Su saldo en el ejercicio del gobierno michoacano fue adverso desde el primer momento con Lázaro Cárdenas Batel, su endeudamiento y la operación de la licuadora financiera
Patricia Monreal
En proceso de perder su registro como partido político nacional, el de la Revolución Democrática enfrenta sus últimos días incapacitado para la autocrítica, desfundado, desprestigiado y totalmente desdibujado del proyecto que le dio vida hace 35 años.
Para Michoacán, el saldo del perredismo en el ejercicio de gobierno resultó adverso desde el primer momento, cuando Lázaro Cárdenas Batel asumió la titularidad del Ejecutivo del Estado y la deuda pública se convirtió en una bola de nieve que acabó por comprometer las finanzas de la entidad por décadas. Además el lazarismo parió lo que más tarde se conoció como “la licuadora financiera”, por la que tres gobiernos operaron el quebranto financiero del estado.
Fue en los gobiernos perredistas que la crisis financiera de Michoacán se concibió, nació, creció y se propagó. Desde el mandato de Lázaro Cárdenas Batel hasta el de Silvano Aureoles Conejo, el PRD mantuvo la lógica del endeudamiento como acción de gobierno.
El convulso periodo priista del gobierno de Fausto Vallejo-Jesús Reyna-Salvador Jara, no modificó la tendencia y continuó la misma ruta de endeudamiento para Michoacán que prevalece hasta hoy día.
Es quizá el tema financiero el que mayor lastre representa en la reputación de los gobiernos perredistas en Michoacán, ya que la crisis económica en la entidad se gestó en la administración de Lázaro Cárdenas Batel, se desbordó en la de Leonel Godoy Rangel y se perpetuó con la de Silvano Aureoles.
Basta echar un ojo a los números oficiales. En un cruce de datos de los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la deuda en Michoacán con los montos de los presupuestos de Egresos del Estado publicados en el Periódico Oficial del Estado, se puede conocer la tendencia.
Mientras en el 2001, último año de la administración del priista Víctor Manuel Tinoco el monto de la deuda pública estatal representaba el 1.11 por ciento del total del presupuesto de Michoacán; en el 2007, último año del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, alcanzaba el 23.35 por ciento; en 2011, el último año de Leonel Godoy Rangel, era de 33.97 por ciento; y en 2021, con Silvano Aureoles, significaba el 26.86 por ciento.
En el 2001, Víctor Tinoco Rubí dejó una deuda estatal por 180.5 millones de pesos; Lázaro Cárdenas, heredó a su sucesor un monto de seis mil 581.1 millones; Leonel Godoy Rangel, finalizó su mandato con un monto de deuda por 15 mil 140.5 millones de pesos; Salvador Jara Guerrero, dejó un endeudamiento de 16 mil 652.6 millones; y Silvano Aureoles finalizó su periodo con una deuda de 20 mil 314.1 millones de pesos.
El grave endeudamiento de Michoacán nació en la administración de Lázaro Cárdenas Batel cuando, a través de ministraciones subrepticias a los diputados locales del entonces tesorero estatal, Humberto Suárez López, el Congreso aprobó los primeros empréstitos significativos para el estado, y sobre todo, la llamada bursatilización de la deuda que a la larga se volvería un monstruo que lejos de disminuir se fue incrementando en cuantiosos pagos.
La deuda bursatilizada del lazarismo fue aquella que en 2007 con autorización del Congreso del Estado se convirtió de pesos a UDIS y acabó por duplicarse en monto, tanto que, hasta 2017 Michoacán sólo había pagado intereses sin amortizar nada al capital.
También la compra de diputados mediante sobornos para la aprobación de la deuda pública solicitada por el Ejecutivo al Legislativo, se inauguró en el mandato de Lázaro Cárdenas Batel y se ha perpetuado como práctica común hasta hoy día.
Fue en el lazarismo cuando los pasivos de la entidad tuvieron el mayor incremento. El costo para Leonel Godoy fue tapar los errores de su antecesor, callar y no fincar responsabilidades, lo que a la larga lo llevó a recorrer el mismo camino.
Si bien públicamente los casos de corrupción pegaron más duro durante la administración de Leonel Godoy Rangel con asuntos en los que se vieron involucrados algunos de sus funcionarios fue en el sexenio de lazarista cuando se gestaron algunos de los casos de mayor peso y trascendencia.
Sólo dos años llevaba la administración de Cárdenas Batel, cuando a nivel nacional se destaparon los casos de corrupción vinculados con el empresario argentino Carlos Ahumada. A raíz de esto se conoció que al menos cuatro empresas constructoras vinculadas con dicho personaje operaban en la entidad mediante contratos millonarios con el gobierno estatal.
