La experiencia hace que familiares de víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia no tengan expectativa alguna con las comisiones de verdad, su apuesta, es por la labor de los colectivos
Patricia Monreal
El acceso a la justicia y la verdad para víctimas de desaparición forzada durante el periodo de la Guerra Sucia en México, tiene pocas expectativas de cristalizarse durante el sexenio lopezobradorista que transita en su última etapa de vida.
Es hasta este 2023 –en la recta final de gobierno- que se ha acelerado la marcha de la Comisión para la Verdad que por tiempos, lo más que podrá aportar es su informe final que tiene el objetivo “de contribuir a esclarecer y demostrar que existió una serie de violaciones graves a los derechos humanos en el periodo de 1965 a 1990, en contra de movimientos de disidencia política”.
Será una “contribución” institucional más que se acumulará a las registradas en el pasado, sin que el acceso a la justicia aparezca como posibilidad en el panorama de corto plazo, ni que los responsables que quedan vivos sean llamados a cuentas en procesos que se judicialicen y deriven en sentencias
La experiencia hace que familiares de víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Sucia no tengan expectativa alguna con las comisiones de la verdad, su apuesta, es por la labor de la sociedad civil, de los colectivos.
En marzo de 2023 el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó ante la Cámara Federal de Diputados el proyecto de Ley General de Memoria que –según afirmó cuatro meses antes, sería sometido al proceso de parlamento abierto.
“Yo veo muy difícil que haya resultados con la Comisión de la Verdad, todavía no se concreta la Ley de Memoria y ya lo que queda de tiempo para este gobierno es muy poco”, apunta Abdallán Guzmán Cruz, exguerrillero y familiar de víctimas de desaparición forzada.
“En lo de la famosa memoria histórica veo muy difícil que vaya a darse algún resultado, lo mismo que con la búsqueda de nuestros familiares sobre la que no existe ninguna acción emprendida”.
Abdallán tiene razones de sobra para desconfiar de la efectividad de las comisiones tras lo vivido a nivel federal con la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) creada por el foxismo en 2002, y a nivel local la Comisión para la Investigación de la Desaparición Involuntaria de Personas del Estado, decretada por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel también en 2002.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, fue creada por decreto presidencial publicado el seis de octubre de 2021, en el Diario Oficial de la Federación.
El Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico que forma parte de la Comisión, arrancó este año una serie de foros denominados “Diálogos por la Verdad”, en total seis: Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Chihuahua, Oaxaca, Jalisco, y en Guerrero; así como cinco encuentros en Chiapas, Veracruz, Michoacán, Sonora y Nuevo León.
En Michoacán, comisión muerta
El 19 de diciembre de 2002, en el Periódico Oficial del Estado se publicó el acuerdo mandatado por el entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel para la creación de la Comisión para la Investigación de la Desaparición Involuntaria de Personas del Estado durante el periodo comprendido entre los años de 1960 y 1989.
La medida respondía al trabajo desarrollado por organizaciones de ex guerrilleros y familiares de desaparecidos en Michoacán, después de que en el ámbito federal con el foxismo fuera creada la Fiscalía Especial para atender asuntos “del pasado”.
Si bien la exigencia de ex guerrilleros para la creación la llamada Comisión de la Verdad se centraba en los hechos ocurridos en los sesenta y setenta, así como en primera parte de los ochenta, el gobierno estatal decidió alargar el período hasta 1989 para abarcar el tiempo en que surgió el Frente Democrático Nacional del que germinó el Partido de la Revolución Democrática –en el que entonces militaba Cárdenas Batel- tiempo en que se suscitaron asesinatos y desapariciones de integrantes de ese movimiento.
“Esa comisión nació muerta, no se convocó a las personas que tenían familiares desaparecidos sino a compañeros que fueron dirigentes o militantes de organizaciones político-militares dentro del movimiento social armado”, apunta Abdallán Guzmán Cruz, exmilitante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), y quien tiene cuatro hermanos desaparecidos además de su padre.
