El homicidio de Gregorio Álvarez en 1996, permanece impune. Fue un duro golpe al movimiento cañero en Puruarán por la reapertura y operación del ingenio
Patricia Monreal
A Gregorio Álvarez Vargas lo asesinaron el seis de agosto de 1996, apenas a 150 metros del lugar en que murió ultimado, seis meses atrás, su hermano Horacio al ser confundido con él. El líder cañero alertó previamente que su vida corría peligro, la respuesta de las autoridades nunca llegó, y ese martes quedó abatido sobre el pasto de un camellón, en las inmediaciones del fraccionamiento Terrazas en Morelia, en donde vivía. Eran las 15:10 horas.
Gregorio lideró hasta su muerte el movimiento de los cañeros del ingenio de Puruarán, en el municipio de Turicato, en su lucha para reactivarlo frente a la determinación del nuevo dueño, el regiomontano Alberto Santos de Hoyos, de cerrarlo y desmantelarlo.
Integrante de la Unión Local de Productores de Caña (ULPC-CNC), formó parte de lo que fue considerada el ala radical del Comité de Defensa para la Conservación del Ingenio Puruarán (CDCIP) constituido el 13 de noviembre de 1992.
J. Luis Seefoó Luján, Guillermo Paleta Pérez y Héctor Hernández Soria, en el ensayo “Turicato, un nombre equivocado”, publicado por el Colegio de Michoacán en el libro “La Tierra Caliente de Michoacán”, refieren como Santos de Hoyos, empresario de las galletas Gamesa y senador por el PRI, en 1991, adquiere el ingenio Puruarán como parte de un paquete ofertado por el Gobierno Federal presidido por Carlos Salinas de Gortari, que incluía, además, a los ingenios Alianza Popular, en San Luis Potosí, Bellavista, en Jalisco; y Pedernales, en Michoacán, con el compromiso de mantenerlos en operación. No obstante el convenio de continuar en producción, el nuevo dueño decide el 31 de mayo de 1992 cerrar Puruarán, liquidar al personal y rehabilitar sólo Pedernales, argumentando inviabilidad económica.
La postura del empresario sobre la inviabilidad fue respaldada tanto por la Secretaría de Hacienda, el Fideicomiso Relacionado con Apoyos a la Agricultura (FIRA), y FINASA, determinando que debía liquidarse a los obreros de Puruarán, pasar toda la caña al abasto de Pedernales y ampliar su capacidad de molienda con maquinaria y equipo.
El movimiento generado con diferentes ramas, permitió a la larga, vía el Comité Pro-Reapertura del ingenio Puruarán (CPRIP), documentar que el ingenio se vendió en cuatro millones 200 mil pesos, pese a que su valor era de 55 millones de pesos; “así que Alberto Santos solamente pagó siete por ciento del valor de los activos”, refieren los investigadores en su ensayo.
Señalan que casi inmediatamente a la clausura del ingenio, fechada el 31 de mayo de 1992, una comisión de trabajadores realizó las primeras gestiones en junio. Más tarde, el 13 de octubre, en asamblea convocada en la plaza principal se informa de la respuesta negativa de distintas autoridades estatales y federales para reabrirlo.
En noviembre de ese año, el CDCIP le solicitó sin éxito al gobernador Ausencio Chávez, fuera regulador para negociar la reapertura directamente con Santos de Hoyos. La petición es suscrita por Gregorio Álvarez y Pedro Rivera Torres, secretario de la Sección 52 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM).
“Frente a este panorama desolador y ante el inminente inicio de la temporada 1992-1993, una fracción del comité, integrado por obreros y cañeros, lidereada por Gregorio Álvarez Vargas, acuerda tomar las instalaciones fabriles el siete de diciembre de 1992 y anuncia que las habilitará para realizar una zafra.
“La politización de la lucha y la toma de las instalaciones azucareras para llevar a cabo la zafra 1992-1993 agrietaron más las diferencias internas del CDCIP. De esta manera, con el pitido que anunció el arranque de la molienda, el 4 de marzo de 1993, se escindía el comité pues una abultada parte, sobre todo de comerciantes y profesionistas aunque también cañeros, no aprobaba la posesión y usufructo ´ilegal´ de la fábrica”, apuntan los investigadores.
En su ensayo “’Zafra de justicia y libertad’: protesta rural en una comunidad cañera de Michoacán”, el doctor en antropología, Guillermo Paleta Reyes, puntualiza cómo en Puruarán se desarrollaron procesos de resistencia y protesta que fueron gestando la acción colectiva ante el contexto privatizador de la agroindustria azucarera local.
