Sin aviso alguno para la comunidad, el intento de imponer una reforma entre Gobierno y Rectoría conlleva riesgos que no necesita la institución, de acuerdo con el catedrático Eduardo Nava Hernández
Raúl López Téllez
La Universidad Michoacana no necesita conflictos como el que pudiera suscitarse con imponer una reforma a la Ley Orgánica, advierte el catedrático e investigador Eduardo Nada Hernández, quien ve en los preámbulos sobre el intento de cambiar el marco legal una intención “de arriba hacia abajo”.
El docente de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga” destaca que la rectora Yarabí Ávila González anuncia al igual que el gobierno estatal una reforma a la Ley Orgánica, de la que no hay información para los sectores que conforman la institución.
El anuncio de que a través de su “Plan Morelos”, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla pretenda una propuesta para reformar el marco legal universitario, habla de una intención autoritaria, indica.
De imponerse la visión gubernamental, antes que las de la comunidad, señala el analista, hay riesgos que a su juicio no deben correrse. “Lo que no necesita la Universidad Michoacana es un conflicto”, considera.
Propone una ruta bajo el consenso, entre autoridades y sectores, como el proceso del año 1985, cuando el Consejo Universitario se instaló en sesión permanente “para definir una ley entre los tres proyectos presentados” y del que surgió la actual Ley Orgánica.
“La reforma no debe de ser solo sobre la Ley Orgánica, sino una reforma de fondo”, plantea. Aunque en el anuncio tanto de Ramírez Bedolla como de la propia rectora, “el primer punto que resalta es que la comunidad no ha sido convocada para una consulta, para foros, nada. Es una reforma que, de darse, vendría de arriba hacia abajo, de manera vertical y sin tomar en cuenta a los sectores de la comunidad”, señala.
Elección de autoridades, eje toral
Como eje de la reforma, plantea, está la elección del rector o rectora, por lo que habría que “eliminar a la Comisión de Rectoría, la síntesis de la antidemocracia en la Universidad. Ha concentrado por casi 40 años la designación de los rectores al margen de la comunidad, basada en una presunta auscultación, pero no hay un registro, una memoria de estas auscultaciones que se han hecho y finalmente sabemos que la mayor parte de las veces ha actuado bajo consignas y que cada gobernador, de distintos partidos, pone rectores acordes con su línea política. No hay un ejercicio real de la autonomía universitaria, la posibilidad de que la comunidad elija a todas sus autoridades incluyendo desde luego al rector”.
Respecto al Consejo Universitario, considerado en la Ley Orgánica como el máximo órgano de gobierno, señala que “no está mal su composición, pero si hay una tendencia de todos los rectores de imponer una línea, con operadores que bajan la ´línea´ antes de las votaciones o antes de que se discutan los temas en el Consejo, una práctica muy nefasta que se observa también en la elección de directores, donde tampoco hay una seguridad de que se tome en cuenta el sentir de las dependencias; a veces sí se toman en cuenta, pero en muchísimos otros casos los directores han llegado como imposiciones a través de la figura de la terna, que se puede manipular, y donde han llegado directores que no han ganado el apoyo de ninguno de los tres sectores (autoridades, estudiantes y trabajadores).”
Sobre la Defensoría de Derechos Humanos Nicolaitas, señala que debe cambiar la percepción que se tiene desde el nombre de la instancia –“o es Defensoría Nicolaita de Derechos Humanos, pero no de Derechos Nicolaitas”-, y cuya función debe basarse en reglamentos efectivos para la defensa de las garantías individuales de los universitarios.
“Una institución que no ha brillado, que no ha tenido el papel que le correspondería, necesita reglamentos para garantizar que efectivamente defiende a cada uno de los miembros de la comunidad, cosa que no se ha visto con eficacia, porque es designado por el Consejo Universitario y desde luego por la propia rectora, no tiene autonomía para señalar a las autoridades.”
Destaca que la posible reforma debe preservar la existencia de las Casas del Estudiante o albergues que maneja la Universidad. “Por supuesto, forman parte de una función de justicia social de la Universidad y forman parte de la tradición de la Universidad, que la ha tenido durante un siglo, otras universidades no lo tienen, sería muy malo que desaparezcan, al contrario, hay que racionalizar las casas, ameritan una revisión, de recursos, cuando se elige al consejero de las casas no se permite la participación de otras casas fuera de la Coordinadora de Universitarios en Lucha (CUL), que aunque tiene a las más grandes no hay razón para excluir a otras de la elección de consejeros y debe reglamentarse, eso no está necesariamente en la Ley Orgánica, si en su reglamentación, pero las Casas deben preservarse”.
Respecto a las organizaciones sindicales, Único de Empleados y el de Profesores (SUEUM y SPUM), Nava plantea que deberá propiciarse una actitud más abierta y tolerante de parte de la Rectoría, ya que sus dirigentes terminan siendo vistos con animadversión por la autoridad cuando no se pliegan a sus intereses, “una tarea que no le corresponde a la Rectoría, descalificar o evaluar a los sindicatos, hay una extralimitación de funciones, lo único que debe hacer es reconocer a la dirigencia”.
Los riesgos de la imposición
Cuestionado sobre los riesgos de imponerse una nueva Ley Orgánica sin el consenso general de los sectores, el académico plantea que se podría impugnar legalmente, “además de que la Constitución establece que en el caso de la reforma a la Ley Orgánica, debe haber una consulta previa y si no la hay entonces puede haber impugnaciones por la vía jurídica al proceso”.
Sin embargo, aclara que “lo que no necesita la Universidad son conflictos de este tipo, cuando ya hay una alta conflictividad en el país, donde todo se judicializa; los tribunales tienen que resolver asuntos políticos que debieran resolverse internamente”.
No creo, dice, que sea necesario que el gobernador (Alfredo Ramírez Bedolla) intervenga, “está bien que lo haga, presentando una iniciativa, pero debe hacerse como se hizo en el 84, a través de un proceso interno en la Universidad, donde el Consejo Universitario se instaló en sesión permanente para cada semana estar discutiendo las propuestas de ley, que eran tres y de ahí emanó un proyecto único pero salió del Consejo Universitario y se envió al Ejecutivo para que a su vez lo turnara al Congreso del Estado, en este caso ni siquiera eso”.
Insiste: “Vemos muy autoritario que un gobernador que se dice ser de izquierda, no tome en cuenta a la comunidad universitaria; y bueno, de la rectora, por sus orígenes partidarios, el PRI, no se puede esperar mucho desde luego, pero de un gobernador que dice venir de corrientes izquierdistas, no cabe el procedimiento y la imposición vertical”.
Fotografía de portada: Sesión de Consejo Universitario | Prensa Universidad Michoacana
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