La convocatoria para renovar la dirigencia exhibe la desconfianza de académicos a creer que pueda darse una alternancia real. La participación de ex dirigentes despierta duda de la legalidad en una sucesión postergada dos años
Raúl López Téllez
Entre la desilusión y la esperanza, bajo la duda y el recelo, parecieran guiarse las reacciones de académicos afiliados al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), ante el proceso de renovación de una dirigencia que ha actuado a modo de la Rectoría y con un mandato extendido por más de dos años.
En las voces de varios agremiados, el proceso será “más de lo mismo”, con personajes ligados a guiones demasiado conocidos y sin ninguna alternativa real para mejorar las condiciones de los docentes universitarios, con una pérdida paulatina de sus derechos -entre ellos la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones-, de la capacidad adquisitiva de su salario y enfrentados a una política laboral cada vez más hostil por parte de la Rectoría.
A la jornada electoral convocada para los días 22 y 23 de febrero, le ronda además el fantasma de la división, la apatía de los afiliados a participar y que ha tolerado sin mayor remilgo la permanencia del Comité Ejecutivo General (CEG) que encabeza Jorge Luis Ávila Rojas, electos para el periodo 2018-2021, el cual tiene secuestradas prácticamente las instalaciones sindicales, con las rejas cerradas desde principios del año 2020.
En un intento previo por sacudirse al grupo de Ávila Rojas, el IX Congreso General de Representantes Extraordinario, realizado en el año 2021, desconoció al CEG y revocó su mandato, con la designación de una dirigencia interina encabezada por María Luisa Sáenz Gallegos, la cual reclamó la toma de nota a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, misma que no prosperó y generó amparos por la negativa y otros posteriores contra las decisiones unilaterales para negociar la reforma al Régimen de Pensiones y Jubilaciones y de las negociaciones contractuales realizadas unilateralmente por la dirigencia sindical, sin convocar a los órganos internos de gobierno.
A la par de los apoyos de Ávila Rojas al entonces rector Raúl Cárdenas Navarro, se generó un clima de hostilidad laboral de parte de la autoridad universitaria, la cual en principio generó retrasos en los pagos de salarios y prestaciones, pero llegó a rescindir el contrato a más de 20 académicos, en su mayoría sin justificación alguna y sin mediar protocolos legales, hechos de los cuales guardó silencio la dirigencia del SPUM.
Llegó la nueva administración en enero del 2023, con Yarabí Ávila González como rectora. En el 2023 el CEG intentó llevar a cabo una convocatoria para elegir una nueva dirigencia, aunque lo intentó con un padrón que incluía a maestros fallecidos o que ya no prestaban sus servicios en la institución, amén de excluir a académicos con una opinión crítica hacia la actuación del dirigente y su grupo, intento que finalmente fracasó al no reunirse el quórum necesario para llevar a cabo la asamblea general.
A finales del 2023, ex secretarios generales del SPUM a través de la autodenominada “Coalición de Académicos del SPUM” -encabezada por Jesús Conejo Nava, Erasmo Cadenas Calderón, Lauro Rogelio Chávez Rodríguez y José Rubén Tinoco Santillán-, llamaron en una rueda de prensa a emprender bajo el amparo de la reforma laboral la convocatoria para renovar la dirigencia.
La propuesta se basó en el derecho que concede a los sindicalizados la nueva Ley Federal del Trabajo a designar a sus dirigentes, siempre y cuando existan un 33 por ciento de firmas de los agremiados que soporten este propósito ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), trámite que se cumplió incluso rebasando la meta, según declaró Jesús Conejo Nava, secretario de la Comisión Electoral designada para el actual proceso de renovación, con mil 494 firmas recolectadas.
Cubierto el registro de planillas -sólo dos, Plata y Oro-, la convocatoria prevé un periodo de campañas que cierra a las 20:00 horas del 21 de febrero, un día antes de la jornada de votación, misma que se llevará a cabo en el Auditorio de Usos Múltiples en Ciudad Universitaria y en la Facultad de Odontología, además de la sede foránea, en el Campus ubicado en Uruapan, los días 22 y 23 de febrero.
Legalidad en duda
Para el investigador Eduardo Nava, el intento de renovar la dirigencia pasa por la simulación y pone en duda si las acciones realmente son legítimas.
“Creo que todos esperamos una renovación de la dirigencia sindical sobre bases jurídicas inobjetables y ciertas. Un proceso de elección limpio y en el que haya condiciones para la participación libre de todos los agremiados, sin injerencia de las autoridades”, señala el docente-investigador de la Facultad de Economía.
