Cerca de la mitad de los integrantes de la 75 Legislatura buscan reelegirse, pero dejaron pendientes de dictamen todas las iniciativas a favor de la población diversa sexual. No votaron ni una
Beatriz Rojas
La 75 Legislatura de Michoacán está por terminar, cerca de la mitad de los diputados se encuentran haciendo campaña en busca de la reelección o se ubican en las listas de representación proporcional. Pomposamente se han llamado “el Poder de la Inclusión”, pero a decir de los defensores de derechos humanos, han quedado mucho a deber a la población LGBTTTIQ+.
Al menos seis temas pendientes deja la Legislatura actual, cuatro de ellos ya en comisiones, pero que en tres años no lograron transitar y uno votado en contra: acciones afirmativas para cargos de elección popular, prohibición de las terapias de conversión, tipificación de crímenes de odio por discriminación, reconocimiento constitucional de la identidad de género, reconocimiento de los hijos de parejas del mismo sexo y una iniciativa para impulsar el turismo rosa.
“Si este Congreso que va de salida no cumplió a los ciudadanos, si no reconocen que haya un trabajo si a las poblaciones disidentes sexuales, no les está cumpliendo en iniciativas que ya están en comisiones para ser dictaminadas, pues no merecen que los volvamos a tener ahí”, opina Raúl Martínez Rojas, quien encabeza la agrupación Michoacán es Diversidad.
Probablemente la iniciativa más apremiante es la que tiene que ver con la prohibición de las terapias de conversión, puesto que ya se aprobó a nivel federal. Se presentaron tres iniciativas para ello, la primera incluso antes de que se discutiera el tema a nivel nacional, pero siguen sin dictamen. Lo que corresponde ahora es sólo homologar la ley.
Para esto, los diputados de Movimiento Ciudadano (MC) Óscar Escobar y Víctor Manríquez presentaron una iniciativa el 13 de octubre de 2023 y el diputado del Partido del Trabajo (PT) Reyes Galindo lo hizo un año antes, en febrero de 2022 y la diputada de su mismo partido, Mayela Salas, hizo lo propio en junio de ese mismo año.
Unas semanas antes de pedir licencia para buscar la reelección, ya en 2024, Reyes Galindo descubrió que su iniciativa y la de sus compañeros habían sido turnadas a la comisión equivocada, la de Igualdad Sustantiva, cuando por ser una reforma al Código Penal, debieron remitirse a la de Justicia. Hizo un llamado desde tribuna a la Mesa Directiva para que se dictaminara por ambas comisiones y se le diera celeridad, pues lleva dos años sin atenderse, pero después se fue a hacer campaña.
La inclusión en el Código Penal estatal de los homicidios de odio por discriminación por “orientación sexual, identidad, expresión de género y características sexuales” fue una propuesta de reforma que presentó la diputada del Partido del Trabajo (PT) Mayela Salas desde el 30 de noviembre de 2022, y aun no puede salir de comisiones.
En ella, se proponía dar un tratamiento específico a este tipo de homicidios similar al que se da a los feminicidios. Es decir, imponer una pena mayor, de 25 a 50 años de prisión y castigar a los funcionarios públicos que entorpecieran las investigaciones.
El reconocimiento de la orientación sexual es un caso aparte, pues se votó en contra. La propuesta, presentada el 7 de julio de 2022 por Mónica Valdez (Representación Parlamentaria), era reemplazar en la Constitución el término ya obsoleto de “preferencia sexual” por el que recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “orientación sexual”.
Ni siquiera obtuvo el ha lugar de la comisión de Puntos Constitucionales -es decir, ni siquiera aceptaron discutirla-, pues la mayoría de los diputados decidieron seguir las recomendaciones de Baltazar Gaona, del PT -que busca reelegirse-, quien argumentó que si se ponía el término correcto, los niños se iban a confundir y serían abusados sexualmente.