“Una cosa es que hayas militado y el tema de la conciencia, pero otra es sentir que los desaparecidos son tus familiares y luches por encontrarlos. Por eso es que nació muerta, no pudieron llegar a ninguna conclusión, ni a buscar a nadie”.
La Comisión de la Verdad sería sólo una simulación de voluntad ya que no fue acompañada de una Fiscalía Especial que asumiera las investigaciones, llevara procesos, y judicializara los casos.
Su creación contó con un candado de caducidad de tres años, tiempo en el que no hubo resultado alguno y sólo propició diferencias entre quienes la integraban y familiares de desaparecidos.
El núcleo de la Comisión estuvo incompleto de principio a fin, en donde la familia Guzmán Cruz, con cinco integrantes desaparecidos, no participó en rechazo a la designación al frente del organismo del exguerrillero José Luis González Carrillo. También se incluyó a Julio Pimentel de la organización Diego Lucero, quien tras diferencias al interior se separó del cargo y se trasladó a la Ciudad de México para laborar dentro de la Fiscalía Especial de la Federación, en donde –a diferencia de Michoacán- los cargos no eran honoríficos.
La integración de la Comisión no dejó satisfechos a todos los que la habían impulsado, quienes acusaron al gobierno lazarista de haber vetado a ex combatientes radicales para evitar desencuentros políticos con los exgobernadores Servando Chávez y Agustín Arriaga Rivera –para entonces vivos- que ejercieron funciones durante el periodo en investigación.
El periodo de vida de la Comisión acabó sin resultados, y aunque en el gobierno de Leonel Godoy Rangel se tuvieron reuniones para explorar revivirla, la medida nunca prosperó.
Algunos de los casos
Al menos 13 michoacanos fueron desaparecidos durante la llamada guerra sucia, aunque familiares y víctimas directas han estimado que la cifra puede llegar a más de media centena, y que los casos fueron invisibilizados por temor de sus familias a las represalias. Además, a muchos de los participantes en guerrillas sólo se les conocía por su nombre clave, como “La Ciencia” y “Lao”.
Los sitios en el estado en donde se detectó mayor presencia de grupos armados subversivos –principalmente en la década de los setenta- fueron Zacapu, José Sixto Verduzco, Puruándiro, Susupuato, Penjamillo e incluso Morelia.
Los nombres conocidos de víctimas michoacanas son: José de Jesús Guzmán Jiménez, Venustiano, Solón Adenauer, Armando y Amafer, todos de apellidos Guzmán Cruz; José Luis Cruz Flores, Rafael Chávez Rosas, Doroteo Santiago Ramírez, Abel Alfaro Silva, Miguel Tinoco Rodríguez, Horacio Arroyo Souza, Ramón Cardona Medel y Felipe Peñaloza García.
Originario de Tuzantla, Michoacán, Horacio Arroyo Souza fue desaparecido en 1974 cuando tenía 28 años; era ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Uruapan.
Horacio formó parte de los partidos Comunista (PC) y Popular Socialista (PPS), de la Liga Comunista “23 de septiembre” y del MAR; recibió instrucción en Corea del Norte. Al regresar en 1970 a México varios de sus compañeros fueron pero a él no, por lo que vivió algún tiempo en la clandestinidad. Luego de ser profesor de la Normal Rural de Chihuahua sus familiares pierden todo contacto con él.
En los documentos del Archivo General de la Nación, sistematizados y puestos a disposición por la organización Artículo 19 para su consulta pública en el sitio Archivos de la Represión aparecen fichas de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), con información personal de Horacio, sus antecedentes, historial de actividades subversivas e información recabada en declaraciones de otros miembros de las organizaciones de las que formó parte.
La familia Guzmán Cruz es en Michoacán la que más integrantes desaparecidos registra en el periodo de la guerra sucia.
Abdallán Guzmán Cruz ha dado cuenta de lo ocurrido con su familia: en julio de 1974 elementos del Ejército y de la DFS arribaron a la comunidad de Tarejero, Michoacán, con el propósito de aprehenderlo a él y su hermano Amafer, por su participación en el MAR.
