Sin voluntad de diálogo

Para formalizar la decisión ya tomada en Michoacán por el Ejecutivo, el Legislativo simula disposición de escucha hacia la comunidad universitaria sobre las reformas a la UMSNH

Patricia Monreal

En Michoacán la posibilidad de una discusión profunda y seria para reformar el marco normativo que rige a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) está cancelada. Los encuentros que docentes nicolaitas han sostenido con diputados de la LXXVI Legislatura local, evidencian que la decisión está tomada y sólo resta que el oficialismo y sus fuerzas afines en el Congreso del Estado la formalicen con su voto a favor.

El pasado 14 de noviembre arribó al Pleno de la Cámara la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado sobre la Universidad Michoacana que promueve el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como parte de lo que ha denominado “Plan Morelos”.

Menos de una semana le bastó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictaminar el “ha lugar”, es decir, determinar que la propuesta no contraviene ningún precepto constitucional por lo que puede ser estudiada de fondo. Así el jueves 21 de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad de los 34 diputados presentes en la sesión el dictamen elaborado.

El asunto retornó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio de fondo, esto pese a la solicitud formulada de inicio por el diputado Reyes Galindo Pedraza para que el tema también fuera turnado a las comisiones de Presupuesto y Educación, para lo que planteó una moción suspensiva que finalmente retiró.

En esa sesión, Reyes Galindo evidenció cómo la aprobación de la reforma pretendía hacerse al fast track, no sólo en lo relacionado al “ha lugar” sino también al análisis de fondo, ya que la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, ya había citado al resto de los integrantes a reunión al día siguiente para firmar el dictamen final.

“Me preocupa que estamos convocados el día de mañana a recibir en la Comisión de Puntos Constitucionales a algunos grupos de profesores y sindicalizados de la Universidad, pero también estamos convocados para que al término de estas reuniones ¡ya firmemos el dictamen!, aún no se ha aprobado el ha lugar, entonces, no entiendo bien el procedimiento pero debería diseñarse con mayor cuidado”, reprochó el petista.

Y abundó: “Hay documentos de los sindicatos, del SUEUM, del SPUM, del STUMICH que piden audiencia a la Junta, a las comisiones, y si los vamos a recibir a las ocho o nueve de la mañana para dictaminar a las 12 del día, dicen en mi pueblo que eso es hacerle al engabanado”.

Topar con pared

Luego de sostener –el miércoles 20 de noviembre- una primera reunión con las presidentas de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís, y de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera, académicos nicolaitas de 24 facultades y dependencias universitarias acudieron desde temprana hora el viernes 22 para un nuevo encuentro.

La reunión con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales fue condicionada por su presidenta para que sólo hubiera una veintena de participantes por parte de los académicos, no obstante, otro número similar si bien no se integró a la mesa de trabajo estuvo presente en las sillas para público habilitadas en el Salón de Recepciones de Palacio Legislativo.

Ahí los docentes pudieron conocer la lógica de “diálogo” de los diputados. La legisladora Emma Rivera les hizo saber que tenía prisa y acotó la reunión a cinco participaciones de los académicos, pidiéndoles que no fueran repetitivos en sus intervenciones para desahogar a la brevedad los trabajos.

A la legisladora le apremiaba acudir a la sesión de Pleno para votar a favor de las minutas de reformas a la Constitución federal sobre protección animal y seguridad pública, también quería quedar libre para más tarde recibir con tiempo suficiente a la rectora Yarabi Ávila González.

Emma Rivera –de Morena- dejó clara la intención de que todo diálogo sobre la reforma cumpla con las proyecciones del Ejecutivo: “estamos aquí para volverlos a escuchar, para seguir escuchándolos y ver cómo podemos construir una reforma que cumpla los objetivos que nosotros queremos”.

Por la vía sentimental habló de su orgullo de ser nicolaita y de su interés por fortalecer a la Universidad, también buscó posicionar como beneficio de la reforma el dotar de autonomía a la Máxima Casa de Estudios, y encasilló la preocupación de los docentes sólo al tema de pensiones y jubilaciones.