“Estamos frente a una posible nueva captura del sindicato por grupos bien identificados, que prepararon con anticipación su papel y tal vez su oferta electoral, y por las propias autoridades universitarias, que también deben haber cocinado sus formas de injerencia desde algún tiempo atrás. Mientras tanto, se escatimó a las bases el tiempo suficiente para alistar sus propuestas y planillas. Ya se verá, muy pronto, el alcance de los pactos internos y con la administración universitaria”, aseveró.
En el mismo tono -“cuidar las bases legales”-, la maestra Leticia Bobadilla, de la Facultad de Historia y quien fuera una de las académicas rescindidas en su contrato por Cárdenas Navarro, señala que hay desconfianza en quienes alientan el proceso de renovación, al igual que no hay certeza de que efectivamente se vayan a enfrentar los retos que tiene el SPUM.
“El posible cambio de Comité Ejecutivo y Comisiones Autónomas del SPUM que tendrá lugar en los próximos días, y cuya convocatoria parte de un grupo mayoritariamente de jubilados exsecretarios del sindicato, autodenominados ´comisión organizadora´, debe ante todo cuidar las bases legales del acto”, plantea.
“Es clamor de las bases sindicales que quienes integren las planillas y participen de este proceso posean méritos mínimos, aunado a una trayectoria en la defensa de los intereses sindicales del pasado inmediato, sobre todo, ante dos agravios a los derechos de los trabajadores académicos, a saber, la mutilación al CCT realizada en junio del 2020 a espaldas del gremio por el Comité 2018-2021, que modificó la cláusula 132 referente a Jubilaciones, y la edad de jubilación de 25 a 30 años, y contempló una retención del 5 por ciento al salario para la creación de un fideicomiso de Pensiones”, puntualiza.
“¿Qué defensa habrán hecho quienes se postularán próximamente en las planillas, por ejemplo, ante la represalia ejercida por el ex rector Raúl Cárdenas Navarro y sus funcionarios, con el doloso despido injustificado de 22 profesores? Afortunadamente los profesores fueron posteriormente reincorporados, aunque sin cobrar sus aguinaldos y quincenas devengados”, cuestiona.
Además de apostarle a que se logre la equidad de género en la nueva dirigencia, en el espíritu de la reforma laboral, Bobadilla se pronuncia por una auditoría al CEG de Ávila Rojas. “Eso nos dará certeza sobre la ruta que siguen nuestras cuotas sindicales, conocer las prestaciones que se adeudan, entre muchas otras, pago de seguro de marcha, prestaciones a jubilados desde el 2019, pago de cuotas sindicales a varias secciones, concursos de oposición legales.”
En una larga lista, agrega otros pendientes a resolver: “promover la sindicalización de personal académico, un programa de Educación Sindical, la reforma al Estatuto Sindical, ampliación de un bufet jurídico sindical a diez integrantes, porque los tres o cuatro abogados del sindicato que existen actualmente no logran ejercer la defensa de los derechos de los poco más de tres mil 200 agremiados, y por ello los profesores se ven en la necesidad de la contratación externa de abogados para su defensa, erogando dinero, y considerando que el monto de recaudación de cuotas es de aproximadamente entre 15 y 30 millones de pesos anuales. El Centro Recreativo Universitario Vasco de Quiroga y la guardería fungen como negocios personales, el común de los agremiados no conocemos los informes financieros.”
La desconfianza sobre la “legalidad” del proceso la comparte Cristal Dávalos Carrasco, de la Facultad de Filosofía: “La elección de un Comité Ejecutivo ha provocado desazón, por la manera de hacer las cosas bajo esa nueva convocatoria para la elección. En mi humilde opinión ¿Quién designó a esta “Comisión Organizadora”? ¿Quién le otorgó esa representatividad? Este sería uno de los primeros cuestionamientos que les hacemos. ¿Quiénes la designamos?”
Añade que “existe la sensación de que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral está ausente, porque no ha mostrado un documento que avale que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral la reconoció, le dio un reconocimiento legal para echar andar todo el proceso de elección. Me parece que no hay claridad estatutaria, ni legalidad en lo que esta “Comisión” dice avalar, sus declaraciones están llenas de ambigüedades.”
Refiere que “el 33 por ciento de las firmas recabadas sí está establecido en el Artículo 20 del Estatuto, pero no es para cuestiones de elección, sino para la Asamblea y remover en ella a un Comité Ejecutivo, no para una “Asamblea Electiva” como ahora le llaman ellos a la Asamblea General. Ambas son instancias diferentes y tienen diferentes finalidades”, además de cuestionar el padrón a utilizar.
