Los agremiados podrán pagar su refrendo en efectivo, tras ampararse contra la Ley de Ingresos estatal
Beatriz Rojas
Alrededor de 400 miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) podrán burlar el pago con tarjeta bancaria o a través del OXXO y pagar su refrendo vehicular en efectivo.
Aunque el triunfo se dio a través de suspensiones judiciales individuales, debido a que la reforma a la Ley de Amparo acabó con las suspensiones para efectos generales, es un primer paso para los sindicalizados, que se han opuesto a la aprobación de la reforma constitucional en materia de lo que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, llama gobierno digital, aunque se centra únicamente en que los pagos de impuestos sean únicamente por la vía electrónica.
En entrevista desde Palacio Legislativo, el líder del STASPE, Antonio Ferreyra Piñón, precisó que su principal preocupación es que el dictamen -al que este jueves se le dio el “ha lugar” en sesión extraordinaria-, no precisa el rol que tendrán los empleados que hasta enero de este año se encargaban de recibir los pagos en efectivo y temen por la estabilidad de su empleo.
Pero no solo es eso, detalló que el sistema digital de pagos no está funcionando, que hay alrededor de 11 mil conceptos en donde no se ve reflejado el cobro y las personas que no viven en Morelia se ven obligadas a trasladarse, lo que implica un gasto, mientras que quienes pagan a través de las tiendas OXXO deben pagar una comisión, con lo que ya no se está garantizando que los trámites sean gratuitos, como marca la ley.
La resolución judicial precisa que la suspensión es a los artículos segundo y decimoprimero transitorio del Decreto 102 y que esto no exime a los aludidos de hacer su pago de refrendo, que es obligatorio, pero que deberá de recibírseles sin cobro de multas o recargos. Ferreyra dijo que se pondrán de acuerdo para ir a hacer su pago juntos e invitarán a la prensa, para que quede constancia de si se les recibe o no.
Antonio Ferreyra valora que será complicado cumplir con esta reforma, pues no en todos los municipios es factible ni hay tiendas de conveniencia y cuestionó que se esté dictaminando tan rápido; sin embargo, dijo confiar en el compromiso de Fabiola Alanís, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y los miembros de la comisión de Puntos Constitucionales de incorporar el artículo transitorio que piden, en donde quede asentado que no habrá despidos.
“Yo creo que hay un compromiso y los compromisos se hacen para cumplirse y tenemos que tener confianza. Ya si nos fallan, pues nos van a obligar a hacer otro tipo de acciones como la que hicimos el día 27”, manifestó, en alusión al cierre que hicieron el 27 de febrero al Palacio Legislativo, impidiendo que se llevara a cabo la sesión donde se turnaría la iniciativa del gobernador, misma que finalmente se realizó en un espacio privado, de donde los manifestantes fueron repelidos por la fuerza pública.
En caso de que volvieran a movilizarse, Ferreyra avizoró que podrían unirse a profesores, empleados y estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quienes reclaman que tampoco han sido escuchados para la reforma a su Ley Orgánica.
Esperan una disculpa
Antonio Ferreyra apuntó que como trabajadores del gobierno se sienten ofendidos porque el gobernador haya declarado reiteradamente y agregado en su exposición de motivos que esta reforma constitucional se debe a actos de corrupción en el cobro de impuestos, cuando no se ha podido comprobar ni un solo caso de esto:
«Hasta ahorita, hasta el día de hoy, el secretario de Finanzas no nos ha demostrado absolutamente ningún caso y acuérdense que el que acusa tiene la obligación de comprobar. Lo tienen diciendo desde principios de enero, esta situación, desde que nosotros nos enteramos de la aprobación del cero efectivo, pero no se nos ha comprobado ninguna situación y obviamente yo creo que se requiere una disculpa por parte el Ejecutivo», planteó.
En cambio, señaló el líder sindical, sí hay pruebas de corrupción por parte de funcionarios, por lo que el sindicato presentará ante la Fiscalía General del Estado las denuncias correspondiente:
«Ahorita tenemos dos, tenemos dos de funcionarios, de administradores, receptores de rentas, que son los que al final tienen la posibilidad de modificar sistema. Entonces, la vamos a presentar y también tenemos un señalamiento en SADER de algunas cosas que están sucediendo ahí con los módulos de lombricomposta, con los módulos de hidroponia, que les piden un dinero a los campesinos cuando los módulos cuestan 22 mil pesos y les están pidiendo 25 mil pesos», precisó y aclaró que las denuncias se presentarán independientemente de si se aprueba o no la reforma en los términos del dictamen. Es decir, no se trata de una moneda de cambio.
Consulta:
Gobierno digital, la ficción