Poco después en sus intervenciones, los profesores le recordaron a la legisladora que desde 1917 en que se emitió el decreto de creación de la UMSNH se reconoció su autonomía, tanto que se trató de la primera Universidad con este carácter en toda América Latina.

A pesar de las explicaciones de contexto hechas por los docentes para clarificar a los diputados la ruta legal histórica para regir la vida de la Universidad Michoacana desde su creación, incluyendo los ordenamientos vigentes y los derechos adquiridos, así como las inconsistencias legales de la iniciativa de Alfredo Ramírez Bedolla, la diputada Emma Rivera mantuvo intacta la línea de Morena sobre la propuesta y la defendió hasta el último minuto.

“Nosotros no vemos ningún agravio a la Universidad”, aseguró la legisladora, provocando con ello una exclamación de indignación entre los profesores quienes acababan de exponer a detalle las inconsistencias en la iniciativa y los riesgos que implicaría su aprobación en los términos en que se encuentra.

También desmarcó de responsabilidad al Congreso de toda la problemática en la Universidad narrada por los docentes -que consideran pone en riesgo e impide cualquier proceso democrático en ella-, como lo es la falta de una representación sindical efectiva, la operación de una política de persecución y hostigamiento desde Rectoría a las voces críticas, el sometimiento del Consejo Universitario, la reciente creación de un estatuto a modo y la cooptación de la Contraloría interna, entre otros. Emma Rivera señaló que todo ello deberá ser resuelto por la propia Universidad.

Reyes Galindo Pedraza dejó en claro que su bancada –la del PT- no tiene prisa por aprobar la reforma constitucional, “¿qué si tenemos?, un compromiso para que ésta sea de gran calado, pero que tenga de por medio una gran discusión, un gran análisis, un gran debate”.

El perredista Octavio Ocampo apelaría a su vez a la empatía, pidiendo a los docentes su confianza porque –sostiene- él no le haría daño a la Universidad en la que estudió y a la que dice querer tanto.

Desatinos y riesgos

Los docentes dejaron en claro que la toma de decisiones al interior de la Universidad está comprometida y bajo el control de la Rectoría, lo que impide procesos democráticos reales y efectivos.

“Nuestros órganos de gobierno actualmente no nos representan, tenemos además un sindicato que lamentablemente ha permanecido cuatro años y no hay certidumbre de hasta qué punto nos puede representar, incluso legalmente, tampoco el Consejo Universitario por su condición actual es la voz de la Universidad”, apuntó América Ivonne Zamora Torres, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (ININEE).

En el caso del Sistema de Pensiones y Jubilaciones que se prevé en la iniciativa de reforma del Ejecutivo como novedad, lamentó que exista desconocimiento de que el Sistema ya existe en la Universidad, “sí lo tenemos, es propio y está en el artículo 29 de la Ley Orgánica, además fue reformado en las cláusulas 131 y 132 de los contratos colectivos del SPUM y 173 y 173 bis del SUEM en el 2020”.

La línea democratizadora que el Ejecutivo y Morena usan como argumento en la reforma a la Universidad Michoacana, es justo de lo que adolece el contenido de la iniciativa a juicio de los docentes, quienes consideran incluso que la modificación atenta contra aquello que se esgrime como objetivo, “hoy no hay esa línea democratizadora en la Universidad y lo observamos a partir de hechos concretos”, señaló Cesar Lenin Navarro Chávez, profesor-investigador del ININEE.

En ese sentido refirió que el Consejo Universitario aprobó un estatuto que lesiona y lastima principios democratizadores, “primeramente se tenía que haber trabajado sobre la propuesta de Ley Orgánica y luego de ahí tendría que haber bajado el estatuto universitario y demás reglamentos afines, tal pareciera que existía la preocupación para establecer un estatuto que se convirtiera en un espejo para una propuesta de Ley Orgánica”.

Lo conveniente a juicio de los docentes, es establecer dentro de la UMSNH una Comisión Autónoma, que sea independiente de la administración nicolaita en turno para llevar a cabo el registro de manera independiente de los posibles aspirantes tanto para rector como para consejeros.

