Un proyecto educativo alternativo y autogestivo que se ha mantenido durante 47 años, enfrenta la segunda embestida por parte de la Rectoría de la UMSNH. La defensa jurídica intenta detener una acción que se prevé estaría acompañada del uso de la fuerza
Raúl López Téllez
La Secundaria Popular “Felipe Carrillo Puerto”, ubicada en la parte trasera del Colegio de San Nicolás de Hidalgo o Preparatoria 1, se fundó en el lugar bajo la anuencia del entonces rector Genovevo Figueroa Zamudio, un plantel que académicamente cuenta con el apoyo desde entonces de egresados de la misma UMSNH, de las normales ubicadas en Morelia y recientemente de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) del Campus de la UNAM en esta capital.
La amenaza de desalojo con el uso de la fuerza pública le ha sido comunicada a la Dirección Coordinadora del plantel, luego que en el 2021 el rectorado de Raúl Cárdenas Navarro hizo un primer intento por desactivar este proyecto, enfocado a jóvenes de colonias populares y marginadas y rechazados de secundarias oficiales y privadas. Ahora es la rectora Yarabí Ávila González quien busca retomar el inmueble aduciendo carencia de espacios para el bachillerato.
“Nos vamos a mantener, no nos vamos a salir, creemos que el derecho nos asiste, que es legítimo defender este espacio”, señaló este miércoles 13 de diciembre el docente Lenin Contreras al termino de una rueda de prensa donde se reconoció que el edificio es propiedad de la Universidad Michoacana y que como tal, para honrar la función de la institución, se debe mantener como una alternativa de educación para hijos de trabajadores, para estudiantes de escasos recursos.
Desde hace dos años con el primer intento, más que la acción política, los directivos de la escuela optaron por iniciar una defensa jurídica, anteponiendo los derechos mismos de la niñez a recibir educación, sin ningún otro interés, ya que la Secundaria no cobra cuotas ni están de por medio intereses personales de quienes se han mantenido al frente de la misma, como recalcaron en el encuentro con los medios, donde se destacó que el plantel cuenta con el reconocimiento de las Secretaría de Educación, por lo que los egresados cuentan con certificados validados plenamente.
El proyecto, se pensó que “estuviera al alcance de cualquier persona, porque no es una cuestión lucrativa, por eso se ha mantenido, su función es llevar la educación al pueblo (…) Jamás hemos usado la escuela para cuestiones lucrativas, han pasado gobernadores, la escuela nació cuando estaba Genovevo (Figueroa Zamudio) como rector y él lo supo, la escuela jamás ha pedido algo para cuestiones individuales, chambas, cuestiones políticas, por eso se ha mantenido, porque se ha mantenido fuera de toda cuestión lucrativa…”.
En ese rectorado, se acordó con Figueroa Zamudio que el espacio fuera utilizado en tanto la escuela no tuviera un lugar donde funcionar, por lo que el domicilio está reconocido como oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Muchos de los maestros han llegado al plantel como prestación de su servicio social, e incluso se han profesionalizado en la enseñanza a través de capacitaciones de la misma SEP y en el espacio se realizan actividades bajo convenio con facultades de la UMSNH, como las de Enfermería y la Popular de Bellas Artes para realizar talleres y actividades, destacó Juan Manuel Mateo García, quien funge como director responsable.
La escuela, “se sostiene a través de uno de los principios de la educación popular, que es la autogestión, esta autogestión les permite a los muchachos no solo hacerla funcionar, sostenerla, sino que les permite formarse porque se van formando de otra manera, cuando tienen responsabilidades desde pequeños, así ha trabajado la escuela desde hace 47 años sin ningún tipo de subsidio, a través de nuestro esquema de organización y que vamos a defender, no es posible que una persona que llegue a la Rectoría por el dedazo del gobernador, así nada más porque sí intente acabar con este proyecto, la escuela tiene bases porque las organizaciones democráticas la conocen y no está sola la escuela, porque sabemos que los muchachos que han salido y los padres de familia, sabemos que van a estar aquí para defender este espacio y defender el proyecto”, destacaron en las intervenciones.
Este viernes 15, a las 10:00 horas, se prevé una asamblea mitin en el edificio de la Secundaria Popular, convocada por la Dirección Coordinadora del plantel.
Defensa jurídica, remar a contracorriente
Desde el año 2021, se planteó la defensa jurídica de la Secundaria Popular tras el intento de Cárdenas Navarro por echar abajo el proyecto.
Se presentó inicialmente por parte de la Rectoría una demanda en contra de un presunto “Patronato de la Escuela Carrillo Puerto”, figura que no existe, señaló el abogado José Luis Vargas, egresado también de las aulas de la Secundaria Popular al igual que otros que conforman el equipo de defensa del plantel. La demanda también se dirigió en contra de Mateo García y a Fabio Meza Coria (ya fallecido).
“Se sigue el juicio contra el Patronato ante el Juzgado Sexto de lo Civil de este distrito judicial, expediente 1081 del año 2021. La juez ve claramente que la Universidad Michoacana no acredita los elementos de la acción, son tres y no acreditó ni uno solo, y entonces la juez le niega la procedencia de la reivindicación a la Universidad, en sentencia en primera instancia”, destaca el abogado.
