A partir del caso de Carlos Manzo y las movilizaciones de sus seguidores, la acción represiva de autoridades se vuelca contra comunicadores
Raúl López Téllez
Entre una sucesión de manifestaciones por el asesinato el primero de noviembre del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, comunicadores de aquella ciudad y de Morelia han quedado en medio de agresiones y ataques de funcionarios y policías.
El alcalde “del sombrero” gobernó una de las ciudades más inseguras del estado y del país, con una administración caracterizada por su ataque a los periodistas y en la que se registró el primer comunicador asesinado en la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, Mauricio Cruz Solís, y tercero en la gestión del gobernador estatal morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
Aún después de la ejecución del alcalde, amenazas en contra de comunicadores locales se registraron a pocas horas del homicidio, además de que las manifestaciones de descontento de simpatizantes de Manzo en Morelia han incluido agresiones de parte de corporaciones policiacas contra algunos periodistas que realizaban la cobertura de los hechos, como sucedió los días 2 y 15 de noviembre.
Periodistas, “chayoteros”: Manzo
Desde los primeros días de la administración de Manzo, el discurso se enfocó en atacar a los periodistas uruapenses al calificarlos de “chayoteros” ante críticas que según el alcalde obedecían a presiones para “extorsionar” al Ayuntamiento a su cargo.
El caso de Mauricio Cruz Solís, se suscitó cuando estas críticas de Manzo y sus funcionarios alcanzaban el tono más alto. El periodista fue ejecutado el 29 de octubre del 2024, luego de haber entrevistado a Manzo y en medio de la cobertura desde su espacio informativo del cierre por un incendio del mercado Tariacuri que afectó a 79 locales.
Con 25 años de edad, Cruz Solís dirigía el medio Minuto x Minuto, al igual que realizaba coberturas y conducciones en espacios desde la capital estatal. El comunicador fue agredido a balazos por sujetos que viajaban en motocicleta, minutos después de que había hablado con el alcalde.
En marzo del 2025, un llamado de alerta fue emitido por periodistas del colectivo #NiUnoMás Michoacán ante las amenazas de simpatizantes del alcalde Carlos Manzo en contra de la reportera Lucero Díaz Estrada, directora de Enlace Informativo en aquella ciudad.
“La violencia de la que nuestra compañera ha sido objeto por meses se ha venido agudizando en las últimas semanas, lo que ha derivado en mensajes amenazantes que ponen en riesgo su integridad y la de su familia”, señala el posicionamiento.
“Desde su arranque -en septiembre de 2024- la administración de Carlos Manzo Rodríguez ha mantenido una política de estigmatización contra nuestras compañeras y compañeros periodistas en el municipio de Uruapan. Ese discurso de odio ha hecho eco y pone en riesgo latente la integridad de quienes ejercen el periodismo en ese lugar”.
Los comunicadores refieren el contexto de inseguridad en Uruapan, donde “nuestro compañero, el periodista Mauricio Cruz Solís, fue cobardemente asesinado momentos después de sostener una entrevista con Carlos Manzo, y aún con vida permaneció sobre el asfalto sin que las autoridades municipales permitieran se le brindaran los primeros auxilios”.
El 26 de junio de este 2025, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió una queja de oficio en contra del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, al considerar que sus declaraciones contra periodistas podrían constituir un discurso de odio y vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.
La CEDH abrió el expediente CEDH/8119/2025-Q, tras documentar una serie de señalamientos públicos del edil en contra de comunicadores, emitidos en distintos espacios, entre ellos sus ruedas de prensa conocidas como “Nochecitas del Sombrero”.
La queja también fue presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al tratarse de un tema de alcance nacional.
“Es un hecho notorio, público y conocido que Carlos Alberto Manzo Rodríguez, quien ejerce el cargo de presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ha hecho declaraciones públicas en los eventos llamados ‘Nochecitas del Sombrero’, las cuales se han difundido en redes sociales y diversos medios de comunicación, mismas que pueden vulnerar los derechos de libertad de expresión y de prensa, haciendo expresiones que hacen referencia a personas periodistas y comunicadoras con adjetivos descalificativos, denigrantes, despectivos, de desprecio y estigmatizantes”, señala el documento.
Entre las frases que han encendido la alerta de los organismos defensores de derechos humanos se encuentran calificativos como “chayoteros”, y acusaciones directas como: “Están calentando la plaza”; “Ellos están alertando a los delincuentes de que no pasen donde se encuentra la policía, se comunican en grupos de WhatsApp”; “Lo único que dejan ver estas páginas chayoteras es que también le sirven de aliados y trabajan para el crimen organizado”, por señalar algunas.
Apenas el 3 de noviembre, mensajes y amenazas fueron enviados a los periodistas de Uruapan, Lucero Díaz Estrada, de Enlace Informativo, y Alfredo García.
