Comunidades nahuas en Chinicuila invitan a realizar denuncias directas en la Fiscalía General del Estado sobre el abandono institucional en la región
Raúl López Téllez
Vivir con temor no puede ser una costumbre, sostienen habitantes de comunidades nahuas del municipio de Chinicuila, en la Sierra Costa del estado.
Su reclamo por vigilancia permanente en la zona viene desde hace más de tres años, cuando el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) inició el asedio sobre Coahuayula, principalmente, y otras comunidades como la Laguna de Calvillo, y El Ranchual por sus riquezas naturales y minerales.
Por ello, acusan a empresas extractivistas, como las mineras, de compartir los mismos intereses que los de los narcotraficantes: el saqueo sin medida.
Este lunes 28 de abril, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla manifestó que en Chinicuila hay vigilancia permanente, con presencia no solo de la Guardia Civil estatal, sino de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
Para los pobladores de aquella parte del estado, la versión del morenista no es real. Hace dos semanas, y luego de haber “hecho ruido” en algunos medios y en redes sociales, finalmente llegó un convoy de policías estatales y soldados a desactivar un camino sembrado de minas y que mantenía incomunicadas a varias poblaciones.
“Ese día llegaron y apenas si duraron en el lugar, salieron pero rapidito”, señalan. Por ello no creen en la presunta base operativa a la que alude Ramírez Bedolla.
“Tenemos más de un año pidiendo una base de operaciones aquí en Chinicuila y en Coahuayula, cuando ha habido operativos esos duran un rato y luego se van”.
Para enterar de la situación, habitantes y activistas han iniciado una campaña para recoger firmas y denuncias y enviarlas a la Fiscalía General del Estado, exigiéndole que investigue los hechos y “presente avances en las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general”.
Balazos, drones y minas
Aunque el asedio en general en la zona viene desde hace tres años, desde el 2023 los ataques de los carteles se han recrudecido en las comunidades citadas.
Primero eran nada más “las balaceras, luego llegaron los drones y ahora la siembra de minas”, narran los testimonios, que aluden a varias víctimas mortales por la detonación de estos aparatos, parte de las nuevas ofensivas de los grupos del narcotráfico en la entidad.
Pese a los ataques, que se han resistido con elementos de la Guardia Comunitaria, la gente sigue en sus lugares de origen. Varios se han ido ya sea temporal o definitivamente, pero las comunidades no han llegado al extremo de quedarse solas, como ocurre en localidades de Apatzingán.
En Coahuayula, son varios los desaparecidos entre pobladores e integrantes de la ronda comunal. El caso más sonado es el del profesor y ambientalista José Gabriel Pelayo Salgado, visto por última vez en marzo del 2024, pero esa condición la viven otros ambientalistas y líderes sociales en varios municipios de esta franja costera en el Pacífico, como Ostula y Aquila, donde la resistencia en contra de las mineras han sido constantes en la defensa de la tierra y de sus recursos.
Acción urgente: las demandas
Habitantes de Coahuayula, la Laguna de Calvillo y El Ranchual, las tres pertenecientes al municipio de Chinicuila y atacadas por grupos de civiles armados, han convocado a organizaciones nacionales e internacionales a denunciar ante la Fiscalía General del Estado los recurrentes hechos de violencia e inseguridad, directamente en el apartado de denuncias de la dependencia.
“Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente y le escriban a las autoridades mexicanas para exigir el desmantelamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación en la zona, y la detención de sus miembros”, señalan en su petición, donde incluyen sus demandas:
- Que las autoridades correspondientes desmantelen los explosivos colocados en los distintos puntos de la carretera y otros puntos cercanos a la comunidad.
- La localización y regreso con vida del maestro José Gabriel Pelayo Salgado.
- Un retén militar de manera permanente en el crucero de Los Telares, municipio de Chinicuila, Michoacán.
- La implementación de los puestos de vigilancia y control por parte del Ejército Militar en los puntos que la comunidad ha solicitado en anteriores momentos.
- Que los poderes ejecutivos estatal y federal establezcan mesas de trabajo junto con las comunidades para atender la crisis de seguridad en la región Sierra Costa de Michoacán.
- Que las fuerzas de seguridad pública actúen conforme a derecho y respetando los derechos humanos para garantizar la seguridad en la región.
- Que la Fiscalía General del Estado de Michoacán investigue los hechos delictivos y presente avances en las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos y de la población en general.
Complicidad de autoridades
Yulissa Pelayo, hija del ambientalista José Gabriel Pelayo Salgado, señala que Coahuayula se encuentra a ocho horas de viaje desde la capital estatal, Morelia, y por un camino de terracería.
Considera que la incomunicación es una constante que afecta a los pobladores, dado que no funcionan eficientemente los servicios de telefonía e internet, lo que complica el hacer saber su situación durante los ataques que sufren las comunidades y que se convierten en horas de estar escuchando balazos o estar bajo la incertidumbre de si habrá drones desde los que se lanzan explosivos.
El Ranchual es una de las comunidades que “desde hace bastante tiempo, tres años” ha estado en el blanco de los carteles. En los últimos días, los ataques “han venido con mayor fuerza, con mayor violencia y atacando a cualquier persona de la comunidad, sin importar edad o sexo”.
El docente y ambientalista, señala, “fue desaparecido por el crimen organizado. Hasta el momento no sabemos de su paradero, la investigación ha sido precaria y excusándose (las autoridades) por la violencia que se vive y del poco acceso a la información que ellos (las autoridades) dicen no se tiene”.
Pelayo Salgado fue fundador del Consejo Popular de Chinicuila y como ambientalista promovía el cuidado de los bosques por parte de las comunidades nahuas, “el cuidado de ríos y lagos, al igual que la no explotación de minas”.
Cada ocho ó 15 días, señala, tanto Coahuayula como las comunidades señaladas, “son atacadas por el crimen organizado, donde lanzan explosivos con drones, con bazucas, en contra de los domicilios, además de minas terrestres por los diferentes caminos para acceder a las comunidades, pero también en el campo donde la gente trabaja maíz, frijol, los árboles frutales, y afecta el acceso al agua”.
Para los habitantes de la región, la inacción de las autoridades estatales y federales para investigar esta y otras desapariciones, al igual que su ausencia al negarse a establecer una base del Ejército Mexicano, solo tienen una explicación: “también están vinculados con el crimen organizado”.
Imagen portada: Operativo de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública en Chinicuila luego de reiteradas llamadas de alerta en la región | Fotografía: SSP