“El grupo que había tomado el ingenio empieza la molienda el cuatro de marzo de 1993, previa adecuación y reparación de las instalaciones. Iniciada la zafra, las contradicciones en torno a este hecho aumentan. De igual manera, se empiezan a mostrar divergencias entre las personas que integraban el CDCIP. Una fracción del Comité no estaba de acuerdo en la toma del ingenio, mucho menos en la zafra. Parte de los obreros y cañeros de Puruarán asumían que el ingenio sí era productivo, contrariando el argumento principal del cierre”.
El movimiento contó con el apoyo del Consejo Cívico Tacambarense, de los alcaldes de Turicato, Paracho, Charapan, Chilchota y representantes de Zacapu, la Asociación de Profesionistas y Organizaciones Adheridas del Distrito de Tacámbaro, Comisariados Ejidales, la Cámara de Comercio y directores de las escuelas de Puruarán, el Comité de Estudiantes de la Escuela Normal de Tiripetío, y del Consejo Estudiantil Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, estos últimos por intermediación de José Horacio Álvarez, profesor de la UMSNH y hermano de Gregorio.
“La molienda logra una cantidad de azúcar con la cual fue posible pagar parcialmente a obreros como a ejidatarios. Esta producción es recordada por los cañeros de Puruarán como ‘mini-zafra’. El Comité logró moler 36 mil toneladas de caña equivalentes a tres mil 300 bultos de azúcar, totalizando 165 mil kilos. Para evitar la molienda, la policía judicial entró al ingenio el tres de julio de 1993 para ‘resguardarlo’. Raúl Cárdenas, gerente general de los ingenios de Puruarán y Pedernales presenta acusaciones por despojo en contra de algunos participantes en la toma del ingenio”, consigna Guillermo Paleta.
Meses antes, en enero, Pedro Álvarez Pérez, líder cañero y padre de Gregorio, fue secuestrado por tres hombres armados. Lo golpearon y torturaron buscando que les informara el lugar en que se encontraba su hijo.
Mario Santoyo y Andrés Guido, líderes cañeros habían sido asesinados por quienes torturaron a Pedro, según el dicho del propio Gregorio en octubre de 1994, cuando denunció haber sido víctima de un intento de asesinato.
Fue en rueda de prensa cuando Gregorio narró lo sucedido días antes, el 23 de octubre. Una docena de personas armadas que viajaban en dos camionetas aguardaban que terminara una asamblea en Puruarán en la que él participaba para emboscarlo, pero fueron identificados y el líder cañero alertado a tiempo. A partir de entonces Gregorio tuvo que desplazarse y mudarse a Morelia.
En tanto el gobierno estatal, a través de Humberto Arróniz Reyes el Jarocho operaba la división del movimiento cañero, según denunció públicamente Gregorio, a quien también buscaron cooptarlo sin éxito por la vía del dinero.
El 15 de enero de 1996, Horacio Álvarez es asesinado a tiros a bordo de su camioneta, al ser confundido con su hermano. Ambos vivían en el mismo fraccionamiento. Los dos responsables fueron detenidos y argumentaron que el homicidio obedeció a un incidente de tránsito.
El periodista Antonio Robles, quien realizó la cobertura de lo ocurrido, consignó en la información titulada “Criminales a sueldo asesinan a un catedrático”, publicada en la revista Porqué de Michoacán, que en las líneas de investigación “aparecen la exdiputada federal María Villaseñor Díaz y el (entonces) diputado local Valentín Rodríguez (Gutiérrez), a quien Gregorio Álvarez acusó de un desfalco en la presidencia municipal de Tacámbaro, cuando el legislador fue alcalde del lugar”.
Tras el homicidio de su hermano, Gregorio señaló a Valentín Rodríguez y a Alberto Santos de Hoyos, “de ser junto con narcotraficantes de la región de Turicato, los autores intelectuales del complot fraguado para asesinarlo” tanto a él como a Horacio, conforme a lo consignado en Porqué de Michoacán en su edición del 14 de agosto de 1996.
El seis de agosto de ese año, Gregorio fue ejecutado por dos hombres que viajaban en un auto café de vidrios polarizados. Al levantar su cuerpo, elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, encontraron cinco casquillos calibre .38.
Valentín Rodríguez se deslindaría del asesinato: “Desconozco cuál es el móvil del homicidio y estoy tranquilo, no tengo nada de qué preocuparme. Estoy dispuesto a comparecer si la Procuraduría General de Justicia lo requiere”.
Para entonces la bodega del ingenio de Puruarán, en manos de los cañeros almacenaba 190 toneladas de azúcar y mil 500 toneladas de miel, las que preveían vender y con ello fondear parte de la rehabilitación del ingenio para la zafra 1996-1997.
El homicidio de Gregorio permanece impune.
En octubre de 2019 la Universidad Metropolitana de Monterrey anunció la creación de la Cátedra Alberto Santos de Hoyos, entre otros objetivos, el de “propiciar una mayor interacción entre la universidad y la empresa, con énfasis en el ser y actuar del empresario exitoso, su liderazgo y su compromiso social”.