“Nuestros compañeros han sido alertados sobre amenazas que ponen en riesgo su integridad y la de sus familias, luego del asesinato del presidente municipal Carlos Manzo Rodríguez, el pasado primero de noviembre. El discurso de odio prevalece en Uruapan, y frente a la situación de tensión e inseguridad que hoy priva en el municipio, resulta de enorme preocupación las amenazas vertidas en contra de nuestros compañeros periodistas”, señala un posicionamiento al respecto del colectivo #NiUnoMás, en el cual se exige además “la inmediata intervención del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de que provea de las medidas de protección necesarias a nuestros compañeros para garantizar su integridad y la de sus familias.”
Oseguera, funcionario agresor
El 2 de noviembre, Ramírez Bedolla es abucheado e insultado a su arribo a la funeraria donde se vela el cuerpo de Manzo, además de un manotazo que le propinan.
Ese mismo día, en Uruapan y en Morelia se realizan sendas marchas para demandar justicia de parte de seguidores del alcalde ejecutado. La de esta capital estatal, luego del rechazo manifiesto a Ramírez Bedolla, termina en la incursión de los manifestantes al interior mismo del Palacio de Gobierno y sede del Ejecutivo estatal.
Desde la parte alta del inmueble, mientras abajo algunos manifestantes son sometidos por antimotines con uso excesivo de la fuerza, la reportera Dalia Villegas Moreno de la agencia Quadratín y Contramuro registra los hechos desde su celular luego que logró ingresar al edificio.
Al subir las escaleras, el (ya ex) titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés se topa con la reportera y de inmediato se lanza para arrebatarle el celular, el cual le fue retenido a la periodista de parte del enfurecido funcionario, con su retención por 15 minutos y bajo la amenaza de que tenía que borrar los materiales capados en su labor informativa.
Villegas Moreno presentó ante la Fiscalía General de la República una demanda en contra de Oseguera Cortés, y de quienes resulten responsables. “Lo hice por violación a la libertad de expresión y por cualquier otro delito derivado de los hechos ocurridos”, señala en un escrito la reportera colaboradora de Regla de Tres y con una experiencia de más de una década en la cobertura de temas políticos.
Cane señalar que el 17 de noviembre, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, dio posesión a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la SSP.
De acuerdo con Villegas, aún cuando Osguera ya fue retirado del cargo -presuntamente por órdenes directas del secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch-, “no modifica en nada la obligación de responder ante la justicia”. La periodista cuenta ya con un mecanismo de proyección, mismo que se otorgó “después de un amparo y la intervención de organizaciones especializadas. Hoy esas medidas están concedidas, pero no debieron obtenerse a través de un camino desgastante que evidenció nuevamente la fragilidad institucional frente a las agresiones contra la prensa”.
Y va de nuevo…
El pasado 15 de noviembre, un grupo de comunicadores son objeto de agresiones durante la cobertura de las movilizaciones convocadas por seguidores de Carlos Manzo y de la Generación Z que se desarrollan en varias ciudades del país, incluida la Ciudad de México.
De acuerdo con #NiUnoMás, este es el reporte de las agresiones, sobre las cuales al igual que en el caso de Dalia Villegas, los comunicadores exigieron una explicación directamente del gobernador:
-JAFET PINEDA, detenido de manera arbitraria, agredido con gas pimienta en los ojos y con un arma de descargas eléctricas.
-La periodista LILIANA JIMÉNEZ, fue golpeada en el ejercicio de su labor, resultando visiblemente herida. El equipo para realizar su trabajo resultó afectado.
-El periodista JAVIER GUERRERO, fue agredido y sometido por el cuello por elementos de la Guardia Civil, ello por manifestarles que Jafet es fotógrafo.
-La periodista AMANDA BAUTISTA fue violentada por los uniformados a golpes y empujones por reclamar las agresiones contra Jafet y Javier.
-La periodista JANIA CERRITEÑO fue golpeada con toletes en la cabeza, y posteriormente, fue objeto de un codazo en el rostro por un uniformado.
-La periodista VERÓNICA GARCÍA MAÑANA fue encapsulada y agredida por los elementos policiacos quienes le tiraron su equipo de trabajo.
Ni los veo ni los oigo…
Sobre los hechos, tanto las demandas del colectivo #NiUnoMás no han sido respondidas por el gobierno estatal, al igual que las agresiones a comunicadores no han sido abordadas por la Coordinación de Comunicación Social del gobierno morenista ni por parte de la SSP.
Este desdén hacia los reclamos de los periodistas se suma en lo que al parecer es la eliminación de evidencias en el caso de Dalia Villegas, quien señala que el gobierno estatal se ha negado a entregar el material de las cámaras de vigilancia, al aducir que “los materiales se borran con el tiempo”.
Para periodistas, la situación de enfrentamiento abierto en contra de su labor informativa no tiene referentes en gobiernos pasados.
Fotografía de portada: El entonces titular de Seguridad Pública Estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés, al arrebatarle el celular a la periodista Dalia Villegas Moreno.