También estuvo el caso de América Aguilar Rodríguez protagonista de un millonario desfalco a la administración estatal, donde hubo más de 767 cheques cobrados indebidamente de 2002 a 2007, con un daño patrimonial estimado en cerca de 101 millones de pesos al estado por documentos manipulados.
La entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario que encabezaba Silvano Aureoles Conejo, se vería involucrada en un escándalo por presunto desvío de recursos, el asunto fue acallado por la administración lazarista y jamás se investigó.
Durante la administración de Leonel Godoy Rangel, Michoacán padecería la confrontación entre el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, y el estatal.
Producto de esa confrontación se suscitaría en mayo de 2009 el llamado “Michoacanazo”, en el que autoridades estatales, municipales fueron detenidas acusadas de tener vínculos con la delincuencia organizada, acusaciones que a la larga se vendrían abajo y los afectados serían puestos en libertad.
En el sexenio de Leonel Godoy la delincuencia irrumpiría con el primer acto terrorista que abrió la puerta permanente a la crisis de inseguridad en la entidad, esto durante el 15 de septiembre de 2008, durante los festejos en Morelia del grito de independencia.
Los señalamientos sobre lo que en sus inicios la administración de Fausto Vallejo calificó un quebranto financiero del estado, derivaron en la posterior detención e inhabilitación de Humberto Suárez López y Mireya Guzmán, quienes pagaron fianzas, en tanto que Desiderio Camacho también sería detenido, a él no le alcanzó de inicio para la fianza por lo que permaneció detenido y en proceso por más tiempo, hasta que finalmente en 2015 la pagó por 12 millones de pesos.
En el godoyato se operaron dos obras que se convertirían en emblemas de corrupción en Michoacán, ambas gestadas en el lazarismo: la construcción del teatro Mariano Matamoros, y la construcción de la Presa Francisco J. Múgica.
Los escándalos por quebranto financiero a las arcas públicas continuaron durante el gobierno priista iniciado por Fausto Vallejo, periodo convulso para Michoacán por las presidencia desbordada de la delincuencia, el surgimiento de los grupos de autodefensa y la intervención del gobierno federal en Michoacán.
Los exsecretarios de finanzas vallejistas, Luis Miranda Contreras y Marcela Figueroa Aguilar fueron sometidos a proceso e inhabilitados por irregularidades financieras en su gestión, al primero se le ordenó reintegrar de 572 millones de pesos al erario, y a la segunda más de 200 millones.
Frente a lo que se denominó “la licuadora financiera” por la que hubo quebranto al erario, en 2017 la LXXIII Legislatura local ordenó la realización de una auditoría forense buscando determinar responsabilidades que, finalmente no se concretaron.
En 2018 los resultados de la Auditoría Forense arrojaron que dicha licuadora financiera se operó a través de la cuenta Cargos por Aplicar creada por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en 2003 y que operó hasta el 2014, en donde a través de múltiples movimientos contables se perdía el rastro del recurso público desviado.
Dicha auditoria reveló que recursos por 60 millones de pesos etiquetados para la obra de construcción del Teatro Matamoros formaron parte de la licuadora financiera. Misma suerte corrieron recursos que debieron estar destinados a la construcción de la presa Francisco J. Múgica.
El arribo de Silvano Aureoles Consejo a la titularidad del Ejecutivo del Estado, estuvo lejos de abonar a una percepción favorable sobre los gobiernos perredistas en Michoacán. Las irregularidades en el manejo de las finanzas públicas fueron persistieron como característica en el ejercicio de gobierno.
La construcción del C5i es uno de los casos emblemáticos de presunta corrupción en el gobierno de Silvano Aureoles, en donde a través de una empresa fantasma se dio vida a una obra que ha sido calificado como “un elefante blanco” por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Las irregularidades sobre la obra del C5, salieron a relucir en el informe sobre la fiscalización de la cuenta pública estatal de 2019 realizada por la Auditoría Superior de Michoacán, en donde efectuó una auditoría especial a la partida presupuestal 61212 de la Secretaría de Seguridad, referente a edificaciones para la Seguridad Pública, Policía y Tránsito, respecto a la Asociación Público Privada (APP) contratada para el C5.
Otro caso que destapó el bedollismo, fue el de la construcción de cinco cuarteles de la Policía Michoacán de la Secretaría de Seguridad Pública durante el silvanismo, con obras a sobreprecio y simulando arrendamientos.
El febrero de 2022 el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentaría una denuncia por la simulación en la prestación de los servicios de salud para la realización de mastografías.
El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla informó que el 16 de febrero de 2022 promovió seis denuncias contra once funcionarios silvanistas ante las fiscalías especializadas en materia de Delincuencia Organizada y de Combate a la Corrupción, así como en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en la Subprocuraduría Fiscal de Investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pese a ello, Silvano Aureoles sólo ha sido sancionado vía inhabilitación de la Secretaría de la Contraloría estatal, por no presentar su declaración patrimonial a tiempo.