“El Tribunal Universitario en los términos que plantea el actual estatuto, prácticamente se convierte en un Estado policía, una Santa Inquisición; aquél que no esté de acuerdo con la administración en turno, llámese rectora o llámese quien se llame, prácticamente en automático es descalificado y despedido de la Universidad”, refirió Lenin Navarro.

Otro tema es el del presupuesto, ahí el docente explicó que una propuesta real para avanzar sería lograr la combinación de participación estado-federación del 50-50, que hoy está a 60.41 por ciento federal y 39.59 por ciento estatal, “en la medida en que se vaya acercando la participación estatal a la federal estaremos hablando en términos reales de crecimiento presupuestal para la UMSNH”.

Manuel Calderón Ramírez, de la escuela preparatoria Isaac Arriaga, cuestionó que dar 700 millones de pesos más a la Universidad vaya a resolver problemas que se traen de muchos años atrás, “hay un convenio macro que obliga al Ejecutivo a nivelar el 50-50 del presupuesto, creo que aquí el propio gobernador está faltando a su palabra, porque en ese convenio se le obliga a brindar lo que por ley corresponde a la Universidad.

“Es fundamental que se abra el debate ¿qué es lo que queremos nosotros dentro de la Universidad?, si bien corresponde al Ejecutivo y Legislativo moderar esta circunstancia, debe haber debate y no cerrar la discusión, porque entonces nosotros veríamos como universitarios que se nos está doblegando con solo dar 700 millones de pesos”, señaló.

A su vez Guillermo Ramón Campillo García dio lectura a una ficha técnica con el contexto normativo de la Universidad, recordando que ésta tiene desde principios del siglo pasado facultades para gobernarse a sí misma, establecer sus planes y programas, y administrar su patrimonio.

Alertó que el nombre oficial es Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por lo que incorporarle el “Benemérita y Centenaria» en la Constitución –con la reforma del gobernador- sin un proceso legal adecuado sería aludir a una institución inexistente.

“Cuando Alfredo Ramírez Bedolla era candidato a gobernador él sabía lo que decían las leyes y que está obligado a cumplirlas, entonces llama la atención el por qué los viola en su propia iniciativa”, “él se comprometió a que en dos años resolvería el problema financiero de la Universidad, ya son casi tres, por lo que incumplió su palabra”.

Sobre lo plasmado en la iniciativa del Ejecutivo sobre subsidio pleno, apuntó que el gobernador debería estar cumpliendo con lo que ya estaba firmado desde el 13 de enero de 2016 en un convenio entre la SEP, la UMSNH y el Ejecutivo para buscar un esquema de financiamiento equitativo, con el 50-50 de aportaciones.

La sugerencia directa al Congreso es rechazar la iniciativa de reforma del Ejecutivo en los términos en que fue presentada, y promover un diálogo abierto con la comunidad universitaria, trabajadores y autoridades previo a cualquier nueva iniciativa, abordando las necesidades de la institución sin vulnerar sus derechos y garantías históricas.

“Todo esto sinceramente es violatorio, toda la iniciativa es violatoria de los derechos humanos que están establecidos no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales”, puntualizó  Ramón Campillo y agregó: “la propia rectora, el 8 de noviembre entregó al Consejo Universitario una copia de la iniciativa del Gobernador, pero les dijo a los consejeros que se las entregaba para que de aquí al mes de febrero hicieran las diferentes consultas a los universitarios, ¿cómo es posible que la diputada Fabiola Alanís diga ante el Congreso del Estado que ya la rectora había consultado al Consejo Universitario?, ¡no es cierto!, ¡es una flagrante mentira! no sólo miente la rectora ante el Consejo Universitario, sino también la diputada Fabiola ante el propio Congreso del Estado”.

Ramón Campillo remató: “Ustedes como Comisión de Puntos Constitucionales tienen que ver que toda esta propuesta de iniciativa del Gobernador está totalmente fuera de lo que establece la ley y los derechos humanos, laborales, sindicales y de seguridad social”.

Más allá de la promesa de seguir dialogando y la certeza de que los diputados tenían prisa de acabar la reunión, los docentes no se llevaron del encuentro compromiso formal alguno de parte de los legisladores quienes, más tarde, destinarían todo el tiempo necesario para recibir a la rectora Yarabí Ávila.

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