Activistas piden localización de José Gabriel Pelayo Salgado, Antonio Díaz Valencia y Ricardo Lagunes en una zona asediada por carteles del narcotráfico
Raúl López Téllez
Un ataque armado a la comunidad de Coahuayula, en el municipio de Chinicuila, se registró esta mañana mientras en esta capital activistas denunciaban el clima de inseguridad imperante en aquel punto de la Sierra Costa del estado.
Ante la indolencia y franca inmovilidad del gobierno estatal para procurar seguridad a los habitantes de comunidades nahuas, no obstante que desde hace tres años viven bajo el asedio de grupos de narcotraficantes que intentan el control de los recursos naturales y mineros, señalaron que se han incrementado las desapariciones forzadas al igual que el desplazamiento de habitantes ante constantes enfrentamientos con armas de grueso calibre y el uso de drones y minas.
En rueda de prensa, el comité Buscando a Pelayo, enfatizó sobre los nulos resultados en la búsqueda del docente y ambientalista José Gabriel Pelayo Salgado, desaparecido desde el 19 de marzo de 2024 en Coalcomán.
Originario de Coahuayula, destacaron que no existe ningún reporte ni avance sobre su paradero, tras indicar que las severas condiciones de inseguridad para su familia imposibilitan que puedan acudir hasta Morelia cuando a las autoridades se les ocurre convocarlos, dada que su movilidad está demasiado restringida.
Cuestionados sobre el aumento de desapariciones forzadas, plantearon que no cuentan con una cifra exacta pero que las mismas no se denuncian por temor, al igual que se les niega el acceso a la denuncia al ser intimidados.
Yulissa Pelayo, hija del activista desaparecido, señaló que tras la desaparición del docente se intensificaron los ataques de un cartel a la comunidad, defendida solamente por la guardia comunitaria. Desde junio del 2024, los ataques se han venido sucediendo, con la pérdida de dos elementos comunitarios al tratar de contener una incursión armada en agosto, mientras que en octubre el ataque directo con uso de drones se prolongó un par de días.
Justo cuando se encontraba haciendo la reseña de los ataques, señaló que en ese momento estaban reportando una agresión de nuevo a Coahuayula, a la altura de la comunidad La Laguna, la que dijo sería la primera de este 2025.
“Las autoridades no están haciendo su trabajo, no están cuidando a la población civil”, refirió al señalar que por esta situación hay desplazamientos forzados ya que se han precarizado las condiciones mínimas para sus habitantes, con dificultades para proveerse de alimentos, incluso de medicinas en la clínica local y que los pacientes deben cubrir con sus recursos. “Uno nunca está seguro cuando sale de la comunidad…”.
En el posicionamiento leído ante los medios, los activistas hicieron hincapié en que la situación de inseguridad no es privativa de Coahuayula sino que afecta al municipio de Aquila y concretamente a Ostula. Refirieron los casos de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes, líder comunitario y abogado respectivamente de Aquila, desaparecidos en los límites de Michoacán y Colima y que también permanecen sin avance alguno, no obstante los reiterados llamados incluso a nivel internacional a las autoridades para que intensifiquen su búsqueda.
“Al Estado no le gustan estas noticias”, refirió tras indicar que por parte de colectivos y familiares existe comunicación y coordinación para mantenerse movilizados. “No vamos a quitar el dedo del renglón”, enfatizó, al invitar a una jornada de protesta el próximo 8 de febrero en la plaza Melchor Ocampo de esta capital.
En el posicionamiento, exigieron la localización con vida de José Gabriel Pelayo Salgado, de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes; la instalación de retenes permanentes en Chinicuila; vigilancia militar en La Laguna, punto en el que se registran mayores intentos de la delincuencia por ingresar a Coahuayula; actuación de autoridades conforme a derecho y con respeto a los derechos humanos; que la Fiscalía General del Estado presente avances en la investigación; impulsar una base de datos de activistas y ambientalistas desaparecidos en la Sierra Costa; respeto a la comunidad de Ostula y a su territorio; esclarecer el caso de comuneros de Aquila asesinados en la defensa de sus recursos y decretar como sitios Ramsar las áreas comunitarias y de recursos naturales para evitar su saqueo por parte de empresas extractivas y del cr8men organizado.
Consulta:
Coahuayula, bajo el asedio criminal
Alerta Red TDT por ataque en Coahuayula
Pelayo, un desaparecido sin atención oficial