“La Universidad apela y se va con el magistrado Jorge Pérez Zavala, magistrado noveno de la sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y él resuelve con una lamentable sentencia que cambia todo el asunto, aún y cuando la Universidad no acreditó ninguno de los elementos, él dice que no hay problema, que se acreditan y ordena entonces, revoca la sentencia en primera instancia y ordena el desalojo.
“Después de ahí presentamos un amparo directo, donde el juez segundo de Distrito diciendo que Juan Manuel Mateo no tiene interés jurídico, aún y cuando es demandado, lo cual legalmente es un absurdo, no entra al estudio, sobresee el juicio, nos vamos en revisión y actualmente estamos en esa revisión en el Segundo Tribunal Colegiado en materia civil, decimo primer circuito, expediente 226 del 2023, es decir, todavía los magistrados todavía pueden conceder el amparo a la Escuela porque no fue emplazada, y demandaron a un patronato que no existe y aún así están ordenando el desalojo, una sentencia completamente fuera de lugar ya que ordena al patronato que se restituya, no a la dirección de la Escuela, un patronato que no se presentó (a las audiencias) porque no existe”, indicó el especialista.
A la espera de esa sentencia que, insiste, podría desistirse del desalojo, se mantienen hasta el momento, aunque destaca que no ocurrirá de un momento a otro ya que “tardan entre tres o cuatro meses pero, aclaro, de esa sentencia puede venir el amparo porque estamos quejándonos de que no emplazaron a juicio, de que no nos dieron oportunidad de defensa y esa resolución del Tribunal Colegiado puede cambiar toda la historia.”
El pasado primero de diciembre, el Juzgado Sexto “dicta un acuerdo donde ordena que se ponga en posesión real y material, al apoderado de la Universidad Michoacana de este inmueble, aún y cuando no fuimos oídos y vencidos en juicio, motivo por el que el director presenta un amparo para decirla al juez que él no es parte del asunto, no fue oído y vencido y que están violando sus garantías. Hoy estamos esperando la respuesta del juez.”
Además de estas acciones, agrega, “padres de familia presentaron amparos como representantes legítimos de sus hijos, tenemos una matrícula de 168 alumnos inscritos en este ciclo escolar”, sin dejar de advertir secuelas directas e indirectas contra los menores.
“Con la ejecución de este acuerdo o de este auto de la juez sexto, que ordena la desocupación del inmueble, con esto se viola indirectamente garantías individuales, derechos humanos de los menores que están inscritos en esta Escuela, porque a ellos se les afecta directamente por un asunto en el que nada tienen que ver, ellos se inscribieron y acuden a tomar sus clases y de llevar a cabo el desalojo, ellos quedarían sin donde tomar sus clases, que ya es una primera afectación a sus derechos, y si desde que se prevé que en el acto de lanzamiento se utilice la fuerza pública, son niños de 12 a 15 años, obvio que si llegan los granaderos y nos echan fuera, nos avientan las butacas y los escritorios, va a ser una cuestión traumática para los jóvenes y están violando el interés superior del menor, consagrado en la Constitución Política, en los tratados internacionales y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en muchos tratados internacionales más de los cuales el Estado mexicano es parte, y pondera el cuidado de los infantes por encima de todo”, señala.
“No importa el derecho de la Universidad al espacio que ocupamos, debe, de acuerdo a la ley, de acuerdo a los tratados y a la jurisprudencia, debe importar más que no sean violentados los derechos humanos y el interés superior del menor ante ese desalojo, porque los dejarían, primero ante el trauma que les ocasionaría el ser echado a la calle por la policía y, segundo, no tendrían donde tomar sus clases al día siguiente”, más allá del riesgo de que por estar el ciclo avanzado, no tendrían oportunidad de continuarlo y perderían el año.
Por el “peso y trascendencia que tiene la Universidad”, destacó el abogado, es previsible “el manipuleo” de la autoridad judicial.
Insiste la UM en “recuperar” inmueble
En un comunicado, la Rectoría de la Universidad Michoacana señala que estudiantes y trabajadores del Colegio de San Nicolás plantean que donde funciona la Secundaria Popular “es nuestro edificio”, aún y cuando en ningún momento identifica a los presuntos declarantes.
Aduciendo cuestiones de espacio, el comunicado señala que “el Colegio de San Nicolás se hace responsable del pago de los servicios como energía eléctrica de ese edificio, en donde está instalada la Escuela Secundaria ´Carrillo Puerto´ (sic). En la preparatoria dependiente de la Universidad Michoacana se tiene una matrícula de casi dos mil adolescentes, en donde reciben clases personas con discapacidad o de escasos recursos, sin embargo, tanto estudiantes como profesores y profesoras han manifestado la necesidad de que se habiliten más espacios para que el servicio sea digno.”
El comunicado oficial plantea que “´todos tenemos derecho a la educación, y el edificio nos pertenece a nosotros´, exponen estudiantes y trabajadores del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás, quienes demandan a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) que el edificio anexo sea utilizado para ampliar las aulas, puesto que en este momento se encuentran ´codo con codo´ recibiendo clases, y otros más tienen que acudir los sábados para cumplir con el programa educativo.”
Este enfoque, el de la necesidad de mayores espacios, fue alentado desde el martes por la noche por las autoridades universitarias en los espacios digitales de La Voz de Michoacán, igualmente sin atribuir fuente alguna, y fue la nota principal de este diario en su edición impresa de este miércoles 13 de diciembre.
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