“Entraron esas fuerzas policiacas y militares, buscándonos a mi hermano Amafer y a mí; al no encontrarnos golpearon no sólo a mi padre y mi hermano Solón, sino a toda la comunidad; desnudaron a niños, mujeres y ancianos y los ubicaron en las canchas donde los sometían a sesiones de baño a presión con agua fría para que denunciaran nuestro paradero. Es hasta el tercer día después de haberlos golpeado que, en presencia de nuestros hermanos más chicos detienen a mi hermano Solón, y a mi papá Jesús, desde entonces no sabemos nada de ellos”.
Ese mismo año, son detenidos otros dos hermanos: Armando que no tenía relación alguna con actividades guerrilleras, en la Ciudad de México; y Venustiano en Acapulco, en donde es trasladado a una cárcel clandestina.
Abdallán es detenido en noviembre de ese año, y permanece preso más de cuatro años en el Campo Militar Número Uno, en Lecumberri, y en el Reclusorio Norte. De Amafer, no saben con precisión su destino, aunque algunas personas aseguran haberlo visto en cárceles clandestinas.
Asimismo está el caso de Ramón Corona, presumiblemente desaparecido en 1977 después de haber permanecido preso desde 1970 tras su detención junto a otros miembros del MAR en Veracruz, luego de recibir instrucción guerrillera en Corea del Norte. Originario de El Zapote de Parras, del municipio de José Sixto Verduzco, fue secretario general del Consejo Estudiantil Nicolaita en 1967, previo a su ingreso al grupo armado.
Sin expectativas
En la geografía de las desapariciones en Michoacán, las hermanas Paredes Lachino, Cristina y Janahuy, han sido emblemáticas por el activismo que han desarrollado por décadas desde la desaparición de su padre.
José Francisco Paredes Ruiz desapareció el 26 de septiembre de 2007 en Morelia, a los 57 años, cuando llevó a lavar su camioneta. Fue integrante del Movimiento de Acción Revolucionaria, entrenado en Corea del Norte, y su activismo lo llevó dos veces a ser preso político durante la llamada guerra sucia, una por siete años en Lecumberri, la otra de tres años en Apatzingán.
Tras su segundo encierro, Francisco salió libre en 1984 para dedicarse al activismo político pacífico. Junto con otros ex presos políticos participó en la creación de la Fundación Diego Lucero para exigir la aparición de los desaparecidos de la guerra sucia así como en la elaboración de una Ley en la materia. Después se sumaría a la lucha de la comunidad indígena de Zirahúen por la defensa del territorio.
Era un sábado por la noche cuando Francisco le confesó a su padre estar preocupado porque lo seguían, ese día desapareció y dos después su camioneta fue localizada varada en la salida a Salamanca de Morelia, a unas cuadras de un campo militar y frente a una caseta policiaca.
En septiembre de 2007 –al siguiente día de la desaparición de su padre- Cristina y Janahuy empezaron a recorrer su propia ruta de activismo por la justicia a las víctimas de este delito en el país.
“Para la conformación de comisiones de búsqueda o comisiones de la verdad, más que nada se debe de tomar en cuenta a los familiares de personas desaparecidas, que las decisiones se tomen en consenso y acuerdo, y que el Gobierno no meta a su gente en ellas”, considera Cristina Paredes.
A través de su experiencia observa que el Estado Mexicano “ha tenido una intención perversa de desmembrar a los colectivos, de viciarlos, de prostituirlos por la cuestión monetaria.
“La responsabilidad es del Estado Mexicano, éste es quien debe garantizar el acceso a la justicia, al acceso a la verdad, tiene que garantizar la garantía de no repetición de estos crímenes contra la humanidad”.
La integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces”, reconoce que no se tienen expectativas amplias sobre ninguna comisión.
“La expectativa amplia que tenemos es la de los familiares, la que vamos impulsando, la que vamos llevando, la de documentación, de trabajo para llegar a nivel internacional a la Comisión Interamericana y posteriormente a la Corte en donde se enjuicia al Estado Mexicano por crímenes contra la humanidad, entre ellas las desapariciones forzadas que se han cometido aquí, en el Estado de Michoacán y en el país”.
