Organizaciones sociales advierten que los cambios a la Ley de Aguas privilegian a “los peces grandes” con un modelo depredador del recurso
Raúl López Téllez
El planteamiento de Claudia Sheinbaum Pardo en la iniciativa de Aguas Nacionales privilegia un “modelo neoliberal de gestión del agua”, con el acaparamiento del recurso por intereses particulares al no combatir a los “millonarios del agua” al igual que mantiene bajo esquemas de corrupción la entrega de concesiones, plantearon organizaciones sociales al emitir un posicionamiento sobre la reforma propuesta por el gobierno federal.
De acuerdo con Carlos Olivares, del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) y de la Contraloría Autónoma del Agua Intawi, la situación de depredación del recurso y la carencia que ya afecta a varios sectores poblacionales del estado y del país, mantiene en el municipio de Morelia “el conflicto más vivo” y representativo de la misma, en San Miguel del Monte, donde un particular a través de una concesión emitida por la Comisión Nacional del Agua explota un manantial que es propiedad de la comunidad, incluso rebasando el volumen autorizado.
En la visión de las organizaciones, aunque “la ley nació muerta”, la iniciativa deberá revertir las concesiones irregulares y que derivan en “problemas tan graves como los que está atravesando San Miguel del Monte, que alienta en gran parte a la ciudad, no se va a solucionar con esta iniciativa, por eso es un botón de muestra, que se profundice la iniciativa, que sea una sola ley, no en dos como mañosamente lo quieren hacer, quieren quedar bien con dios y con el diablo”, reiteró Olivares.
Respecto a las concesiones, en su posicionamiento además del MCDL, el Observatorio Socioambiental de Morelia (OSAM) y la Coordinadora de Colectivos Activistas y Organizaciones Sociales (CCAOS), refieren que con la iniciativa “no se combate a los ´peces grandes´ o millonarios del agua. Aunque las concesiones hayan sido otorgadas de manera legal, su distribución es injusta, pues sigue privilegiando a los grandes concesionarios sobre los pueblos. La reforma no establece mecanismos efectivos para redistribuir el agua concentrada en pocas manos o para auditar las concesiones irregulares ya existentes, por lo que se violará de manera permanente el derecho humano al agua y los derechos colectivos de los pueblos u comunidades”.
La reforma a la Ley emitida en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, indican las organizaciones, “esencialmente no afecta la visión del agua como mercancía y afianza los derechos y concesiones particulares de agua, al señalar que no serán afectadas”, apuntan. Señalan que es “demagógico” el hablar que la reforma tiene consenso social, “ya que se convocó a foros de consulta sobre la base de ponencias de cinco minutos, que no fueron vinculantes a la propuesta de dos leyes anunciadas la semana pasada”.
Otros puntos que a su juicio no resuelven el control del agua en el país, con el proyecto que plantea la Cuarta Transformación, son:
-No se revierte el acaparamiento existente de agua, ya que no se retirarán las concesiones de manera irregular, “lo cual significa que grandes poseedores como Miguel Ángel Prado Vera -socio de la Comercializadora Bicentenario a la que se otorgó la concesión para explotar el manantial de San Miguel del Monte-, mantendrán el control sobre volúmenes significativos de agua, lo que ya limita el suministro para la misma comunidad y otras colonias del sur de la ciudad.
-Se centraliza el registro de derechos de agua. “Lejos de democratizar la gestión del agua, la iniciativa fortalece el control federal sobre el registro de derechos de agua en la Conagua, una de las instituciones más corruptas del país, debilitando la autonomía local y comunitaria”.
-Se desconocen derechos comunitarios. “La reforma no garantiza plenamente el ejercicio de los sistemas comunitarios, pues en la práctica se topa con la cerrazón (o corrupción) de funcionarios”, donde señalan al delegado estatal de la Conagua, Roberto Arias, “quien condiciona el ejercicio el ejercicio de ese derecho a que la comunidad se constituya como autogobierno indígena”.
Bajo este esquema, consideran “tan limitada la propuesta que no resuelve la deuda histórica de justicia hídrica para los pueblos indígenas y campesinos, ni para los barrios pobres de las ciudades”, punto en el que ejemplificaron con el caso de San Miguel del Monte.
Plantean que exista una sola Ley General de Agua, que derogue la Ley de Aguas Nacionales y que contemple cancelar en lo inmediato las concesiones irregulares; que se tenga el reconocimiento legal de los sistemas comunitarios de gestión y respeto a sus usos y costumbres, al igual que incluya la gestión social y ambiental del agua de la nación y no solo una gestión estatal que favorece los intereses privados.
El “conflicto vivo” de San Miguel del Monte
Sobre la comunidad indígena pirinda de San Miguel del Monte, en el municipio de Morelia, se dijo que como comunidad ancestral desarrolló “su propio sistema tradicional de abastecimiento de agua, que se apoya en el cuidado de los bosques y aguas. De los manantiales de San Miguel surge el el río Chiquito y se deriva el canal de San Miguel, que abasteció históricamente al acueducto desde la Colonia al Porfiriato. Hoy día el canal sigue alimentando a la ciudad, a través de la red de agua del Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento de Morelia.
“Por la importancia hidrológica de ese territorio, en 1936 el general Lázaro Cárdenas expidió un decreto como Zona Protectora Forestal Vedada a la cuenca hidrográfica del río Chiquito, específicamente para proteger el abastecimiento de agua para la ciudad de Morelia.
“Desde febrero de 2023, la Comisión Nacional del Agua otorgó de manera ilegal una concesión del manantial ´La Mina´ ubicado en San Miguel del Monte, que alimentó por siglos al pueblo de San Miguel y desde 1989 a las Colonias Unidas del Sur de Morelia. Es decir, se afectó el abastecimiento de agua de la población urbana y rural y se violó su derecho humano al agua para favorecer intereses privados, que tenían como objetivo lucrar con el agua, a través de su venta en camiones pipa, aprovechando la sed de la ciudad.
“La Comercializadora Bicentenario, empresa privada con socios ligados al PRI y a los intereses inmobiliarios, logró apropiarse de forma ilegal de todo el manantial y destruyó la infraestructura (tubería) y despojó de sus aguas al pueblo, ranchos y barrios, cuando únicamente tenían concesionado un pequeño volumen de agua (25 mil mts cubicos) En tanto, la CONAGUA se hace de la vista gorda y permite el saqueo de agua: en todo lo que va del año van más de 3000 viajes de camiones pipa (10,000 litros de capacidad) para su venta en la ciudad, rebasando el volumen concesionado por año, en más de 5000 mts. cúbicos”.
Imagen portada: Aspecto del río Chiquito, que surge de los manatiales de San Miguel del Monte. | Fotografía: Muro Facebook del Foro Científico del Río Chiquito.