimientos no prosperaron pues fueron “congelados” en la Auditoría Superior para que los tiempos legales prescribieran, según lo denunció públicamente el actual titular del organismo, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.
Con el escándalo y la presión a cuestas, Cuauhtémoc Cárdenas Batel determinó en septiembre de 2015 demandar por más de dos millones de pesos al Gobierno del Estado, argumentando salarios caídos y prestaciones durante su estadía como presidente del Comité. Las autoridades estatales rechazaron la existencia de una relación laboral.
Por si al tema le faltaban irregularidades, a su paso por la gubernatura Salvador Jara Guerrero le abonaría con las propias. El mandatario creó un nuevo Fideicomiso en el que se autonombró como presidente, dejando fuera al ayuntamiento de Morelia.
Por un lado estaba aún el Fideicomiso Banamex creado en 2009, en donde el gobierno estatal participaba como Fideicomitente y Fideicomisario en primer lugar, y el ayuntamiento en segundo lugar; en él, hasta marzo de 2016 aparecía Cuauhtémoc Cárdenas como presidente del Comité Técnico y Salvador Abud como vicepresidente, en tanto que como secretario técnico Jorge Luis José González Gómez, y como Comisario del Fideicomiso, Roberto Coria Villafuerte, ex contralor del estado.
Jara ordenó la creación del Fideicomiso “Actinver” para la reactivación y conclusión de la obra, aunque para entonces trascendió que su intención era dejar la presidencia a su esposa Catherine R. Ettinger una vez que dejará el cargo de gobernador, situación que no prosperó.
Congreso incapaz
En este caso el Congreso del Estado ha evidenciado total incapacidad para cumplir a cabalidad con la responsabilidad fiscalizadora que tiene por mandato constitucional.
A lo largo de estos años ya sea por interés legítimo o político, han sido sólo un puñado de diputados los que le han dado seguimiento al tema.
En 2016 la Comisión de Cultura de la LXXIII propuso la creación de una Comisión Especial Investigadora pero topó con pared en el Pleno Legislativo que impidió su conformación.
El gasto de la obro continuó creciendo, a tal punto que en octubre de 2017, la entonces presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Yarabi Ávila González denunciaba erogaciones superiores a los 600 millones de pesos ante el Pleno del Congreso, mientras planteaba la realización de una auditoría forense para esta obra y para la Presa Francisco J Múgica.
Con la administración estatal de Silvano Aureoles Conejo, la obra continuó devorando recursos. En 2017 se anunció una inversión de 28.2 millones para su conclusión; en 2018, se habló de la necesidad de 118 millones de pesos adicionales para acabarla; en 2019 se anunciaron 12 millones más; y en 2020 se reportó que con 95 millones se lograría concluirla.
El 24 de mayo de 2016 durante un evento en el que anunció que realizaría 22 pasos a desnivel en Morelia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo aseguró que ese mismo año quedaría concluida la obra del Teatro Matamoros –que para entonces tenía ya seis años de retraso para su conclusión-. Transcurrieron cinco años para que la administración silvanista concretara su dicho.
Tres días después de la declaración de su jefe, el entonces titular de la SCOP, José Juan Domínguez López, vía comunicado de prensa matizaba al asegurar que el Teatro tentativamente podría ser concluido a finales de 2016 o principios del 2017.
Trascurrieron cuatro años con la obra inconclusa; nuevamente vía comunicado -el nueve de diciembre de 2020- la SCOP reportó que había finiquitado cinco contratos, “de los cuales, tres comprendieron trabajos de restauración y obra civil de la fachada y el portal, que había permanecido cerrado al público durante nueve años así como el interior del recinto”. Asimismo se señalaba que los dos contratos restantes “corresponden a la primera etapa de acabados en camerinos, sanitarios del sótano, vestíbulo, dulcería, muros en la sala teatral, mezzanine y áreas de usos múltiples”.
La administración silvanista tampoco salió limpia en la fiscalización de la obra sobre todo por el manejo de recursos en 2019, sin embargo los informes públicos de la Auditoría Superior de Michoacán al respecto resultaban escuetos, sin detalles sobre las observaciones realizadas y las irregularidades detectadas.
La misma opacidad se registró en el informe de la Auditoría del ejercicio 2020, aunque en éste se dejó limpia a la administración silvanista, al consignar sólo irregularidades menores de procedimiento en la obra.
En febrero del 2020 el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) solicitó a las secretarías de Finanzas, Cultura y Obras Públicas información sobre la obra, sin embargo, las tres reportaron no tener conocimiento sobre la ubicación de dicho expediente.
