Este viernes sesionará el Consejo Universitario con un punto único, abordar los cambios que desde el gobierno estatal se plantean en la normatividad universitaria, sin el consenso de sus sectores
Raúl López Téllez
Bajo el inmovilismo y el silencio de la mayoría de sectores universitarios, este viernes el Consejo Universitario presuntamente “presentará” el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) enviado por el Ejecutivo estatal.
La previsión es que una vez que el considerado máximo órgano de gobierno universitario, apruebe el documento, como se prevé, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lo turne al Congreso del Estado para su aprobación, un trámite que se calcula ocurra en próximos días y dentro de la dinámica de premura de aprobar las reformas planteadas en el llamado Plan Morelos del morenista, como ya ocurrió con la reforma judicial a nivel local.
Como lo señalaron con anterioridad algunos docentes e investigadores universitarios, el trámite pasa por ignorar a los sectores de la UMSNH, no obstante que la Ley General de Educación Superior (LGES) considera en su artículo tercero segundo, que debe haber en todo proceso de reforma la consulta libre e informada a los sectores que integran la institución.
“Los procesos legislativos relacionados con sus leyes orgánicas, en todo momento respetarán de manera irrestricta las facultades y garantías a las que refiere al párrafo anterior, por lo que no podrán menoscabar la facultades y responsabilidades de las instituciones de educación superior autónomas por ley de gobernarse a sí mismas, realizar sus dines de educar, investigar, difundir la cultura, respetar la libertad de cátedra, libre examen, discusión de ideas…”, a lo que añade en su párrafo tercero que “ningún acto legislativo podrá contravenir lo establecido en la fracción séptima del artículo tercero constitucional”, la que señala que “cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas referidas en este artículo deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos competentes de la Universidad o institución de educación superior a la que la ley le otorgue autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”.
También el procedimiento pasa por alto el presunto cronograma presentado por la rectora Yarabí Ávila González en mayo pasado, donde indicó que tras la aprobación de las reformas al Estatuto Universitario -otro proceso que se realizó sin consulta a los sectores-, para llevar a cabo la reforma se contemplaría un plazo de 180 días, previstos a cumplirse en febrero próximo.
En un citatorio firmado por el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, se cita a los consejeros universitarios para este viernes 8 de noviembre a las 10:00 horas a la sesión que contempla como punto único, la “presentación del Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo”
Para varios maestros consultados, llama la atención que el documento que recibió el Consejo Universitario -se calcula que desde hace varios días-, ya está dirigido al presidente del Congreso y no al Consejo Universitario como paso formal al trámite que marca la legislación universitaria, sin que se conozca también si habrá otra propuesta, aunque alertan sobre el hecho de que no sean tomados en cuenta los sectores docente, trabajadores y estudiantes, sino que al parecer sea un “montaje” que viene desde la actualización del Estatuto como paso previo para adecuar normas secundarias que se ajusten a una nueva Ley que todavía no existe. Destacan además que la iniciativa recibida no contiene exposición de motivos.
Cabe destacar que desde el anuncio de los cambios a la legislación universitaria por parte de Ávila González, ha sido más notorio el silencio de parte de la comunidad universitaria, propiciada además porque la Rectoría no ha hecho pública tal intención y en ninguna parte de la infraestructura de la institución o a través de sus medios de comunicación da cuenta de tal proceso.
Entre los docentes, son pocos los que han opinado o que acceden a hablar del tema, dado que temen represalias por parte de una administración que le dio continuidad a la política de hostigamiento laboral y censura a quienes critiquen o impugnen decisiones de la autoridad central. Resultado de esta política en el rectorado anterior generó la rescisión del contrato a más de 40 sindicalizados, académicos y empleados administrativos y manuales por parte del rector Raúl Cárdenas Navarro. Los despedidos fueron restituidos por Yarabí Ávila González en sus lugares de trabajo pero a condición a que renunciaran a demandar a la institución y a cobrar indemnizaciones o pagos de salarios caídos. La ex secretaria de Educación en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y su compañera de bancada en el Congreso del Estado como parte de la LXXIV legislatura local, mantiene varios proceso abiertos en algunas dependencias contra profesores que se opusieron a imposiciones en algunas direcciones o bien por haber criticado las acciones de la administración o bien han denunciado irregularidades administrativas, como es el caso de la comunidad del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, donde la decisión de la rectora no pudo retirar de su cargo a su directora.
Los cuestionamientos
Con la petición de mantenerse en el anonimato, catedráticos de algunas dependencias señalaron que llama la atención el que no se conozca con precisión una ruta para la consulta legal, abierta e informada que señala el artículo de la LGES.
La reforma, señalan, “era una gran oportunidad para repensar el sentido de la educación superior en el estado y para acordar un nuevo proyecto de Universidad que atendiera efectivamente a los principios señalados en el artículo tercero constitucional e intentar dar respuesta satisfactoria a las necesidades diversas y complejas, de los diversos sectores de la sociedad michoacana. Pero prácticamente quedará en nada”.
Con la iniciativa en marcha, aducen, “se nos quiere vender la idea de que fortalece la democracia universitaria al permitir la ´elección´ de la rectora o rector, pero esta supuesta elección ´democrática´ es un verdadero espejismo”, ya que “sigue en pie esa figura bastante oscura y discrecional que es la Comisión de Rectoría, cuyos integrantes son quienes seguirán tomando la decisión final. Lo demás es una pura simulación”.
Cuestionan que en la iniciativa turnada, en el artículo noveno, “se pretende añadir la frase que se resalta en negritas: “El Consejo Universitario es la máxima autoridad de gobierno de la Universidad, y tendrá la representación de la comunidad universitaria salvo las atribuciones que corresponden a la Comisión de Rectoría. Pero, ¿la representación ante quién?”, cuestionan, además de advertir que tal precepto será excluyente para atender a sectores universitarios ni atiendan sus peticiones, “arguyendo que sólo las recibirán a través de sus representantes en ese órgano colegiado”.
Otros señalamientos sobre el artículo noveno, es que añade párrafos donde plantean las funciones del secretario general, “cuando esto es un asunto que debería formar parte del Estatuto Universitario y no de la Ley Orgánica”.
El artículo 19 propuesto, consideran, “es una verdadera oda a la discrecionalidad y el autoritarismo que pone en riesgo los derechos y el ejercicio pleno de las libertades de las y los universitarios”, al modificar la constitución y funcionamiento del Tribunal Universitario. “Deja de ser una comisión de la supuesta máxima autoridad de la Universidad para convertirse en un ´organismo autónomo universitario con capacidad de gestión propia´”.
Estas atribuciones, advierten, irán en contra de directoras o directores que no voten a favor de todo lo que proponga Rectoría, ya que no será atribución del Consejo Universitario removerlos de su cargo, sino el Tribunal Universitario, “que será el brazo ejecutor de la voluntad de la rectora, como lo han venido siendo la Contraloría el abogado general de la Universidad”, al indicar que en la concepción de la iniciativa, el Tribunal -que además se establece deberá estar integrado solamente por abogados-, deberá iniciar el procedimiento administrativo correspondiente (…) a excepción de aquellos procedimientos administrativos que inicie y sancione la Contraloría el abogado general de la Universidad”.
Fotografía: Sindicalizados reclaman a la rectora el pasado primero de mayo.
Consulta:
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