“Sabemos por experiencia, porque lo sufrimos en la Sección Sindical de Filosofía, entre otras tantas secciones como la de Economía también, que el padrón utilizado en junio del 2023 de convalidación del CCT estuvo rasurado. En la sección sindical nos eliminaron a compañeros activos, fallecidos desafortunadamente aparecieron en el padrón, o jubilados de otras secciones, y jubilados que ya no participan.”
En la visión de Manuel Calderón -quien participó en la integración de la dirigencia interina, también víctima de rescisión laboral y reinstalado junto con los demás cesados en la actual administración-, señala que en el proceso de renovación “se sigue la vieja usanza, hoy se ve nuevamente la imposición de los jerarcas del SPUM, al no dejar la libre participación de las bases para poderse organizar y buscar alternativas de cambio.”
A su juicio, se mantendrá la disputa por “cuotas y prestaciones que tiene el SPUM”. El viernes pasado, en el registro de planillas, dice, “quedó claro que no pretenden el cambio, sino sacar a los que pusieron, para ahora ellos estar en esa misma posición. Llevando borregos de la mano, que les tienen que decir que hacer y cómo votar. Sólo así pueden tratar de llevar todavía a pique a un Sindicato como el SPUM, que en su momento demostró un empuje político desde la universidad del pueblo como lo fue la Universidad Michoacana en las décadas de los 50, 60, 70 y 80 (…) Habría que hacer un verdadero debate, creemos en el relevo generacional, nosotros no somos como aquellos que necesitan que los lleven de la mano y les indiquen qué hacer.”
Cavar la propia tumba…
Para la docente Lilia Zamudio, de la Facultad de Psicología, a la par de los abusos de una dirigencia no solo ahora sino de años atrás, se descuidó la formación política para mantener la conciencia sobre los derechos laborales.
“El SPUM no sólo está secuestrado por un grupo de mercenarios al servicio de los más viles intereses de oligarcas y plutócratas; sino que, del interior del propio SPUM parte una honda debilidad. El SPUM que defendimos como órgano de defensa gremial de los académicos universitarios, no daba lugar a lucha ideológica ni a preparación laboral y política de sus agremiados; no practicó ni propició el ánimo ni espíritu del colectivo, de solidaridad, ni de colaboración (la competencia y el culto a la personalidad, los prejuicios y asignación de etiquetas, la burocracia, entre otros vicios); todo eso y más, hicieron del SPUM un órgano sindical que administró la explotación laboral, el acoso, las injusticias, la explotación, el tortuguismo, la existencia de padrinos y ´palancas´ para obtener prebendas.”
No duda en calificar que “hoy la realidad del SPUM, en mi opinión, es agónica. Sus agremiados no solamente, viven en el ‘agradecimiento eterno’ con autoridades que creen que le favorecieron para hacerse de sus puestos de trabajo, sino que están dispersos, desinteresados, temerosos al haber comprobado que la base trabajadora no contamos con ninguna defensa a la hora que el poder se ensaña contra los trabajadores.”
Los agremiados identifican a la Planilla Plata, encabezada por Ramiro Silva Orozco, como la fórmula ligada a presuntos actos de corrupción en las ex dirigencias gremiales.
Así lo plantea un docente que prefiere identificarse con el seudónimo de Melchor Ocampo: “La planilla integrada por los dos grupos: el de los 4 firmantes de la ´convocatoria´ afines al gobernador y el grupo Rojo, que siempre han sido patronales, están en la pelea por sustituir a los integrantes del actual CEG espurio, en la misma tarea de servirle al patrón. No tienen más motivación. Por eso es la planilla integrada a iniciativa de la Rectoría.”
Otra opinión, la de José Manuel Guerrero Rascón, docente de Educación Física, señala a ex dirigentes como Domingo Acuña, Germán Anaya, Román Soria, como quienes impulsan la Plata. “Ahora tratan de reunirse entre ellos para sacar una ´Planilla de Unidad´, cuando existen evidencias y trascendidos que retratan un panorama de desfalco de las cuotas sindicales en detrimento de todos los que somos trabajadores académicos afiliados al SPUM. Están alineados de forma zalamera al rector y gobernador en turno. Ya basta. Habrá que conformar un nuevo Sindicato con paridad y los elementos que recoge la reforma a la Ley Federal del Trabajo en ese sentido. Después de ser todos priistas y perredistas, ahora son morenistas.”
Fotografía de portada: Efigie de Hidalgo en Ciudad Universitaria, donde se concentra la mayoría de la planta docente de la UMSNH
Consulta:
Yarabí Ávila, un año de claroscuros en la UMSNH
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