Los únicos diputados que se opusieron a que se mantuviera la Constitución de Michoacán en esos términos fueron Fernanda Álvarez (Morena), Mónica Valdez (Representación Parlamentaria), Brenda Fraga (PT), Oscar Escobar (MC), Reyes Galindo (PT) y Belinda Hurtado (PT), y la presidenta de la Mesa Directiva, que entonces era Julieta García, de Morena, se abstuvo.
En la agenda legislativa, los diputados de Morena se dijeron comprometidos con el “derecho a la diversidad sexual y de género”. En total, se elaboró una iniciativa, presentada por los diputados Julieta García Zepeda y Juan Carlos Barragán.
La propuesta era impulsar el turismo rosa en Michoacán, de tal modo que hubiera servicios turísticos de calidad, amigables y libres de discriminación para este sector poblacional en la entidad. Como puede adivinarse ya a este punto, ésta tampoco se votó.
“Ellos siguen cobrando sin estar sesionando”, recuerda Raúl Martínez, puesto que varios diputados prefirieron no pedir licencia para hacer campaña de reelección y en cambio, no programar sesiones durante abril y mayo, hasta que arranque la veda electoral. Las más de 700 iniciativas pendientes siguen sin avanzar.
Existen también importantes omisiones legislativas para el goce de derechos, como es el caso de las acciones afirmativas, que permiten que representantes de sectores vulnerados de la población accedan a cargos de elección popular mediante cuotas obligatorias para partidos políticos. Estas cuotas se establecen en lineamientos emitidos por los órganos electorales, porque los legisladores han evitado emitir normativas en la materia, lo que genera múltiples problemas.
Por otro lado, en Michoacán las parejas del mismo sexo pueden registrar a sus hijos, pero no gracias al Congreso, sino a una resolución judicial emitida el 21 de febrero de este año por un juzgado de distrito de Morelia, que decidió suspender como medida cautelar la disposición del Código Familiar que les impedía hacerlo.
Desde la anterior Legislatura, en 2020, el entonces diputado perredista Norberto Antonio Martínez presentó una iniciativa para eliminar los términos “padre” y “madre” del Código Familiar y dejarlos como “cónyuges”, en el apartado que se refiere al registro de los hijos nacidos dentro del matrimonio. La propuesta se quedó en el tintero.
“Pugnaremos por la creación de un andamiaje jurídico que reconozca y garantice los derechos de las personas de la comunidad LGBTIIQ+”, pronunció la Legislatura en su conjunto en su agenda legislativa, que se presentó el 21 de noviembre de 2021.
Las acciones afirmativas
Brenda Fraga (PT) y Fidel Calderón (Morena) llegaron como acciones afirmativas de diversidad sexual, pero no presentaron iniciativas relacionadas con este sector poblacional. Brenda Fraga busca reelegirse para el que sería su cuarto período consecutivo, pero esta vez ya no se adscribió como acción afirmativa.
Morena, por su parte, postuló a Víctor Hugo Zurita en el quinto lugar de la lista de diputaciones plurinominales. En la actual Legislatura llegó como acción afirmativa por discapacidad, ahora lo haría, en caso de alcanzar curul, por la comunidad LGBTTTIQ+.
Intentó impugnar la posición, pues consideraba que debía estar en el cuarto lugar, en vez de una persona que representa a los migrantes y señaló también a su compañera Julieta Gallardo, quien llegó al tercer lugar a nombre de las personas con discapacidad, pero sin tener una discapacidad permanente, a decir del diputado; sin embargo, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán no le dio la razón.
“No sé si es consciente del paso que está dando de dejar la visibilidad a personas con discapacidad para brincarse al tema de orientación sexual. No le cuestiono su orientación sexual, pero me parece que ha dejado a deber a las personas con discapacidad al no lograr en tres años siquiera el elevador tan prometido desde por lo menos tres legislaturas”, señaló Raúl Martínez.
Consulta:
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